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Su signo es la omisión, la falta de supervisión y la carencia de sanciones de las empresas financieras que se involucran en operaciones irregulares o de fraude, como es el caso de UCREM.
A partir del año 1996 y hasta 2004, las autoridades financieras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectaron un sinnúmero de operaciones irregulares y contrarias a los buenos usos financieros en la Unión de Crédito de Monterrey (UCREM).
Las operaciones afectaban al público inversionista (a los pequeños ahorradores). Las autoridades financieras que fungieron de 1996 a 2004 se mostraron omisas y negligentes ante esos hechos, por no cumplir con la ley reglamentaria en materia de inspección, vigilancia y contabilidad que las regula.
Así, no hubo implementación de visitas de inspección, no ordenó la liquidación o la corrección inmediata de las operaciones irregulares cometidas por los administradores de UCREM, ni designó con carácter permanente uno o más inspectores que supervisaran a la empresa.
Esta omisión y negligencia de la CNBV, llevó al hecho de que los administradores de UCREM pudieran operar desde 1996 a 2004, produciéndose un sinnúmero de operaciones que resultaron en el fraude de ahorradores. Entre ellos, mil 850 personas de la tercera edad, quienes invirtieron el ahorro del trabajo de toda su vida.
Así, con la complicidad tácita de las autoridades financieras, que conocían la existencia de las operaciones irregulares que producían los administradores de esa Unión, se permitió a éstos, a través de los medios de comunicación, que se promovieran en perjuicio de miles de las familias del estado de Nuevo León. Esto se efectuó aún cuando fue revocada su concesión para poder operar como empresa financiera.
La CNBV, consciente de las operaciones irregulares que se suscitaron en la Unión de Crédito, fue negligente y cómplice de que mil 850 pequeños ahorradores invirtieran sus ahorros en una empresa donde sus administradores defraudaban a los titulares. En 2006, la autoridad de la CNBV, para lavarse las manos, dictó un acuerdo de revocación de la empresa, donde conocía y tenía detectadas las conductas fraudulentas que realizaron.
Con ello, pretendió lavar su culpa y la complicidad de ocho años en perjuicio del público inversionista, puesto que al revocar la concesión, pretendió desligarse de sus obligaciones de supervisión e intervención, misma que debió haber ejercido desde el año de 1996.
Sin embargo, el mal siguió, pues no obstante el conocimiento del delito y del delincuente, la comisión no actuó para proteger a los inversionistas. Dio carta libre a los administradores de la empresa para que hicieran, con el activo que tenían en ese entonces, el negocio que quisieran. No se pagó a los pequeños ahorradores y después de ser revocada, también se le ha permitido seguir dilapidando los activos existentes.
Las autoridades federales y estatales han sido insensibles ante la pérdida del ahorro de los afectados. Los actos de autoridad sólo están encaminados para dar una supuesta legalidad al problema, cubriendo así sus propios crímenes, pero no están a favor de la justicia.
Por ello, es recomendable a los ahorradores que no inviertan en el país, porque finalmente pagan con la pérdida de sus ahorros de toda la vida, la falta de autoridad y de ley. Lleven, pues, sus ahorros a donde no se los roben. Reprobamos a todas las autoridades que han conocido el caso y no hacen valer la justicia.
Por lo anterior, les solicitamos atentamente su intervención, pues hemos sido devastados y estamos viviendo un sin fin de problemas derivados de esto. Ya han fallecido 37 compañeros en estos dos largos y pedregosos años que nos han hecho vivir. Muchos de nosotros nos hemos ayudado para irla pasando, haciendo uso de nuestras tarjetas de crédito y los problemas han aumentado.
No merecemos ser tratados como ahorradores de segunda, haciendo referencia a que han rescatado a los ricos, y luego a las cajas de ahorro. Estas distinciones son inadmisibles y arbitrarias. No es lícito que el gobierno haga eso y desatienda con conocimiento esta emergencia de vida de tantas familias.
Nos han quitado el pan de la boca después de haber trabajado para tenerlo. Estamos dentro de las condiciones equitativas para poder atender nuestra situación. Es contrario a la Constitución permitir que se nos excluya sin motivo válido, ya que el único daño que hicimos fue confiar en las instituciones reguladas de nuestro país.
Por favor, impidan de forma absoluta que se beneficien unos pocos del trabajo de muchos. Agradecemos su atención, esperando contar con su simpatía para hablar y hacer valer nuestros derechos.
Quedando a sus órdenes para cualquier información adicional o duda.
Saludos cordiales,
Gabriela A. Bautista Cámara
Representante de ahorradores afectados
Yoinfluyo.com es un medio de enlace entre autoridades y ciudadanos. Si conoces a alguien que pueda ayudar, Se solidario y dalo a conocer mediante el foro.
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