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Graco Ramírez, de la gloria al infierno

A poco más de dos años y medio de gestión, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, navega en el “ojo del huracán” por presuntos desvíos millonarios de recursos públicos que sistemáticamente se ha negado aclarar y que actualmente han derivado en un sinfín de inconsistencias e irregularidades administrativas, mismas que hace unas semanas le valieron una denuncia formal ante la PGR, así como por mantener al estado en el primer lugar de inseguridad a nivel nacional y por la toma de decisiones que políticamente han sido calificadas como incorrectas.


Gobierno de Morelos


En julio de 2012, ya como gobernador electo de Morelos, Graco Ramírez comenzó su pesado calvario al ignorar, de entrada, los principales problemas que en ese momento aquejaban a la entidad (inseguridad, secuestros, presencia del narco, pobreza), para anunciar pomposamente que una de las primeras iniciativas que impulsaría junto con la bancada de las izquierdas en Morelos, sería eliminar las reformas al artículo segundo de la constitución que prohíben el aborto en la entidad.

A favor del aborto

“Vamos a hacer un primer acto de desagravio a las mujeres de Morelos, vamos a quitar el agravio hecho cuando se victimizó y se penalizó el derecho a decidir de las mujeres en este estado, ese tufo conservador e irrespetuoso de los derechos humanos lo vamos a quitar de nuestra constitución”, señaló dos meses antes de asumir formalmente el cargo.

Tales declaraciones le valieron el rechazo de diversos sectores de la sociedad, quienes lo cuestionaron por su insensibilidad y desatención hacia los verdaderos problemas que aquejaban a la entidad, al centrar la primera prioridad de su estrategia de gobierno en una agenda mediana y mediáticamente “atractiva”.

El 1 de octubre de 2012, al rendir protesta como el primer gobernador de extracción perredista en el estado de Morelos, Ramírez Garrido Abreu le dio la espalda a su amigo y paisano, el ex candidato perdedor a la Presidencia de la República por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, al manifestar públicamente su disposición de dialogar con el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto.

De hecho, en su discurso nunca mencionó  el nombre del político tabasqueño, no obstante que en campaña lo acompañó en la misma plaza en la que públicamente Graco expresaba su mensaje político ante más de un centenar de invitados especiales.

Incumple compromiso contra la inseguridad

Graco Ramírez parecía en ese momento que había entendido la lección y haciendo a un lado la falsa idea de abanderar el tema del aborto, prometió impulsar una estrategia de paz y reconciliación y devolver la seguridad a los morelenses en 18 meses.

Sin embargo, 28 meses después, el 11 de febrero de 2015, las cifras oficiales se encargaron de poner al gobernador en su lugar, al mostrarle la grave realidad que ha vivido y vive Morelos, con datos y cifras oficiales: ser la nada honrosa entidad federativa más violenta de México, pero no solo eso, sino que Cuernavaca figura como la ciudad de más de 100 mil habitantes con mayores índices de inseguridad.

Con base en información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que preside José Antonio Ortega Sánchez, dio a conocer el estudio “Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014”.

Las cifras oficiales de averiguaciones previas iniciadas el año pasado por los ministerios públicos y procuradurías estatales desmentían al gobernador de Morelos, quien en repetidas ocasiones había insistido que la implementación del mando único se había traducido en la disminución de los delitos más graves en la entidad.

Morelos, la entidad más violenta del país

La realidad, sin embargo, le colocaba una pesada loza en la espalda, al revelar que la violencia no sólo no ha disminuido en Morelos, sino que se ha recrudecido: Morelos tuvo el índice más alto de violencia con respecto a las 31 entidades federativas. Incluso el puntaje de violencia en la entidad (34.05 puntos) es casi dos veces superior a la media nacional (18.84 puntos).

Los datos recabados ubican a Morelos en los primeros tres lugares a nivel nacional en cuatro de seis delitos: secuestro, violación, robo con violencia y extorsión. Asimismo, Morelos ocupó el segundo lugar nacional en el número de privaciones ilegales de la libertad con 6.22 secuestros por cada 100 mil habitantes, solo detrás de Tamaulipas, líder en ese delito.

