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Reflexiones sobre el debate acerca de la modificación constitucional en México para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo

En el contexto de la decisión presidencial –no consultada con los miembros de su gabinete, ni con los miembros de su propio partido, y con un pésimo cálculo político– de agregar a México a un núcleo de países promotores de la “ideología de género”, de modificar el Artículo 4º del Pacto Federal a fin de redefinir el concepto jurídico del matrimonio, de modo que sea formalmente legal la posibilidad de contraerlo a personas que se asumen homosexuales con otras personas de su mismo sexo, garantizándoles la posibilidad de adoptar, así como introducir en todos los niveles de la educación escolarizada en el país la llamada “perspectiva de género”, un nutrido grupo de asociaciones civiles, muchas de ellas pertenecientes a la esfera católica, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Mexicana, y muchos otros grupos y asociaciones basadas en una fe religiosa, han constituido el llamado “Frente Nacional por la Familia” y han convocado marchas en todo el país. Tal iniciativa de grupos religiosos o civiles de inspiración religiosa ha levantado polémica y relanzado viejos slogans, descalificaciones y acusaciones mutuas; pero, sobre todo, ha generado mucha confusión. Se percibe falta de claridad de conceptos y de serenidad de ánimo para un debate serio e inteligente. Incluso, muchos católicos han sido arrastrados en la confusión reinante y comienzan a nutrir dudas acerca de la posición real o imaginaria sobre estos temas, de la Iglesia a la que pertenecen. Otros, por el contrario, pretenderían que la Jerarquía de la Iglesia convoque y encabece a los ciudadanos católicos para protestar. Las que siguen son reflexiones provisionales de quien se ocupa por oficio de estos temas en la Santa Sede.



1. La Iglesia y su presencia en los debates ético - políticos de las sociedades plurales democráticas actuales

La Iglesia Católica siempre ha enseñado que a los fieles cristianos laicos corresponde el empeño de animar las realidades temporales con la luz del Evangelio, fortalecidos por la fe y respetando sus exigencias; evidenciando que corresponde a su conciencia, formada convenientemente, inscribir la ley divina en la vida de la ciudad terrena, y subrayando que “de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común”(2).

Siguiendo estas indicaciones, muchos cristianos se han esforzado en animar cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía y cooperando con los demás ciudadanos según su competencia específica y bajo su propia responsabilidad, mediante el cumplimiento de los deberes civiles comunes, de acuerdo con su conciencia cristiana y en conformidad con los valores que son congruentes con ella(3).

En la actualidad este empeño se realiza normalmente en el contexto de sociedades democráticas que piden la participación activa, responsable y generosa de todos(4). Así la comunidad cristiana se empeña junto con muchos otros ciudadanos, pertenecientes a comunidades de fe, o no,  a aportar lo mejor de sí para construir el bien común. Obviamente esto lo hacen coherentemente con su visión cristiana del mundo y sin renunciar a sus valores y a su identidad.

En este contexto son muchos los tópicos que habría que considerar, comenzaré afrontando una acusación que se suele hacer con frecuencia y es la de que la Iglesia (mayoritaria o no) pretendería imponer sus ideas al conjunto de la sociedad, subyugando al resto y discriminando a las minorías.

Es verdad que hasta tiempos relativamente recientes existía un fuerte consenso acerca de los contenidos irrenunciables del bien común. Esto era facilitado ulteriormente en aquellas sociedades donde la mayor parte de la población compartía una misma fe religiosa que modelaba sus vidas y sus instituciones. Pero hay que decir que más allá de esta situación histórica de hecho, el acuerdo axiológico fundamental ha sido compartido por largo tiempo, entre creyentes y no creyentes. Sin embargo, actualmente esta situación ha cambiado radicalmente. Como resultado de procesos históricos, que no han sido lineales y que no han sido ni siempre positivos ni siempre negativos, hoy nos encontramos inmersos en sociedades donde no todos sus miembros comparten los mismos valores, los mismos fines, ni los mismos objetivos sociales. Son sociedades plurales donde coexisten no sólo una diversidad de caminos para actuar los contenidos del bien común de modo concreto, sino también diversas concepciones filosóficas, antropológicas, éticas, religiosas, etc.

