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En cuatro años se fugaron más de mil reos de cárceles en México

Entre 2009 y 2013 se fugaron más de mil internos de prisiones en México y alrededor de 600 perdieron la vida, dio a conocer Elena Azaola Garrido, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), perteneciente al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).


México; sistema penitenciario


Asimismo, informó que el 65 por ciento de las cárceles de México padece autogobierno, están sobrepobladas y no existe una política penitenciaria adecuada para enfrentar la problemática que las define.

Cárceles sobrepobladas; condiciones de vida indignas e infrahumanas en la mayor parte; abuso de la prisión preventiva; una política contra las drogas que ha incrementado la población en las prisiones; ausencia de políticas criminológicas integrales, y una fuerte criminalización de la pobreza, son los principales signos que caracterizan a los sistemas carcelarios de México y América Latina, explicó.

México, sexto país en el mundo en población carcelaria

La especialista puntualizó que México es el sexto país en el mundo en cuanto a número de población penitenciaria, con 260 mil internos a inicios de 2015, de los cuales 95 por ciento son hombres y 5 por ciento mujeres.

Los países con mayor población penitenciaria en el mundo, en números absolutos, son Estados Unidos (con más de 2 millones de presos), China, Rusia e India, resultado relacionado al tamaño de su población.

En el diagnóstico sobre el sistema penitenciario de México, detalló que en el país existen 423 centros penitenciarios, según cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de los cuales 21 son federales y cuatro más se encuentran en construcción. Cinco de dichos centros federales están por contratos de prestación de servicios, es decir, que tienen participación de la iniciativa privada.

“Esto abre toda una problemática porque existe poca información y datos públicos sobre estos contratos, que a primera vista es difícil entender la racionalidad que los sustenta, tomando en cuenta que el costo que el estado paga por un preso en una cárcel estatal es de 150 pesos por día, mientras en las prisiones que cuentan con inversión privada el costo es de alrededor de 2 mil pesos por día, porque se está pagando la construcción de esas prisiones y todos los servicios que esa inversión presta”, aseveró Azaola Garrido.

Ya son 21 centros federales

En cuanto a los centros federales, la investigadora indicó que al inicio de la administración anterior había solo cuatro que albergaban poco más de 3 mil internos; esto propició la inversión privada, pues había que hacerse cargo de los presos del fuero federal, que son alrededor de 50 mil; por lo tanto, al final de dicha administración ya se contaba con 13 centros federales. Hoy en día su número asciende a 21 y cuatro más se encuentran en construcción.

“Y solamente el 25 por ciento de los internos en centros federales participan en alguna actividad laboral. Muchas veces este régimen de participación con la inversión privada lo que ha implicado es el mayor aislamiento de los internos, entre otras cosas, porque es menos costoso, entre más aislados están hay menos posibilidades de que se rebelen, además de que llevar actividades a los centros, cuesta”, expuso.

El panorama

De acuerdo a las investigaciones de Elena Azaola Garrido, algunos de los factores que contribuyen al aumento de la población penitenciara son el endurecimiento de las penas, el incremento de delitos considerados graves y la duración de los procesos judiciales. A su juicio, se ha abusado de la pena de prisión cuando podría imponerse un sistema de sanciones, que incluso la ley prescribe, pero que en México no se aplica.

“Se ve un desacierto de hacia dónde van dirigidos los intereses de las políticas penitenciarias, que están dejando de lado el interés en los internos. Las visitas se dificultan cada vez más, se les mueve de un lugar a otro cuando en la Constitución se establece que deben compurgar en el lugar donde ellos radican, salvo en casos excepcionales, pero esto se ha ido ampliando cada vez más”, aseveró.

Además, expuso que en la mayoría de los casos la gente está en proceso y no se les ha comprobado un delito, pero ya están en prisión, lo que constituye un serio problema porque no solamente es costoso, desde el punto de vista económico, sino que tiene efectos sociales, pues se debe considerar que el preso no es una persona aislada, y estar en prisión lo afecta a él mismo, a toda su familia y, de cierta forma, a la comunidad de la que forma parte.

Este abuso de la prisión preventiva, en promedio, es del 46 por ciento en toda América Latina; lo que significa, para dar una idea, que en Brasil hay más de 200 mil personas en cárceles que están esperando que se les dicte una sentencia y en México hay más de 100 mil.

Incremento de presos

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización que analiza la problemática en América Latina, realizó un estudio en ocho países (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y México) que hace énfasis en que la imposición de sanciones penales ha dado lugar a un gran incremento en el número de personas encarceladas por el delito de drogas, y esto ha afectado especialmente a las mujeres.