Respecto al delito de violación, Morelos también es segundo lugar nacional con 23.78 dejaciones por cada 100 mil habitantes, solo detrás de Quintana Roo; en robo con violencia, Morelos también es segundo lugar nacional con 405.5 robos por cada 100 mil habitantes, solo detrás de Tabasco.

Finalmente, Morelos presentó la tasa más alta de extorsión en el país con 19.3 por cada 100 mil habitantes, lo cual es cinco veces superior a la media nacional (4.91 por cada 100 mil habitantes).

La capital de Morelos también figura como la ciudad más violenta

A nivel municipal, la ciudad de Cuernavaca, capital de Morelos, es la más violenta de México, delante de Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero. Además, “la ciudad de la eterna primavera” fue el municipio más violento del país con 62.19 puntos, suficientes para desplazar a Acapulco (55.54 puntos), como la ciudad con más de 100 mil habitantes más insegura de México.

Cuernavaca obtuvo el segundo lugar a nivel nacional en número de violaciones con 46.82 por cada 100 mil habitantes, lo cual es cuatro veces superior a la media nacional (10.75 violaciones por cada 100 mil habitantes), y tiene la tasa más elevada de robo con violencia con mil 144.12 por cada 100 mil habitantes, lo cual es siete veces superior a la media nacional (155.96 por cada 100 mil habitantes).

Cuernavaca también ocupa el segundo sitio en la lista del delito de extorsión con una tasa de 52.64 por cada 100 mil habitantes, seguido de Cuautla, también en Morelos, con 33.13. Ambas ciudades están muy por encima de la media nacional de 4.91 extorsiones por cada 100 mil habitantes.

Así se demostró que los cárteles “Guerreros Unidos” y “Los Rojos” se han encargado de bañar de sangre y de dolor al estado de Morelos, ante la ciega negativa de su gobernador.

El desfalco a las arcas públicas

El 24 de marzo pasado, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por la presunta comisión del delito de “uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y los que resulten” en la administración y gasto de un crédito de más de 2 mil 800 millones de pesos en perjuicio de la sociedad morelense.

Entre las pruebas aportadas por la CMMC al Ministerio Público Federal se encuentra documentos oficiales de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos –organismo desaparecido por determinación del mandatario morelense y diputados del PRD-, así como oficios del gobierno del Estado de Morelos que confirman que dicho crédito no fue gastado tal como lo aprobó el Congreso del Estado de Morelos y como lo mandata la Ley, lo que cual implica una violación flagrante a leyes federales y estatales.

En la denuncia interpuesta, se describe que el 15 de mayo de 2013, el Congreso del Estado de Morelos recibió la iniciativa de decreto para solicitar la autorización para que el gobierno del Estado de Morelos y los 33 municipios contrataran créditos con cargo de pago a las participaciones federales, así como para constituir o adherirse a un fideicomiso de administración para el pago de los empréstitos.

Con una votación dividida, los diputados locales autorizaron al gobierno de Graco Ramírez contratar un crédito por 2 mil 806 millones 348 mil pesos, que tendrán que pagar los morelenses en los próximos 20 años. Dicha acción está considerada en el decreto 936 de fecha 10 de octubre de 2013, publicado en el periódico “Tierra y Libertad”, numero 5 mil 125.

Falta de transparencia

Ante la presión ciudadana y la falta de transparencia en el gasto del crédito, el 10 de septiembre de 2014, con 27 votos a favor y 3 en contra, el Congreso del Estado de Morelos determinó aplicar una auditoría especial al proceso de contratación, ejecución y comprobación del gasto, respecto de los créditos contratados como deuda pública por el gobierno del estado de Morelos por un monto de 4 mil 184 millones 933 mil 348 pesos con 83 centavos (en esta cantidad se incluye el crédito aprobado al gobierno de Graco Ramírez y refinanciamiento de deuda heredada por gobiernos del PAN).

El 13 de octubre del 2014, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Poder Legislativo, diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, recibió mediante oficio número ASF/2327/2014 escrito de la Auditoría Superior de Fiscalización el reporte preliminar respecto a la Auditoría Especial aprobada el 10 de septiembre del mismo año.