Esta pérdida de una gramática común sobre el bien personal y social ha dado lugar a acaloradas polémicas acerca de las legislaciones y políticas públicas que tienen que ver con instituciones sociales como la familia, la escuela y los contenidos de la educación, la experimentación sobre los seres humanos, la procreación, las intervenciones sobre la vida humana, etc. Temas de alto contenido ético y sumamente sensibles tanto para la opinión pública, como para el desarrollo y bienestar de las distintas sociedades.

Algunos piensan que en tales entornos sociales, haya que renunciar a un acuerdo contenutístico – sobre los contenidos - y buscar un acuerdo basado sólo en los procedimientos formales. Que en el debate social y en la esfera pública habría que poner entre paréntesis las propias convicciones y valores para lograr consensos. Y que quienes en las sociedades democráticas sostienen posiciones axiológicamente firmes son fundamentalistas y en automático se encuentran descalificados para participar por “intolerantes”, ya que la única virtud en medio del relativismo, que en tal ambiente se constituye en criterio general, es la “tolerancia”, entendida como la aceptación de cualquier postura y de cualquier opción que alguna persona o grupo social haga, a costa de renunciar a la búsqueda seria y compartida de la verdad del bien e, incluso, de contradecirse a sí mismos. Por estas razones se pretende callar la voz de las iglesias, descalificadas, además, como portadoras de certezas de índole emotivo-subjetivas y no racionales.

El derecho que siempre había tenido como criterio de veracidad una base ética renuncia a ello y se convierte en meramente formal y procedural – de los procedimientos -. No pretende garantizar el bien común, sino establecer las reglas mínimas para una convivencia pacífica en sociedades potencialmente conflictivas por la diversidad de posturas y visiones del mundo de quienes deben interactuar. Tales reglas han de ser amplias y flexibles para permitir resolver con justicia y practicidad la infinidad de problemas que se presentan en la convivencia cotidiana de las personas. Aquí el problema es saber identificar esas reglas justas y qué se entiende por justicia. ¿La justicia del bien que corresponde a la verdad de las cosas, u otra cosa? Quizás una justicia reducida solamente a los procedimientos y a la equidad.

Una contradicción de este planteamiento del derecho aparentemente “soft” es que en su aplicación no lo es para nada. Es tremendamente violento y autoritario, pues careciendo de un criterio de veracidad que lo justifique, su fuerza radica solamente en ser emanado por una autoridad constituida mediante un procedimiento reconocido y se impone mediante la fuerza a todos. En consecuencia existe el riesgo nada remoto de convertir en delincuentes y señalar como antisociales a quienes quizás son en realidad una voz crítica que pretende ayudar a corregir el desvarío social. No en balde en este contexto cultural se cuestiona el derecho a la “objeción de conciencia”, especialmente ahí donde son mayoría quienes buscan una corrección del derecho mediante el recurso a este instituto legal. O se restringen los derechos civiles y políticos de algunas categorías de personas, como los ministros de culto de las iglesias, para tratar de controlar su influencia social.

A pesar de la pretensión parsimoniosa y aséptica de este planteamiento, hay que reconocer que el derecho sí tiene un influjo en la cultura y en la educación muy importante(5). De ahí que una cuestión que está llamada a influir directamente en la concepción del bien y en las costumbres de las personas suscite una reacción en la sociedad. No es verdad, por ejemplo, que una legislación que favorece el acceso al “matrimonio” a personas con atracción arraigada hacia personas de su mismo sexo con otras personas de su mismo sexo, mediante la redefinición legal del matrimonio, no afecte a la entera sociedad. Lo cual pide un análisis serio de sus posibles efectos y un amplio acuerdo social. De otro modo no es, sino la imposición de una visión diferente del matrimonio, de la familia y de la sexualidad, aunque se pretenda justificar como una simple ampliación de derechos. Una tal modificación toca de lleno uno de los contenidos básicos del bien común social. Y es que a una conducta que siempre ha existido y que probablemente continuará existiendo, que se ha resuelto en la esfera privada, se le pretende dar carta de ciudadanía, sin que de hecho aporte nada al bien común. Porque no nos olvidemos que si el derecho se ha ocupado de la unión de dos personas de distinto sexo, tutelando su estabilidad, es debido al aporte fundamental que tal unión da al bien común, mediante la procreación y la educación de los nuevos ciudadanos. No porque se trate de regular derechos de la vida afectiva privada de las personas. Puesto que en ese ámbito privado son muchos los arreglos que las personas pueden hacer, independientemente de que sean reconocidos jurídicamente o que sean moralmente lícitos, o considerados pecaminosos por algunas religiones.

