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Encrucijada

Algo tan evidente que hasta los ciegos pueden verlo, es el hecho de que el conflicto magisterial ha rebasado a las autoridades.



Es tal el poder de los rijosos de la CNTE, que dejan sin clases a miles de alumnos, desquician el tráfico en las principales ciudades del país, destruyen pequeños comercios, trasquilan a maestros que se niegan a respaldar a los líderes, humillan a los policías, bloquean las vías férreas que transportan mercancías, agreden a periodistas, impiden el acceso a los aeropuertos –aunque los viajeros vayan caminando– y ocasionan la ruina de pequeñas empresas.

Por su parte, las autoridades se limitan a caer en el juego de un “diálogo de sordos”, en el que las autoridades parecen estar de rodillas, en tanto que los de la CNTE parecen estar sentados en un cómodo sillón imperial.

Y lo peor de todo es que, según los “maestros”, la Secretaría de Gobernación se comprometió a pagar el salario retenido a los maestrillos rebeldes, a reactivar las cuentas bancarias congeladas de la Sección 22 y, ¡el colmo!, reinstalar a los profesores cesados que no se sometieron al examen de evaluación.

Si lo que los maestrillos afirman es verdad, eso significaría una bofetada humillante a los ciudadanos que han trabajado toda su vida, que pagan puntualmente sus impuestos y que no se cansan de producir riqueza.

Quizás fue por ello es que, atendiendo al clamor popular, la Iniciativa Privada se decidió a tomar cartas en el asunto.

Por lo pronto, la COPARMEX ha solicitado un amparo a la vez que exige la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al actuar de este modo, dejan en claro que no pretenden violar la ley al no pagar impuestos, sino que más bien, si no pagan impuestos, es porque –al no tener ingresos– se ven obligados a declarar en ceros.

Por otra parte, otra noticia que sorprendió a la opinión pública fue el amparo que obtuvo el Padre John Andrew Auping Birch, S.J., quien exigía que el gobierno de la Ciudad de México retirase las vallas que bloqueaban la avenida Bucareli impidiéndole llegar a su domicilio.

El sacerdote, quien radica en nuestro país desde 1977, aclaró muy bien que no busca privilegios personales puesto que esta decisión judicial favorece a quienes, como él, padecen el mismo problema. “Lo importante”, dijo el jesuita experto en Economía, “es que tanto los individuos como las instituciones entiendan que hay caminos legales para hacer valer nuestros derechos”.

Desde luego es muy triste que sea un ciudadano extranjero quien nos dé una lección que no debíamos de haber olvidado.

Y es que –ante una apatía política que se dio durante décadas– hemos olvidado la dignidad que tenemos como ciudadanos.

“Yo pienso que a veces la gente está acostumbrada a resignarse”, continuó el Padre Auping. “Llevo cuarenta años en este país y creo que sí hay muchas posibilidades de defenderse por el camino legal en contra de las omisiones de los diferentes niveles de gobierno”.

Ése, y no otro, es el camino que, desde un principio, debieron haber seguido los líderes del magisterio: El camino de la ley. Un camino que consiste en el cumplimiento estricto de las normas jurídicas y que protege de modo muy especial el juicio de amparo. Sí, el mexicanísimo juicio de amparo que procede en contra de leyes o actos de autoridad que lesionan los derechos garantizados en la Constitución.

Los maestros pudieron haberse amparado, pero no lo hicieron porque ni son maestros ni buscan el imperio de la ley. Son simples agitadores sociales que pretenden llevar agua a su molino con miras a las elecciones presidenciales de 2018. Y dentro de su jugada desestabilizadora poco les importa arruinar la economía de miles de mexicanos, que alimentos y medicinas jamás lleguen a humildes pueblos oaxaqueños y que el país se debata en medio de una de las peores crisis de los últimos tiempos.

Por lo pronto, un sacerdote extranjero, la CONCANACO, la CONCAMIN, la COPARMEX y demás organismos cúpula del sector empresarial se han presentado en el escenario, no atacando a los agitadores de la CNTE, sino más bien exigiéndole al gobierno que cumpla con su deber.

Es muy fácil reprimir a pacíficos empresarios que producen; lo difícil es aplicar la ley castigando a quienes están incendiando al país.

El gobierno se encuentra en una encrucijada: ¿Actuará conforme a derecho o responderá reprimiendo al pacífico pero productivo sector empresarial?

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

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