“Me refiero al problema de las ‘mulas’ o ‘burras’, que desde el nombre se ve muy claramente en qué posición se está colocando a las mujeres. Es un fenómeno generalizado en América Latina y en las prisiones europeas; en cada país hay mujeres que están penalizadas por llevar estas cargas de droga, que en muchos de los casos tienen una problemática económica y no es que formen parte de las redes de narcotráfico, sino que es la necesidad económica la que las lleva a trasladar la droga”, explicó.

Y aseguró que las leyes contra las drogas en toda la región latinoamericana no distinguen entre niveles distintos de involucramiento en el negocio, y tratan por igual a pequeños vendedores, incluso a consumidores. Muchas de las personas que han entrevistado en la cárcel a raíz de sus estudios, particularmente mujeres, están ahí por consumo, por llevar pequeñas cantidades de droga, ni siquiera por ser vendedoras o trasladar la carga.

Durante el periodo 1992-2012, la tasa de encarcelamiento aumentó en promedio más de 100 por ciento en todos los países latinoamericanos en los que WOLA hizo el estudio. Al tiempo que las tasas por delitos de drogas continúan mostrando una línea ascendente en todos los casos.

“Desafortunadamente México, en la administración anterior, puso más énfasis y se preocupó por la construcción, por ampliar las infraestructuras, como si ese fuera el sujeto fundamental en la política penitenciaria: la infraestructura y la construcción, antes que la situación de las condiciones de los presos”, opinó.

En opinión de la investigadora, en México 65 por ciento de las prisiones padecen autogobierno, “lo cual es otro problema gravísimo porque la autoridad no está ejerciendo el control y son bandas las que lo tienen, y a veces someten de manera cruel y violenta”.

Uso irracional de la prisión

Además, afirmó la experta, hay un uso irracional de la prisión. Gran parte de quienes se encuentran presos han cometido delitos menores; en México 620 mil personas fueron detenidas en operativos contra el narcotráfico durante la administración anterior, sin embargo, cerca de 500 mil –más del 80 por ciento– fueron liberados por falta de pruebas.

En este contexto, el 59 por ciento de los recursos del sistema penal se destinan a investigar, procesar y sancionar delitos menores, mientras que el 40 por ciento de las personas sujetas a prisión preventiva podrían estar en libertad.

A su consideración, esto ocurre porque no se cuenta con las políticas criminológicas adecuadas. Para la investigadora, una política criminal es una reflexión epistemológica acerca del fenómeno criminal, una descodificación de este y de los medios empleados para luchar contra los comportamientos desviados o delictivos; es una estrategia jurídica y social basada en elecciones ideológicas, para responder con pragmatismo a los problemas planteados por la prevención y la represión del fenómeno criminal entendido en toda su extensión.

Potenciales alternativas

Con una amplia trayectoria en el tema y más de 180 publicaciones al respecto, Elena Azaola Garrido afirmó que hay diversos elementos que podrían mejorar esta problemática. En primer lugar, destacó el poder realizar un análisis del costo-beneficio de las prisiones en función de los objetivos de una política criminal que debería ser establecida por el Estado y que ahora, a su juicio, no ha sido una política de Estado sino una política de gobierno “bastante errada”.

Otros aspectos serían reducir el uso excesivo y desproporcionado de la pena de prisión y revisar los códigos penales para hacer uso racional; desarrollar sistemas y actividades alternativas; recuperar el control de las prisiones por parte del Estado y reducir el abuso de la prisión preventiva; así como invertir en mejorar y dignificar la calidad de vida tanto de los internos como del personal penitenciario.

“Diseñar un sistema penitenciario con normas, procedimientos, estándares y programas de atención homogéneos, un verdadero sistema penitenciario que no existe en nuestro país, porque cada estado define lo que hace”, explicó.

Además, evaluar las instituciones penitenciarias por sus resultados; situar a los internos en los centros más cercanos a su domicilio porque esto incrementa sus posibilidades de reinserción; facilitar las visitas familiares y proporcionarles un trato digno, y también promover el desarrollo de actividades laborales, educativas, deportivas y culturales.

“Es urgente diseñar un modelo de atención específico para las mujeres, que se tomen en cuenta sus circunstancias; someter a un análisis científico riguroso los temas de máxima seguridad que imponen condiciones de aislamiento a los internos, que hasta ahora opera sin la evidencia científica de que aporte resultados. Además de un análisis de costo-beneficio en cuanto a los contratos de prestación de servicios privados en las prisiones”, concluyó.

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