Se comprende ahora por qué una legislación sobre una materia que toca tan directamente el bien común, necesita un debate serio y vigoroso, en el que todas las voces sean escuchadas, para lograr acuerdos basados en la búsqueda sincera de la verdad del bien. Personalmente no estoy convencido de que el camino para hacer escuchar un determinado punto de vista sean las manifestaciones y marchas, pero desafortunadamente en una sociedad donde el debate parlamentario y social es tan pobre y con el alto riesgo de la imposición, a veces el único recurso que queda es el de la demostración popular(6). Especialmente cuando los bienes en juego son tan elevados.

No es cosa menor la pretensión de sustituirse a los padres de familia para adoctrinar a sus hijos a partir de una determinada visión pretendidamente científica acerca de la identidad sexual, de las relaciones entre los sexos y el ejercicio de la genitalidad. O influirlos mediante la normalización de cierta cultura gay a través de los medios públicos de comunicación de masa.

2. Ética personal y ética política

La falta de distinción entre la ética personal y la ética política, es otra fuente de confusión tanto entre los católicos como en quienes acusan a la Iglesia de querer imponer sus preceptos religiosos a todos los ciudadanos.

A nivel de la persona hay muchos comportamientos y conductas que son deseables para una vida virtuosa plena y otros tantos que deben ser evitados para no frustrar la vida buena que ella aspira. Incluso a nivel religioso hay conductas que típicamente son catalogadas como pecados porque rompen la relación con Dios, transgrediendo su voluntad sabia y amorosa para el hombre. Ahora bien a nivel social y político el punto de valoración de una determinada propuesta legal no es si está aprobando, prohibiendo o mandando conductas que son erróneas para la persona, porque hacen malo a quien las comete, o que son un pecado que ofende a Dios y rompe la comunión con Él y con su Iglesia. Sino si tales preceptos legales promueven el bien común o lo lesionan, y en esto el criterio de valoración normalmente son los derechos humanos, que es una forma de transcribir la tutela de la dignidad única, irrepetible e intangible de la persona humana. Claro que aquí entra en juego una discusión importante sobre qué son los derechos humanos a la que no voy a entrar ahora. Hay que decir solamente que en la actualidad se suele aceptar como derechos de la persona lo que en realidad no son otra cosa que deseos subjetivos.

En todo caso, no hay que confundir los planos y pretender que todas las virtudes que es necesario vivir para una vida buena se traduzcan en preceptos de ley civil y que todas las conductas erróneas deban ser prohibidas. Eso sería un abuso del Estado y si fuese inspirado por un pensamiento religioso sería una forma de teocracia, algo así como lo que ocurre en algunas sociedades islámicas, donde los preceptos religiosos son automáticamente ley civil – la Sharia - y cuya trasgresión constituyen reatos punibles penalmente. El pensamiento de la Iglesia católica, no va en esta dirección. La Iglesia no pretende que los mandamientos de la ley de Dios y de la Iglesia sean ley civil. Cuando se discuten temas éticos de política social, la discusión vierte sobre los contenidos del bien común, no sobre si algo es bueno o malo para la persona individualmente considerada, o si algo es pecado o no, sino si algo desarrolla a la sociedad y a sus instituciones garantizando orden, justicia, paz y bienestar para sus ciudadanos.

