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¿Qué dice el proyecto de la Suprema Corte sobre educación sexual?

El próximo 9 de noviembre en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se decidirá la constitucionalidad de diferentes artículos de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, bajo un proyecto del Ministro Pérez Dayán, número AR-203-2016.



El proyecto fija el conflicto en cuatro puntos: que algunos artículos “vulneran el interés superior del menor y el derecho de los padres de educar a sus hijos al hacer referencia a la “preferencia de sexual” de los menores”; que el artículo 27 discrimina a los niños y jóvenes varones; el hecho de que en virtud de la ley se garantice el acceso a anticonceptivos para las niñas, niños y adolescentes, que vulnera la patria potestad y genera un ambiente nocivo para éstos; así como el artículo 57 y el 103 imponen una restricción indebida a la patria potestad respecto de la educación de sus hijos.

En el primer punto el proyecto se decanta por interpretar que los artículos sólo pretenden procurar el ejercicio igualitario de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante una cláusula de prohibición de discriminación, así como un mandato a la autoridad de adoptar medidas de protección a menores en situación de vulnerabilidad, entre las que se haya la preferencia sexual. Por lo tanto, desestima la reclamación del quejoso y validaría en este punto la constitucionalidad de la ley, que dichas normas “no se encuentran enderezadas a establecer, desarrollar o regular cuestiones atenientes a la sexualidad de los menores de edad”.

Por lo que hace al segundo punto, a diferencia del tribunal inferior, la ponencia del Ministro considera que sí a lugar entrar al estudio de la cuestión. Sobre el particular, señaló que el Comité de los Derechos del Niño advierte que “las niñas pueden ser víctimas de abortos selectivos, de mutilación genital, negligencia e infanticidio, entre otras cosas, por una alimentación insuficiente en su primer año de vida”. Siendo estas situaciones reales, el proyecto hace una relatoría de situaciones que aquejan a las mujeres, así como de los “roles estereotipados de los hombres y las mujeres”. El proyecto considera que en este punto no se violan los artículos 1 y 4 de la Constitución.

El tercer agravio tiene que ver con el hecho de que se provea de anticonceptivos a los niños y niñas, así como asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, en vista de que “promueve la promiscuidad entre los menores de edad y no distingue entre niños y adolescentes respecto del acceso a dichos métodos anticonceptivos, lo cual genera un ambiente nocivo en detrimento de las niñas, niños y adolescentes”.

En este sentido, bajo el argumento de disfrutar el nivel más alto de salud posible por parte del niño y siguiendo toda la argumentación del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, subrayando “que los Estados han de velar por que los sistemas y servicios puedan atender las necesidades de los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, incluso mediante servicios de planificación familiar”; así como que “deben incorporar oportunidades de educación, sensibilización y diálogo dirigidas a los niños y los hombres en los servicios de salud sexual, reproductiva e infantil”.

“Asimismo, los Estados deben velar por que no se prive a los adolescentes de ninguna información o servicios en materia de salud sexual o reproductiva; por ende, lo “métodos anticonceptivos a corto plazo, como los preservativos, los métodos hormonales y los anticonceptivos de emergencia, deben estar a disposición de los adolescentes sexualmente activos”. También deben facilitarse métodos anticonceptivos permanentes y a largo plazo”. Sin embargo, bajo este argumento es dable preguntar: ¿Así se paliará el embarazo adolescente?, ¿los métodos anticonceptivos permanentes deben estar a disposición de los adolescentes?

No obstante, el proyecto sí reconoce que “el derecho y contenido de acceso a la información sobre aspectos relacionados con la sexualidad de los menores, no se aplica de manera idéntica para cualquier periodo de la infancia… tanto la pertinencia, como el grado de acceso a los insumos de salud y a la información respectiva, dependerá de la etapa de la niñez, en que se encuentre el menor de edad”. Y ahonda al especificar que en la primera infancia, del nacimiento a los 8 años de edad, “no existe referencia alguna al derecho de acceso a la orientación sexual”, siguiendo la Observación General 5 (2005).

Finalmente, respecto del cuarto punto, la ponencia considera infundados los agravios presentados relativos a que “se vulnera indebidamente el derecho a ejercer la patria potestad sobre los menores de edad”, ya que “los artículos limitan tal ejercicio al imponer la obligación de llevarlo a cabo “de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables”.

A este respecto el proyecto considera que “no sería dable que el ejercicio de la patria potestad estuviese exento de límite jurídico alguno o que no se constriñera al cumplimiento de diversos deberes legales necesarios para el correcto desarrollo del menor, pues de lo contrario se podría atentar contra su dignidad y seguridad…”

Por todos los argumentos esgrimidos con anterioridad, el Ministro Pérez Dayán propone a sus compañeros Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que se niegue el amparo al quejoso.

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Comentarios  

#3 Albion - Alfion 05-11-2016 15:50
Así como colocan satisfactores higiénicos, medicinas y la legislación sustentada de manera sesuda aplicable todo para la muerte, por más vueltas que le den a la LEY, debieran también de colocar eso mismo para la vida de los adultos y de más edades de población en urgencia. Si los artículos Constitucionales que esgrimen para "proteger a menores" tomaran aquellos que protegen a la Sociedad mexicana en su totalidad, otro horizonte se le abriría a México como Nación de valía y no en descomposición. Eso que hacen "sustentado eficazmente" en la LEY, viene de allá, tras fronteras donde se monitorea a México para una mayor degradación nacional, sin respetar lo que de veras da identidad a esta Sociedad mexicana.
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#2 Oscar Rosado Gómez 04-11-2016 22:24
Es el colmo, todos los millones que nos cuestan estos tipejos que no hacen más que atentar contra nosotros y contra nuestros hijos.
Creo que llego el momento de levantárnos y correr a esta bola de inútiles, ineptos, rateros, corruptos, buenos para nada.
Mientras la mayor parte de los mexicanos se mueren de hambre en un país con muchísimas riquezas, esta monarquia política que tenemos, además estarnos robando, van contra nosotros y viven de formas más ostentosas que los Reyes de muchos otros países.
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#1 Alejandro Maya 04-11-2016 21:55
Es notable que el autor de la ponencia desconoce todo sobre la atención, cuidados y educación de un hijo, pareciera que el no tiene hijos y se preocupa por los padres que no cumplen con las obligaciones inherentes a la paternidad responsable y califica de manera general a toda la población, se le olvida el eslogan de su presidente Peña Nieto "lo bueno no casi no se cuenta pero cuenta mucho" este señor NO VE que somos mayoría los que sí hacemos lo que nos corresponde en la atención de los hijos.
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