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Posturas y escándalos de candidatos a la Suprema Corte de Justicia

El día 10 de diciembre el Senado de la República elegirá a los candidatos para ocupar las dos vacantes que tiene el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la votación de las dos ternas que envió el presidente de México, Enrique Peña Nieto.


Renovación SCJN


Los seis aspirantes a la SCJN son, en una primera terna, Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle. Mientras que en la segunda terna están Álvaro Castro Estrada, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y Javier Laynez Potisek.

¿Quiénes son los aspirantes a la SCJN?

Sara Patricia Orea Ochoa tiene 22 años con carrera judicial. Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene una maestría en Política Criminal y estudios de posgrado en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona en España.

Ha sido defensora de oficio, agente del Ministerio Público, proyectista, funcionario del Sistema Penal del Distrito Federal y jueza. Actualmente es magistrada del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

En su comparecencia ante la Comisión de Justicia se pronunció a favor del aborto y afirmó que es una decisión individual de la mujer y un fenómeno multifactorial.

Sobre las uniones entre personas del mismo sexo, consideró que “la re-conceptualización de familia ha permitido al grupo LGBTTTI el reconocimiento de sus derechos”.

También se manifestó a favor del uso lúdico de la mariguana.

Norma Lucía Piña Hernández inicio su carrera como profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y posteriormente estudió la carrera de Derecho en la UNAM. Tiene una Especialidad en Psicología Social y Comunicación por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (Madrid, España); y una Especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Actualmente es Doctorante por la UNAM.

Entre otros cargos dentro del Poder Judicial ha sido Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la SCJN; Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Morelos; entre otros cargos. Hoy en día ocupa el cargo de Magistrada de Circuito.

Durante su comparecencia se mostró ambigua en diversos temas como el aborto, la eutanasia y la legalización de la mariguana. Por ejemplo, mencionó que se requiere de un debate democrático e informado sobre la posible regulación de esta sustancia tóxica (mariguana) y  se limitó a responder que en el caso de la eutanasia entraban dos tipos de valores que deben ponderarse: la vida y la dignidad de las personas, las cuales, afirmó, son válidas.

Verónica Judith Sánchez Valle es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Derecho por el ITESM.

Desde junio de 2015 es Magistrada de Circuito, anteriormente ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial como Secretaria del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; Jueza Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal y Oficial Judicial y Secretaria Ejecutiva, Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán.

Se pronunció a favor del aborto, argumentando que desde el punto de vista de los derechos humanos se requiere una ponderación y valoración de cada caso concreto. También se manifestó a que el derecho a la vida se contrapone al derecho a decidir de la mujer, al derecho a la salud y a una vida digna.

Álvaro Castro Estrada, es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM, en donde también obtuvo una maestría en Derecho.

Ha sido coordinador de asesores y subsecretario de  la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y Director de General de Asociaciones Religiosas y asesor de la Secretaría de Gobernación durante las administraciones federales panistas. Ex presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente es el Director General de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sobre el tema de las uniones entre personas del mismo sexo y la gestación subrogada dijo que “No podría yo adelantar un juicio sin examinar un asunto... yo sí estoy a favor de ampliar esas libertades y protección de derechos, pero necesitaría desde luego conocer los planteamientos específicos para que yo me pudiera pronunciar... Yo me declaro sumamente respetuoso de todas estas resoluciones y hay que conocerlas en sus méritos, en sus análisis, en sus pruebas, en sus alegatos para poder dar una definición formada... Basado en el principio de objetividad que tiene la Corte, me reservaría para estudiar estos temas con toda la profundidad y seriedad que esto merece.

Alejandro Jaime Gómez Sánchez, egresado como abogado de la Escuela Libre de Derecho.

Fue Consejero Jurídico adjunto de Legislación y Estudios Normativos en la Presidencia de la República durante el gobierno de Vicente Fox, así como Visitador General y Coordinador de Asesores en la Procuraduría General de la República. Se desempeñó como Subprocurador Jurídico en el Estado de México y actualmente es Procurador General de Justicia del gobierno del Estado de México.