En el tema que nos ocupa es claro, según el Catecismo de la Iglesia Católica, que los comportamientos homosexuales son desordenados en sí mismos y que jamás pueden recibir aprobación(7). Este juicio se apoya en argumentos tanto de orden antropológico, como de orden teológico, que están abiertos a la profundización y al diálogo con quienes no comparten nuestra misma fe en Jesucristo y su revelación. Al mismo tiempo, la Iglesia enseña que las personas que experimentan atracción arraigada o exclusiva hacia personas de su mismo sexo, que les inclina a ese tipo de conductas desordenadas que en lenguaje teológico se llaman pecado, muchas veces no son responsables de esa tendencia que experimentan y que constituye una fuente de sufrimiento personal y una dura prueba(8). La Iglesia enseña, sin embargo, que tales personas son libres y son capaces de recorrer desde su situación un camino de vida cristiana y humana plena, que no necesariamente pasa por la cultura gay, queer, etc. que da carta de ciudadanía a esa inclinación hacia actos gravemente desordenados(9). Por ello la Iglesia como madre que es nos enseña, como ha dicho el Papa Francisco, a no juzgar a nadie, pues todos caminamos y todos caemos y nos levantamos. Una persona que se asume homosexual, puede estar luchando, como muchos otros que no lo son, por vivir ordenadamente su sexualidad y yo no debo juzgarla. Yo debo apoyarla y sostenerla y evitar con caridad cualquier tipo de discriminación injusta(10). Ahora no es discriminar, ni faltar al respeto que les es debido el señalar con claridad los caminos que no son adecuados para vivir su situación de modo humano y cristiano plenificante. No es discriminar decir a una persona que carece de vista que no puede ejercitar la carrera de piloto de aviones, como no lo es el evitar que un cleptómano sea cajero en un banco, en donde estará expuesto constantemente a cometer un reato. Indicar un límite objetivo para desarrollar una determinada función social o actividad, no significa tampoco considerarla como de “segunda clase”.

Por tanto, es claro que a nivel religioso una persona cristiana que experimenta esta fuerte o exclusiva atracción hacia personas de su mismo sexo, si quiere ser fiel a su vocación cristiana, no debería optar por un estilo de vida homosexual que no es congruente con la vida cristiana. Esto vale a nivel de la ética personal y la Iglesia no nutre ninguna duda respecto a su compromiso con aquellos miembros suyos o no que experimentan esta atracción arraigada. No les cierra jamás las puertas de su misericordia, ni siquiera en los casos en los que hubiesen recorrido caminos erróneos que los hayan llevado a situaciones y conductas autodestructivas(11).

Entonces, la Iglesia Católica no promueve ningún odio a las personas homosexuales cuando señala que las conductas homosexuales – la actividad sexo-genital entre personas del mismo sexo - son gravemente desordenadas y que no es un estilo de vida deseable. Tampoco promueve la discriminación de estas personas cuando ofrece su sabiduría antropológica y ética a las sociedades en las que viven los cristianos, aun a quienes no comparten su fe y que sin fundamentalismos de otro tipo, están abiertos a poner en discusión sus propias posiciones para encontrar soluciones a los problemas reales que surgen de las opciones de vida que otros han hecho, sin lesionar los legítimos derechos de los ciudadanos que no las comparten y los bienes verdaderos que integran el bien común.

Sin embargo, aquí entramos en otro nivel de discusión y es el de la ética política. Ya que cuando por el influjo de propuestas ideológicas y de intereses específicos se pretende normalizar la conducta y el estilo de vida homosexual, a través de la enseñanza en las escuelas y pretendiendo modificar las instituciones para garantizar derechos que no existen, la discusión no es más de ética personal, sino de ética política. A este nivel, es claro que el Estado y sus instituciones deben tutelar los derechos políticos y civiles de todos los ciudadanos, sin importar cuál sea su condición sexual y esta tutela debe concordarse como acabo de señalar con otros derechos, como es el de la libertad de conciencia, pensamiento y religión, por ejemplo, a nivel de su traducción reglamentaria en la educación. Pero no puede imponer con la fuerza de la ley la normalización y promoción de unas conductas que pertenecen a la esfera personal e íntima de los ciudadanos. No puede pragmáticamente modificar las instituciones sociales mediante su redefinición, sin tener en cuenta las consecuencias que ello comporta para el bien común.

Ya he recordado antes que a nivel del derecho, si el Estado se interesa en el matrimonio monogámico - garantizándolo y tutelándolo - y en la familia que deriva de él, no es por una intromisión indebida en una cuestión privada de afectos, moral o religiosa de los ciudadanos; o por el contrario, para no interferir en la esfera de los sentimientos y opciones privadas de ellos; sino porque la familia que deriva del matrimonio monogámico y estable es de sumo interés para el bienestar de la sociedad, para el bien común.