Del reporte preliminar se desprenden pruebas y argumentos que confirman la comisión de delitos por parte del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, siendo también corresponsable el ex secretario de Gobierno, Jorge Vicente Messeguer Guillén, actualmente candidato del PRD y del PT a la alcaldía de Cuernavaca.

En ese reporte se advierte también que los contratos de los créditos son nulos de todo derecho, ya que el gobierno de Graco Ramírez incumplió con el artículo 40 de la Ley Pública para el Estado de Morelos, que dice: “Las entidades deberán remitir al Congreso del Estado, dentro de un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la celebración de cualquier crédito o empréstito, un informe escrito que refleje el monto, forma y términos de los mismos, incluyendo plazo, gracia, tasas de interés ordinaria y moratoria, así como información sobre la aplicación de los recursos correspondientes, acompañando copia de los documentos en los que consten los actos jurídicos, valores o títulos de crédito que las documenten”.

De las pruebas y argumento se desprende la primera causal contra el gobierno estatal, aunque hay  otras más que arroja ese reporte preliminar de la Auditoría Especial, como por ejemplo que el titular del Poder Ejecutivo utilizó el crédito para fines distintos para lo que fue autorizado, incluso pagando con ese empréstito deuda adquirida en el año 2008 y años subsecuentes, a pesar de que el decreto de aprobación del préstamo fue muy concreto en señalar que era para financiar inversión productiva.

Daño preliminar por mil 853 millones de pesos

En ese sentido, el reporte preliminar de la Auditoría Superior de Fiscalización determinó un probable daño a la hacienda pública estatal por mil 853 millones 286 mil 866 pesos por el pago de obras y acciones realizadas en ejercicios anteriores, cuando el decreto 936 (publicado el 10 de octubre en el periódico oficial “Tierra y Libertad” establece: “Deberá destinar los recursos de los empréstitos que contrate por virtud de este decreto, precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, la ejecución de las obras públicas, la adquisición o manufactura de bienes o la prestación de servicios públicos, y no para el pago de deudas contraídas con anterioridad por obras ejecutadas y presupuestadas en ejercicios anteriores, ya que el recurso del préstamo fue depositado a las cuentas bancarias en diciembre del 2013, de acuerdo a los siguientes contratos”.

El desaseo y falta de transparencia en el gasto del crédito llega al extremo de que se pagó nómina atrasada del sector magisterial, dependiente de la administración del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos.

Una de los más sentidos reclamos de la ciudadanía morelense ha sido el excesivo y oneroso gasto en la remodelación o construcción del estadio de futbol “Agustín ‘Coruco’ Díaz”, en Zacatepec, en el cual se destinaron 400 millones de ese crédito y varias centenas de millones de pesos más producto de la distracción de recursos presumiblemente federales.

La auditoría preliminar del crédito exige al gobierno de Morelos a entregar todo lo relacionado con el gasto de ese estadio, sin que a la fecha se haya logrado saber a ciencia cierta cuál fue el costo total de esa obra de relumbrón.

Cachetada con guante blanco

Y por si todo lo anterior fuera poco, el pesado 23 de mayo el Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, encabezó la Marcha por la Paz en la ciudad de Cuernavaca, en donde convocó a la sociedad a ejercer su derecho al voto, pero también le pidió conocer a los candidatos y sus propuestas.

En la multitudinaria marcha, a la que acudieron cerca de 30 mil personas, y la cual pretendió ser boicoteada por “fuerzas extrañas”, el prelado exhortó a los asistentes a revisar trayectoria y plataforma política de los aspirantes electorales, porque, dijo, los candidatos profesan las ideologías de sus partidos, “algunos incluso que atentan contra la vida”, en clara referencia al PRD y el PT, partidos que insisten en impulsar la despenalización del aborto.

“El 7 de junio tenemos la oportunidad de ejercer un derecho y una obligación que puede mejorar los problemas sociales que padecemos. Conozcamos bien a cada partido y sus ideologías, a cada candidato y sus propuestas. ¿Tienen principios? ¿Los sostienen? ¿Garantizan que trabajarán por la recomposición de un tejido social en un estado dañado por la violencia, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la pobreza? ¿Respetarán la vida desde su concepción? ¿Fortalecerán la familia?”, cuestionó el Obispo frente a los miles de manifestantes.

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