Aunque después reculó que no deja de ser peligroso que en temas técnicos y estratégicos de la seguridad pública se caiga en el absurdo de proponer consultas a la ciudadanía. Sería tan semejante como que si usted, apreciable lector, pidiera a su familia votar por cómo deben de operar el tumor de la abuela. Se puede opinar el dónde o el quién y, quizá, hasta el cuándo, si no es una emergencia, pero no el cómo. Eso es de los médicos exclusivamente. Pues bien, en el lado de las voces en contra se ubican políticos de diferente signo partidista. Es el caso del senador por Guanajuato, Ricardo Torres Origel, del PAN; o del alcalde de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, Jaime Valls, del PRD. Torres Origel se opone básicamente porque esgrime que “desde el punto de vista político y con la discrecionalidad con la que actúan algunos mandatarios estatales, se corre el riesgo de que en los municipios que no estén gobernados por un alcalde de su partido, los dejen en el desamparo en materia de seguridad pública”. El alcalde Valls manifiesta su preocupación por tal medida debido a que se atenta contra la autonomía municipal. Veamos entonces, para que una iniciativa así camine, requiere de una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en donde se quite esa atribución a los municipios que les confiere el artículo 115, fracción III, inciso h; y modificar, después, las constituciones estatales. La idea, en esencia, de quienes proponen quitar esa atribución, es que se pueda llevar un control más exacto del padrón de elementos que componen las policías municipales y organizar con efectividad los operativos realizados por las fuerzas policiacas, y porque se convalidaría más eficientemente lo que dicta la fracción VII del mismo 115, que menciona que “La policía preventiva (…) acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”. Con todo respeto, y con la intención de enriquecer el debate, yo estoy de acuerdo en "regresar eventualmente" la atribución a los estados. Si bien, pensando en la muy posible merma a las facultades de los municipios, me asalta a la razón la manera en que se suele hacer homogéneo el concepto de municipio en nuestro país. Dicho conjunto no es formado por elementos iguales. En la amplia y dilatada geografía nacional nos encontramos con 2,440 municipios (uno más o uno menos). Tan disímbolos como los dedos de una mano o los dedos de un pie. Guadalajara, Tijuana, Puebla o León son municipios que tienen más de 1 millón de habitantes. ¿Tendrán mucho en común con Santiago Tepetlapa, Oaxaca; o Cochoapa el Grande, Guerrero, que tienen menos de 150 habitantes? San Lorenzo Axocomanitla en Tlaxcala tiene una superficie municipal de poco más de 4 km cuadrados, y el municipio de Ensenada en Baja California, casi 52 mil km cuadrados (cabe aquel casi 12 mil veces en este y hasta nuestro estado cabría más de una vez y media). ¿Son exageraciones mías? ¡Pero si más de la mitad de los municipios en México no tiene ni 15 mil habitantes! Lo anterior, sólo para validar lo que de entrada era la hipótesis y que ya veía Fernando Benítez cuando decía "No existe un México sino muchos Méxicos". Ante lo expuesto bien vale, creo yo y a estas alturas más aún, plantearse la pregunta seria: ¿Son capaces todos los municipios de darle seguridad a sus ciudadanos, cualidad principalísima del Estado? Por cierto, la palabra autonomía referida a los municipios no aparece ni una sola vez en el texto constitucional federal.
Me despido con una frase: En política más que sorpresas hay sorprendidos. | 