Porque la familia que nace de la unión estable y reconocida socialmente entre un hombre y una mujer en condiciones normales (normales aquí se refiere a según la norma, no a lo que es comúnmente aceptado por una mera convención social(12)) sigue siendo el mejor ambiente para la generación y educación de los nuevos ciudadanos, el Estado debe garantizar las condiciones para que pueda desarrollar su importante cometido social y proteger aquellas situaciones en las que la familia no está completa por los motivos que sean (viudez, madres solteras, etc.). Al Estado y al derecho no le corresponde interferir con las opciones privadas de sus ciudadanos, mientras no atenten contra terceros, dañen la dignidad de las personas o el bien común.

Lo que está en juego a la hora de introducir una determinada perspectiva de la identidad sexual, del matrimonio, de la familia y del ejercicio de la sexualidad, en la educación escolarizada; o al modificar la Constitución para redefinir el matrimonio –como lo ha hecho ya a nivel de jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de México-, es algo mucho más trascendente para la sociedad en su conjunto que una cuestión de ética personal. Se trata en efecto de algo que puede dañar el sano desarrollo sexual y afectivo de los más jóvenes de los ciudadanos, que penaliza al verdadero matrimonio, debilitándolo y que daña el bienestar de la familia que es tan necesaria para el desarrollo armónico de la sociedad. De hecho somos conscientes, por ejemplo, de que si bien existen en nuestra sociedad tendencias constantes a divorciar, a no contraer matrimonio, ni siquiera civilmente, a que existan muchos hogares liderados por mujeres solas, éstas no son tendencias plausibles, ni constituyen entornos deseables para el crecimiento de las personas de manera armoniosa(13). Decir esto no es discriminar a nadie. Es señalar una dificultad que hay que atender(14).

Por todo esto es necesario que la comunidad cristiana distinga lo que constituye el respeto por las personas con atracción prevalente o exclusiva hacia personas de su mismo sexo, de la aceptación y promoción de estilos de vida que son fuertemente deletéreos y contrarios al plan de Dios. Hay que acercarse con cariño y crear las condiciones para que en los casos en los que es posible, a pesar de la ruidosa propaganda contraria, puedan reorientar su sexualidad, o en todo caso, puedan vivir de manera plena la vida cristiana santificándose en su condición. Pero no hay que confundir esta cercanía y cuidado, con la negación de su capacidad de vivir según su dignidad de hijos de Dios en Cristo, aceptando formas de vida y de ejercicio de su sexualidad genital que son contrarias al Evangelio.

A nivel social, siendo conscientes del ambiente plural en el que nos movemos, los fieles cristianos laicos, han de empeñarse con creatividad y energía, en cuanto ciudadanos que son, para contribuir al desarrollo armónico de la sociedad, oponiéndose cuando sea el caso a las “colonizaciones ideológicas”, como las ha llamado el Papa y no en primer término porque promuevan conductas prohibidas en el Evangelio, sino porque no constituyen un aporte al bien común y por el contrario lo dañan. Para esto hay que esforzarse en demostrarlo con argumentos, ejerciendo los derechos de ciudadanía que les asisten. Con respeto, evitando formas simplistas que caen en lo que se quiere evitar, cediendo a las provocaciones y cayendo en formas cercanas a la homofobia y a la condena de las personas.

3. La Iglesia y el debate social: Clérigos, fieles cristianos laicos y Jerarquía de la Iglesia

La comunidad cristiana está constituida por clérigos y laicos, cada quien con una vocación específica. La Iglesia no puede renunciar a su vocación a iluminar las realidades temporales con la luz del Evangelio participando activamente en los debates culturales y sociales, sin fundamentalismos y sin ceder a compromisos indebidos . En estos debates han de participar de modo diferenciado la Iglesia como Institución Religiosa, los pastores de la comunidad cristiana y los fieles cristianos laicos. Como ya he señalado antes en algunas sociedades un cierto laicismo exacerbado niega los derechos de ciudadanía plena a los ministros de culto, para poder expresar libremente sus opiniones con respecto al bien común, mediante legislaciones restrictivas de sus derechos políticos. 

