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Ayotzinapa a un año

Un coronel del Ejército mexicano argumentó con pasión su convicción de que los principales problemas de la patria eran la corrupción y la ignorancia, mientras brindaba ejemplos de lo que él había vivido en zonas de Guerrero y Michoacán, donde la marginación funciona como caldo de cultivo para que exista violencia, pobreza, injusticia, movimientos guerrilleros y organizaciones criminales.


Caso Ayotzinapa


Un colega universitario que en su mocedad tuvo la oportunidad de trabajar como profesor en el mismo territorio de México ya hace algunas décadas, corroboró las historias de miseria que dejaban entonces como únicas opciones para salir del estancamiento social: convertirse en o casarse con un militar, o aspirar a estudiar para maestro en alguna de las Normales rurales.

Ese contexto de miseria, corrupción e ignorancia, junto con la presencia activa por décadas de distintos movimientos guerrilleros y del crimen organizado, parece ser tema ausente de la discusión sobre Ayotzinapa, concentrándose sólo en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y en la discusión de si la investigación estuvo bien o mal hecha, llevándonos hasta ahora a un callejón sin salida.

Los trágicos acontecimientos de hace un año en Iguala, Guerrero, a pesar de su gravedad, no han podido llevar al país a una reflexión y acción sobre los temas de fondo. Quizá si la memoria de los jóvenes desaparecidos fuese el punto de partida para abordar la corrupción y colusión de las autoridades con el crimen organizado, tendríamos un camino hacia la posibilidad de un ¡nunca más!

Si las elecciones estatales en Guerrero se hubieran convertido en un referéndum para acabar con los cacicazgos, para poner la educación y el combate a la pobreza y la impunidad como las prioridades a atender, en lugar de un simple reparto de poder, entonces la memoria de los estudiantes y las movilizaciones tendrían un sentido de redención para los millones de personas excluidas y condenadas a mantenerse en la marginación.

Las manifestaciones por la memoria de los jóvenes desaparecidos no han acabado con la impunidad, ni han ayudado a detener la acción de los grupos armados, ni se han evitado nuevas desapariciones y asesinatos en ese convulsionado estado. No veo a las autoridades de los tres poderes, en los tres ámbitos de gobierno, ni al resto de la sociedad de Guerrero buscando cambiar las circunstancias que llevaron a la infamia.

Si aún hoy es posible que en esas latitudes haya padres que prostituyen e incluso embarazan a su propia progenie sin que haya consecuencias; si se tolera el vandalismo y manipulación de diversos grupos que han provocado daños y muertes antes y después de la desaparición de los normalistas, ¿cómo se puede avanzar en la construcción de la paz y la justicia?

La Arquidiócesis de Acapulco ha iniciado procesos de atención y sanación de las víctimas de la violencia en todas sus manifestaciones, pero no han sido acompañadas por la autoridad ni la sociedad como un primer paso que permita revertir el sufrimiento de los habitantes más pobres del estado.

La tragedia que tiene hoy varias narrativas necesita incorporar una que cuestione los arreglos políticos y de seguridad que evidentemente no han funcionado. Tal como nos invita el Papa Francisco en sus exhortaciones, debemos cuestionar la subordinación de la política a la economía y a los intereses criminales, y cuestionar un sistema que sólo ha servido para mantener en la exclusión a cientos de miles de personas en estas zonas que llevan décadas en la marginación.

Éste debe ser el primer paso para luchar contra la corrupción, la ignorancia y la pobreza, y seguramente también sería un camino más eficiente para encontrar a los desaparecidos, castigar a quienes los desaparecieron, y evitar que algo similar vuelva a suceder.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

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