SCJN deja en vilo la objeción de conciencia

Por fin hubo un poco de sensatez entre los ministros de la SCJN al mantener, hasta el momento, el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores del sector salud, consideró el presidente nacional del FNF, Rodrigo Iván Cortés.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, inició el análisis de la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería frente al derecho a la protección a la salud, pero será hasta el lunes 20 de septiembre cuando los ministros vuelvan a reunirse para votar y dar una determinación en torno a esta figura jurídica.

En la sesión del lunes ocho ministros votaron a favor de mantener la objeción de conciencia en el personal de salud, lo que permite a los médicos y enfermeras negarse a participar en la práctica de algún aborto; sin embargo, la sesión fue suspendida por el magistrado presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea con lo que la discusión de fondo se pospuso para la siguiente semana.

De acuerdo a la SCJN en el mencionado precepto se prevé, sustancialmente, que el personal médico y de enfermería podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esa ley, sin que pueda invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

En la próxima sesión el Pleno deberá decidir si las normas impugnadas —que reconocen el derecho del personal médico y de enfermería a la objeción de conciencia— son respetuosas o no del derecho de protección a la salud de las personas.

En la discusión, el ministro Luis María Aguilar afirmó que la objeción de conciencia es una cuestión individual que los médicos ejercen con base en su libertad religiosa e ideológica y no se constituye como un derecho a desobedecer las leyes.

Por su parte, el magistrado Juan Luis González Alcántara coincidió que la objeción de conciencia es un derecho humano a la libertad religiosa y de creencias de carácter personal, que permite a cualquier individuo incumplir un mandato jurídico con base en sus convicciones.

En contra parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar mostró su rechazo a esta postura y dijo no compartir que la objeción de conciencia forme parte del núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa, ideológica y de conciencia y por ende se constituya en un derecho humano con rango constitucional.

Al no lograr un consenso, fue que Zaldívar Lelo de Larrea propuso posponer la discusión de fondo en este tema, lo que fue aprobado por unanimidad del pleno de la Corte.

En pie de lucha

En un mensaje posterior a la sesión de la Corte, el presidente nacional del Frente Nacional por la Familia (FNF), Rodrigo Iván Cortés Jiménez, consideró que “por fin hubo un poco de sensatez entre los ministros de la SCJN al mantener, hasta el momento, el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores del sector salud”.

Y recalcó que aunque los ministros continuarán discutiendo y votando la próxima semana otros elementos, los médicos, enfermeros y, en general, quienes se desempeñan en el ejercicio médico, han visto hasta ahora a salvo sus principios éticos y morales y su derecho de conciencia y de religión.

Añadió que por los criterios que los magistrados usaron la semana pasada cuando decidieron desproteger a los no nacidos, hacían temer que derechos fundamentales, inalienables del ser humano, fueran borrados sin mayor discusión, cancelando de facto la democracia y el libre albedrío.

Cortés Jiménez calificó de afortunadas las decisiones sobre la objeción de conciencia, pero aclaró que estas “no corrigen las nefastas supremas injusticias que la Corte ha resuelto al prohibirle a los diputados del Congreso de Sinaloa (y de facto a todos los diputados estaduales) opinar, legislar y votar sobre la protección a la vida desde la concepción en una grave intromisión a la soberanía de los Estados y en un gravísimo atentado a la democracia”.

Advirtió que como ciudadanos, no podemos callar ante este atropello que no solo polariza a la sociedad, sino que la confronta con quienes se suponen guardianes de la ley. Con los resolutivos de los magistrados de contravenir lo que el Congreso de Coahuila había aprobado para proteger la vida de los no nacidos, “a los ciudadanos no nos va a quedar otro camino que la desobediencia civil y exigir la destitución de jueces que afrentan a la ley, la democracia y a los ciudadanos”.

 

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