Es necesario, pues, reflexionar al interno de la comunidad cristiana acerca de las modalidades de participación y empeño en la construcción del bien común, según la vocación propia de cada uno de los miembros del pueblo de Dios(15), evitando tanto la tentación del clericalismo(16), como la de desatender las exigencias propias de la vocación cristiana y de la comunión. No me refiero a cuestiones de principio que han sido ya reflexionadas ampliamente por la Iglesia, sino a aspectos concretos como la oportunidad o no de que los Obispos y sacerdotes convoquen y participen en demostraciones sociales, la colaboración orgánica que ha de existir entre las iniciativas ciudadanas puestas en acto por fieles cristianos laicos y los pronunciamientos de los Obispos, los distintos niveles de diálogo de la Iglesia en cuanto institución, etc. Como se puede comprobar se trata de un amplio ámbito de reflexión y en los límites de este escrito no me es posible abordar con profundidad todos los aspectos que tendrían que considerarse.

Cuando surge una discusión social sobre temas éticos sensibles, se ponen en acto dinámicas que de una parte tratan de disminuir la influencia de la Jerarquía de la Iglesia sobre los católicos de a pie. Tales estrategias tienen que ver con el desprestigio institucional, haciendo leva de aquellos puntos débiles en los que pueden golpear como son algunos de sus miembros que faltan a la unidad de vida; otras veces se deforman sus argumentos en los medios de comunicación social tratando de reducirlos a caricaturas simplistas y carentes de base científica sólida. Al mismo tiempo, se busca evitar la unidad entre ellos (divide y vencerás), o al menos se les presenta como si no hubiese un acuerdo doctrinal entre ellos. Junto con esto se trata de propiciar un diálogo cupular para lograr un “compromiso” y se juegan todas las estrategias posibles para presionar y flexibilizar las posiciones. Los oponentes juegan con dos variables, la primera es considerar que la Jerarquía de la Iglesia no tiene un influjo real sobre la población católica y la segunda es tratar de que la Iglesia maneje a sus “adeptos”.

A nivel del diálogo institucional de la Iglesia con las autoridades políticas y con los demás actores sociales, a veces surgen tensiones entre los distintos representantes autorizados de la Iglesia, por cuestiones de estrategia de diálogo, de representatividad institucional y por la toma de acuerdos. Estos puntos requieren un intenso diálogo intraeclesial, el respeto de los roles, de la autonomía de las diócesis, de la colegialidad y participación, flexibilidad, colaboración, prudencia y una inmensa caridad operativa, que lleva a evitar protagonismos estériles. De otra parte, algunos fieles querrían que la Iglesia funcionase en esas circunstancias como un ejército bien formado y disciplinado bajo las órdenes de la Jerarquía, quien debería convocarlos y coordinarlos.

Pero la Iglesia es una comunión. Por ello un buen católico, de una parte, sí escucha la voz de sus pastores que le transmiten el Evangelio. Un Evangelio que no es sólo una consolación en medio de las pruebas de la vida, sino que toca todos los ámbitos de su persona y que lo llama a configurar su entera existencia y sus opciones vitales de acuerdo con Él. Al mismo tiempo, en la Iglesia cada uno tiene su vocación específica, y los laicos gozan de autonomía en las cuestiones temporales. Por lo que no necesitan pedir permiso a sus pastores para organizar las acciones que consideran necesarias coherentemente con su conciencia cristiana para influir en esos debates. Actúan sin instrumentalizar a la Iglesia, sin mezclarla con intereses u opciones humanas que pueden ser opinables.

La tentación del clericalismo es una tentación siempre presente. Presente en la Iglesia cuando actúa como institución y tiende a “mostrar el músculo” a las instituciones, para posicionar alguna opción que seguramente será lícita y que busca contribuir al bien común, pero que excede su competencia y que tiende a mezclarla con banderías humanas. Pero también está presente en los fieles que desean ser apoyados en sus batallas político-sociales lícitas contando con su capacidad de convocatoria.

