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Los ejemplos en política

Un par de hermanos gemelos repentinamente se quedaron huérfanos y por azares del destino uno fue adoptado por una familia de trabajadores manuales, y el otro fue adoptado por una pareja de músicos políglotas: A la vuelta de algunos años, los hermanos expuestos al vocabulario que escuchaban en casa, hizo que el primero aprendiera lo básico del lenguaje, mientras que el otro hermano hablaba tres idiomas y además entendía el lenguaje de la música.


Justicia por Ayotzinapa


Por analogía, se puede decir que el ejemplo de los líderes o gobernantes “forma” las costumbres de grupos y sociedades.

Lo anterior viene a colación por la recurrente discusión sobre si hay o no conflicto de interés entre prominentes funcionarios de gobierno, ya que los hechos que se discuten públicamente pueden llegar a “definir” prácticas “aceptables” para una sociedad.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, existe el conflicto de interés tanto institucional como personal, e incluso la percepción del mismo debe ser evitada para el buen funcionamiento de la institución, por lo que es importante ver qué se entiende por este término.

“Un conflicto de interés personal es una situación en que los intereses privados de una persona –como relaciones profesionales externas o activos financieros personales– interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones oficiales”.

Actualmente, la “Casa blanca” de la esposa del presidente, la casa de campo del presidente en Ixtapan de la Sal, y el crédito al Secretario de Hacienda para su casa de Malinalco, han sido ampliamente documentados y comentados en distintos medios informativos. Lo que salta a la vista es la “coincidencia” de que las empresas involucradas se han visto beneficiadas con millonarios contratos durante las gestiones estatales y federales de los dos funcionarios.

Regresando al tema de los ejemplos: Si los gobernantes insisten en que no existe conflicto de interés, ya que por el momento no se han documentado procedimientos ilegales en las adquisiciones de los inmuebles, entonces se pudiera inferir que ese comportamiento es “correcto”; y entonces cualquier funcionario de gobierno podría seguir el ejemplo de los principales funcionarios mexicanos de acuerdo a este comportamiento público.

¿Cómo se podrá comprobar que no existe conflicto de intereses, o procedimientos ilegales si no se investiga? ¿Es posible que un empleado de estos funcionarios pueda hacer una investigación imparcial sobre estos asuntos? Por ejemplo, ¿el Procurador General de la República, el Secretario de la Función Pública, o el responsable del Sistema de Administración Tributaria?

El hecho de que los gobernados podamos enterarnos de situaciones como las que se discute, no es suficiente si no existen los mecanismos institucionales que las resuelvan, ya que pueden quedar como una discusión pública donde una falta de investigación y sanción en su caso, puede confirmar que este tipo de actitudes son “aceptables” o “impunes” por omisión.

No pretendo decir que las actitudes éticas lo son en función de su resolución legal e institucional, pero sí que su resolución sirve de ejemplo o referencia para la actuación de otras autoridades y para “educar” a los ciudadanos en materia de corrupción y conflicto de intereses, como en su tiempo la “pedagogía del fraude” significaba un poderoso obstáculo a los procesos electorales democráticos.

Quizá la mejor manera de establecer un eficaz mecanismo de combate a la corrupción sea desarrollar una investigación del Congreso que incluso pueda llevar a juicio político, sanciones y/o remociones que sienten precedente para los funcionarios de todos los niveles de gobierno; de otra manera, la inacción puede hacer que cualquier mecanismo institucional que se instale sea asumido como una manera de simulación burocrática para que todo siga igual.

Los ejemplos de abuso, corrupción e impunidad de autoridades de todos los niveles y poderes son abundantes en la discusión pública, pero prácticamente nulos en los procedimientos institucionales para investigarlos y sancionarlos. Los gobernados necesitamos mejorar nuestro comportamiento ético para que la sociedad mejore; sin embargo, el ejemplo de las autoridades constituye también un poderoso catalizador o inhibidor de actitudes públicas ejemplares.

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