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Reformas fiscales disminuyen calidad de vida de las personas

 

Como recordarán, recientemente entró en vigor la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la que, entre otras cosas, se establecieron algunos cambios relevantes al mecanismo de tributación para efecto del impuesto sobre la renta, destacándose nuevos límites a las deducciones.


Reforma Fiscal


 

En este sentido, una de las disposiciones que causó mayor inquietud y controversia entre los contribuyentes, es la que se encuentra contenida en el artículo 28, fracción XXX de este ordenamiento jurídico, misma que limitó el monto de deducción de los pagos efectuados por los patrones que a su vez resultan en prestaciones exentas para los trabajadores.

De hecho, dicha disposición ha sido objeto de un gran número de demandas de amparo, por lo que existe gran expectativa respecto a la determinación que en definitiva efectuará el Poder Judicial de la Federación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma.

La razón por la que dicha disposición afecta considerablemente a la sociedad, radica en que las empresas ya no podrán deducir en forma total de sus ingresos, las prestaciones que paguen a sus trabajadores.

En efecto, esta disposición no permite la deducción completa, sino sólo hasta cierto porcentaje de las erogaciones efectuadas por los patrones que a su vez resulten en ingresos exentos para los trabajadores.

Lo anterior resulta de la mayor relevancia, toda vez con motivo de esta limitante a las deducciones, las empresas ya no podrán deducir en forma completa las prestaciones que paguen a sus trabajadores, entre otras:

(i) Prestaciones de previsión social en general, como vales de despensa, gastos de seguro médico, ayuda de transporte, becas, etc.

(ii) Fondo de ahorro.

(iii) Horas extras.

(iv) Días de descanso laborado.

(v) Indemnización por riesgos o enfermedades de trabajo.

(vi) Indemnización por separación.

(vii) Prima vacacional.

(viii) Prima dominical; etc.

Derivado de lo anterior, esta limitante en las deducciones no sólo afecta a la utilidad fiscal de las empresas, sino que afecta de forma directa a los trabajadores, particularmente en su derecho humano al desarrollo, cuyo goce está estrechamente relacionado con todas estas prestaciones que sus patrones les otorgan.

Sobre el particular, es importante mencionar que el derecho humano al desarrollo se debe entender como el acceso, goce y disfrute de los derechos existentes que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos.

Dicho derecho humano se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, como lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En este contexto, el derecho humano al desarrollo implica el acceso a un nivel de vida adecuado que asegure a los individuos y a sus familias la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios y adecuados.

Es importante señalar que dicho derecho no se limita a que los individuos tengan acceso a un nivel de vida adecuado, sino que también implica la mejora continua de sus condiciones de existencia.

Para efecto de garantizar el derecho anterior, los patrones juegan un papel muy importante, toda vez que en la medida en que efectúen el pago de dichas prestaciones, los trabajadores se encontrarán con mayores posibilidades de acceder a un nivel de vida adecuado para sí y su familia.

En concordancia con lo anterior, en la medida en que se restrinja o desincentive a los patrones para que dejen de pagar prestaciones laborales y de previsión social, se limita a los trabajadores en su acceso a un nivel de vida adecuado, para garantizar su derecho humano al desarrollo.

No obstante lo anterior, la reforma fiscal en México, al limitar la deducción de todas estas prestaciones, limita ese derecho de los trabajadores, pues desincentiva a los patrones para continuar otorgándolas.

En efecto, el límite a las deducciones antes precisadas, no hace más que obligar a los patrones a dejar de otorgar estas prestaciones a los trabajadores, dado que desde el punto de vista financiero les representa un gasto o costo adicional, que inclusive puede poner en riesgo su estabilidad económica, dado que no tiene repercusión en la disminución de su utilidad para efecto del pago de impuestos.

Sobre al particular, resultan los jóvenes los más afectados, pues en muchos de los casos, desde su corta edad laboral deberán dejar de percibir prestaciones que en antaño muchos trabajadores percibían, o lo que es peor, nunca serán acreedores a ese tipo de prestaciones, poniendo en peligro el goce de su derecho al desarrollo, y por tanto, teniendo como expectativa una menor calidad de vida.

Resulta por demás cuestionable esta política fiscal adoptada por el Estado mexicano, toda vez que aun y cuando es el propio Estado el obligado a garantizar el derecho al desarrollo de sus ciudadanos, y de velar por una mejor calidad de vida de éstos, en el caso particular, lejos de garantizar este derecho, con la reforma fiscal se transgrede, pues elimina la ayuda que en este aspecto brindan al Estado los patrones.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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