La Iglesia tiene sí una tarea profética que no puede dejar de ejercer, una tarea que normalmente lleva a cabo a través de sus obras caritativas, educativas y de evangelización. Anunciando la verdad del Evangelio, formando las conciencias, testimoniando el amor misericordioso por quienes están más necesitados. Denunciando los peligros y el mal. Pero debe estar atenta al lenguaje que usa, para no perder su autoridad moral, en la medida de lo posible “super partes”, de manera que deje siempre abiertas las puertas al diálogo, al encuentro y a la reconciliación. No puede usar un lenguaje que la asimila a una fuerza política o social y si en alguna ocasión debe pronunciarse en ese nivel, debe saber argumentar en esa lógica que es la de la ética política. Por su parte los laicos deben aprender a comportarse y a comunicar sus argumentos de acuerdo con su condición de ciudadanos y no como miembros de una asociación religiosa, como si fuesen los mandaderos de la Jerarquía eclesiástica.

Estas distinciones sutiles no son fáciles de comprender y ejercer. Quienes nos adversan tratarán de desvirtuar la acción de los ciudadanos católicos, pretendiendo no tomar en serio sus argumentos descalificándolos como provenientes de un pensamiento religioso privado cuando no es así. Por ello se deben esforzar en usar argumentos de ética política y no de ética personal o religiosa. Cuando quienes hablan públicamente son las autoridades religiosas o los medios informativos dirigidos por ellas, hay que estar precavidos pues no es fácil, ni para los católicos, ni para quienes no lo son, distinguir si se comunica como ciudadanos, como pastores de su pueblo confirmándolo en la fe o si se están tendiendo las bases para un diálogo político. Las personas normalmente reciben sus pronunciamientos como provenientes de un hombre o de una institución religiosa y eso marca el tipo de comunicación del mensaje.

El tiempo actual nos pide a todos saber hablar muchos lenguajes y conocer muchas gramáticas. Y esto no es fácil. No lo es ni siquiera para la catequesis. Nuestros jóvenes hoy piensan con una lógica muy distinta a la que usaban los mayores, están más expuestos a otros lenguajes, a otras gramáticas que los influencian. Si eso ocurre con quienes en principio comparten nuestra misma fe. Es mucho más complicado cuando se busca participar en un debate social, en el que se hablan distintos lenguajes. Uno es el lenguaje de la catequesis, otro el de los argumentos ético-políticos. Uno es el lenguaje que se usa a nivel pastoral en el acompañamiento de las personas individuales y otro el que se usa cuando se interactúa con las instituciones y grupos sociales de presión. A veces se cruzan, pero si no se distinguen y comprenden estos distintos lenguajes, se corre el riesgo de crear confusión y de desvirtuar la belleza del Evangelio. La cosa se complica ulteriormente si se tiene en cuenta que como decía antes, muchos lenguajes obedecen a gramáticas muy distintas y el diálogo puede resultar realmente inexistente y reducirse a una lógica de fuerza, de equilibrio de fuerzas en el mejor de los casos, lo cual no abona a una convivencia armoniosa, fructuosa, solidaria, pacífica y ordenada, en la que de verdad se busque respetar la dignidad de cada persona.

Cuando se interviene sobre temas tan íntimos como es la familia, la sexualidad y la identidad personal, existe una dificultad adicional y es que se suele carecer de objetividad porque la componente emotiva es muy alta, cualquier argumento y cualquier discusión se convierte en un asunto personal. Pero no por ello hemos de renunciar a gastar lo mejor de nuestras energías a contribuir al bien común verdadero, a funcionar como fermento de humanidad nueva, protegiendo lo mejor posible a los miembros más débiles de la entera sociedad, sean católicos o no, para ello lo mejor que un cristiano puede hacer es vivir y anunciar la verdad en la caridad.

FUENTES:

1) Doctor en Teología con especialidad en Moral. Oficial de estudio en el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Ciudad del Vaticano. Sacerdote diocesano de la arquidiócesis de México.

2) JUAN PABLO II, ChL, n. 42 

3) Cfr. CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, del 24.XI.2002, n. 1.

4) Cfr. GS, n. 31; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1915; ChL, n. 42. Como es sabido, el sistema democrático supone que cada ciudadano, cristiano o no, puede participar  en un clima de verdadera libertad, a través del voto, en la elección de los legisladores y gobernantes, y también, a través de diversos mecanismos, puede participar en la formación de las orientaciones políticas y de las opciones legislativas que, según ellos, favorecen mejor el bien común (Cfr. CCVP, n.1; GS, n. 75).