Sobre el tema de la legalización de la mariguana se pronunció por regularizarla para fines médicos y dijo: “hay que tipificar como delito el cultivo con objeto de producir estupefacientes”.

Javier Laynez Potisek, licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana-Monterrey, tiene una maestría en Administración Fiscal y otra maestría en Derecho Público por la Universidad de París. Doctor en Derecho Público por la Universidad de París XI Sceaux.

Es Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Anteriormente fue Procurador Fiscal de la Federación. Ha sido Consejero Jurídico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Felipe Calderón, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR y Director de Normatividad de la Secretaría de Educación Pública, entre otros cargos.

Se pronunció durante su comparecencia por reabrir el debate referente a la interrupción del embarazo, pues consideró que la sentencia de la Suprema Corte que permite esta práctica terminó por criminalizar injusta e inequitativamente a las mujeres “y en eso no puede estarse de acuerdo”. Agregó, “no hubo, en mi opinión, un debate a fondo ni sobre los derechos reproductivos de la mujer ni sobre lo que significa el derecho a la vida”. Aseguró que “de ser electo como ministro, desde luego que tendremos que entrar a este debate”.

Vínculos y polémicas de los aspirantes a la SCJN

Una de las exigencias de la sociedad civil ha sido el que los aspirantes al máximo tribunal de México sean imparciales y autónomos. También se dio la exigencia de que no se diera preferencia a los vínculos de amistad o distribuciones de grupo con la frase “Ni cuates ni cuotas”. Pero algunos escándalos y relaciones han salido a la luz pública.

La aspirante Verónica Judith Sánchez Valle ha sido cuestionada por la amonestación que recibió por parte del Consejo de la Judicatura Federal cuando fue jueza en materia penal. En 2011 fue investigada por la PGR pues se le acusó de haber liberado, sin justificación, a un sujeto que Estados Unidos requería en extradición bajo cargos de lavado de dinero. Argumentó, para dejarlo en libertad, que en las averiguaciones el acusado tenía los apellidos invertidos, por lo que podía tratarse de personas distintas.

Alejandro Jaime Gómez Sánchez le tocó enfrentar y conducir la crisis por la masacre de Tlatlaya, donde murieron 22 personas en un enfrentamiento contra el Ejército. Durante las indagatorias, aseguró que no existían indicios sobre algún tipo de alteración de la escena en donde presuntamente fueron ejecutados de manera extrajudicial. Puntualizó además que no había evidencias para suponer que las 22 personas hubieran sido ejecutadas o fusiladas.

Sin embargo, meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que al menos 15 de los 22 civiles fallecidos en Tlatlaya fueron fusilados por militares, contradiciendo así lo dicho en su momento por el procurador mexiquense.

Mientras que Álvaro Castro es señalado de no realizar acciones a favor de los familiares de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos del 2006, como era el acompañamiento y atención especializada. Incluso después de recibir una recomendación por parte de la CNDH en 2010, dejó el cargo de subsecretario del Trabajo.

Pero el caso más polémico es el de Laynez Potisek, a quien se le acusa de proteger al empresario de la construcción Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, la compañía que vendió propiedades al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para construir su casa de descanso en Malinalco, y sobretodo de ser la empresa que edifico la “Casa Blanca”, propiedad polémica de la primera dama Angélica Rivera.

A finales de 2006, en ese entonces la Procuraduría Fiscal de la Federación formuló denuncias penales por evasión fiscal hacia la empresa Energéticos del Centro S.A. de C.V., cuyo dueño es precisamente Hinojosa Cantú. El monto de lo defraudado es de casi 9 millones de pesos por el ejercicio fiscal 2000 y 2001.

Cuando Laynez Potisek fue procurador fiscal el caso fue cerrado.

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