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Actos terroristas son un derecho

Pues, ¿no que no?

Ahora resulta que, como las otras dos señoras de la CIDH que investigan el asunto de los normalistas en Iguala andan en malos, oscuros, raros y sospechosistas pasos, dice mi sana abuelita: ¡Ya salió el peine!


Caso Ayotzinapa


Pues ahora, don Alejandro Valencia Villa, miembro de ese mismo grupo de expertos de la CIDH, es un personaje catalogado como “antimilitarista”; o sea, odia con especial encono a todo aquel que traiga o porte un uniforme que se parezca tantito a gente de la milicia, aunque sean bellboys, o franeleros de algún estacionamiento de centro comercial.

El señor Valencia formó parte de la “Comisión Andina de Juristas”, que ahora se llama Comisión Colombiana de Juristas. Se trata del mismo organismo que impulsó la desmilitarización de las zonas donde se siembra y cultiva coca en Colombia.

Al señor le abrieron varios espacios en los medios masivos de comunicación, porque se le ocurrió externar su sentir y pensar, ya que en su curiosa y jocosa opinión, los ataques de la guerrilla a la población civil no deben ser considerados “actos de terrorismo”, sino acciones de “rebelión legítima”.

Tierra de los mismos lodos

Con ese criterio, los mal llamados “anarquistas”, esos que se roban pantallas de leds de 50 pulgadas para esperar que aparezcan los desaparecidos, deberán ser considerados “verdaderos héroes populares”. Lo pelafustanes que asaltan tiendas de conveniencia y joyerías en el trayecto de las protestas, pueden considerarse “caudillos libertarios”. Y Así, sucesivamente.

Don Fernando Vargas, presidente del “Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Colombiana”, declaró al periódico La Razón, que Valencia y su hermano Hernando “son abiertamente antimilitaristas, de manera que en la medida que ellos puedan trabajar para demostrar que las autoridades, en especial el Ejército Mexicano, tuvieron algo que ver con la desaparición de los normalistas, lo van a hacer”.

De esta forma, dice Vargas, sería como ponerle queso al ratón. Y tiene certeza.

Aún hay más

Fernando Vargas destacó que la impresentable Comisión Colombiana de Juristas está agrupada, afiliada o depende de una célula de REDEPAZ, donde estos angelitos defienden “los derechos” de las FARC, del EZLN, y asumieron como misión denunciar a coroneles y generales del Ejército, en particular a todos aquellos que se enfrentan a los narco-guerrilleros.

El tema es interesante, en particular porque hay que recordar que Ernesto Samper llegó al poder con serios cuestionamientos por los recursos que apostó en su favor el Cartel de Cali, agrupación respaldada por Samper y la Comisión Andina.

El rumbo del GIEI

Según Vargas, el famoso GIEI no es un grupo de expertos imparciales ni independientes. Se trata de ir en contra del Ejército Mexicano, de manchar su imagen y defenestrar su actuar. La acusación es grave, y, hasta el momento de escribir esta entrega, no ha sido desmentida.

Como colofón, amplía la nota de La Razón, Vargas sufrió un atentado de manos de gente de las FARC; por ello, se integró el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. En su obra: “Esa Iglesia no es mía”, Vargas afirma que Valencia participó a favor de los miembros de la guerrilla.

Mientras son peras o manzanas, como se dice en mi México querido, todo indica que los expertos del GIEI seguirán siendo noticia. La pregunta es obligada: los servicios de inteligencia mexicanos, ¿lo sabían o no?

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

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