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Una escena del reparto es la construcción de una refinería. La presión de gobernadores interesados, sin saberse públicamente que grupos de dinero están detrás de ellos, obligaron al Presidente Calderón a embarcarse en la indecisión. El 18 de marzo pasado, fecha conmemorativa de la histórica expropiación petrolera, el Presidente anunció un foro para definir el lugar donde se establecerá la disputada refinería. Es de preguntarse si la paraestatal Pemex no cuenta con los recursos para llegar a una definición técnica, si la Presidencia no tiene facultades para tomar la decisión.
No se entiende por qué se ha politizado. Tal vez para arrumbar definitivamente la reforma energética que no dejó contento al mismo gobierno, una reforma que no fue de su gusto, ni del sector empresarial. El caso es que el foro sigue los caminos de aquella consulta que se realizó para definir el sitio del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el primer año de gobierno de Vicente Fox. No llegó a ningún lado distinto al original. Se construyó la terminal dos en los terrenos del histórico aeropuerto, con el agregado de la explosión de un movimiento social sometido por la fuerza pública que pasó por encima de los derechos humanos.
Otra escena del reparto pertenece al sistema bancario. Desde que el gobierno de Estados Unidos encabezado por Barack Obama adquirió acciones de Citigroup, del cual Banamex es una de sus filiales, se abrió un debate elitista sobre su estatuto legal. Si ese longevo banco entraba o no en colisión con la ley que prohíbe la participación accionaria de autoridad no mexicana dentro de los bancos que operan en el país. Empezó una discusión que estimularon los empresarios Carlos Hank Rhon y Roberto González Barrera. Debate que tuvo –y tiene– resonancias dentro de los grupos parlamentarios del Senado y que la autoridad hacendaria no atinaba a concluir.
Fue precisamente durante la reunión anual de los bancos que operan en México, que el representante de los banqueros exigió una definición sobre el asunto a la Secretaría de Hacienda. Pasado el mediodía Agustín Carstens, se supone que Felipe Calderón también, hizo un pronunciamiento formal sobre el asunto en el que se presume la no violación de la legislación actual por parte de Banamex.
A través de un comunicado o anuncio de Hacienda, Samuel García hace una reproducción de los puntos nodales en su columna El Observador que se publica en Milenio Diario:
“Primero, el gobierno respalda la postura de prohibir la participación de gobiernos extranjeros en el sistema financiero nacional.
“Segundo, el gobierno debe tener la facultad para evitar que los bancos de capital extranjero que operan en el país, envíen dividendos a sus matrices cuando se afecte la solvencia de las filiales en México.
“Tercero, el gobierno debe establecer un plazo máximo de tres años para que los bancos filiales cuyas matrices hayan sido capitalizadas por sus gobiernos, salgan de esa condición. De no hacerlo en ese lapso de tiempo, el gobierno debe obligarles a vender al menos 25 por ciento de su capital al público inversionista vía el mercado de valores. En los siguientes tres años —de no cambiar la situación— el gobierno obligará a vender una participación accionaria superior a 50 por ciento del capital.
“Cuarto, el gobierno deberá aplicar sanciones para cada uno de los casos de incumplimientos”.
Lo expuesto tendrá forma de iniciativa de reforma legal que Hacienda pronto entregará al Congreso. Y mientras eso ocurre ¿hay o no hay ilegalidad en la situación actual de Banamex?
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