5) De hecho en muchas sociedades, se considera como lícito y justo lo que es legal. Y existen pruebas documentadas de como cambia el ethos social a partir de una legislación. Se vea el caso español con respecto al tema que nos ocupa. La sociedad española tras diez años de vigencia de una ley a la que inicialmente era contraria y que le fue impuesta por el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapataero, cambió completamente su posición. Cfr. MONTORO, C. (coord.), La Familia, recurso de la sociedad, Instituto de Ciencias para la Familia, Navarra, 2012.

6) Téngase en cuenta, por ejemplo, que sin mediar un amplio debate social han sido despenalizadas y legalizadas prácticas como el aborto, o en muchos estados de la República mexicana, el mismo mal llamado matrimonio “homosexual” o “igualitario”, incluso erigiéndose la Suprema Corte de Justicia en organo legislativo, saltando la voluntad popular.

7) N. 2357: “Apoyándose en la Sagrada Escritura, que presenta las relaciones homosexuales como graves depravaciones (Cfr. Gn 19,1-29; Rm 1,24-27; 1Cor 6,9-10; 1Tim 1,10), la Tradición siempre ha declarado que ‘los actos de homosexualidad son intrínsecamente desordenados’ (Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Persona humana, 8). Son contrarios a la ley moral natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No son fruto de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. En ningún caso pueden ser aprobados”.

8) CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA n. 2358: “Un número no indiferente de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayor parte de ellos una prueba”.

9) Ibid. “Tales personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la Cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar como consecuencia de su condición”. Ibid., n. 2359: Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. A través de las virtudes del dominio de sí, educadoras de la libertad interior, a veces, mediante el apoyo de una amistad desinteresada, con la oración y la gracia sacramental, pueden y deben, gradual y decididamente, acercarse a la perfección cristiana”.

10) Ibid. n. 2358: “Deben ser acogidos con respeto, compasión, delicadeza. Evitando con respecto a ellos cualquier signo de discriminación injusta”.

11) Aunque la discusión es más amplia, aquí se puede citar, por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de los enfermos de SIDA – una enfermedad altamente presente en la comunidad homosexual, sin que sea exclusiva de ellos, debido a las conductas de riesgo que asumen -, cristianos o no, son curados y asistidos por la Iglesia.

12) Me refiero en concreto, entre otras cosas, a la existencia de una relación de reciprocidad, complementariedad y equidad entre los esposos, a las condiciones económicas, de trabajo y de armonía social que les permiten realizar convenientemente los objetivos sociales que le corresponden a la familia.

13) Cfr. PLIEGO CARRASCO, F., Familias y bienestar en sociedades democráticas. El debate cultural del siglo XXI, Miguel Angel Porrúa, México 2012; IBID., Las Familias en México. Estructuras de organización, procesos de cambio y consecuencias en el bienestar de niños y adultos, Porrúa, México 2014; MONTORO, C. (coord.), La Familia, recurso de la sociedad, Instituto de Ciencias para la Familia, Navarra, 2012; DONATI, P., (a cura di), Famiglia risorsa della società, Il Mulino, Bologna 2012; IBID. -  SULLINS, P., The Conjugal Family: An Irreplaceable Resource for Society, LEV, Roma 2015.

14) A nivel de la pastoral de la Iglesia católica quiere decir que debemos gastar energías para acercarnos a esas situaciones de fragilidad con el bálsamo de la misericordia, de la solidaridad, del cariño fraterno para superarlas y prevenirlas.

15) Cfr. LG, 9-14.

16) “Esta actitud no sólo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como “mandaderos”, coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir, osadías necesarias para poder llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. (…) No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. No es el pastor el que tiene que determinar lo que tienen que decir en los distintos ámbitos los fieles. Como pastores, unidos a nuestro pueblo, nos hace bien preguntamos cómo estamos estimulando y promoviendo la caridad y la fraternidad, el deseo del bien, de la verdad y la justicia. Cómo hacemos para que la corrupción no anide en nuestros corazones” (Carta del Papa Francisco al Card. Marc Ouellet, Presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, del 19 de marzo del 2016).

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