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México: investigan la venta de bebés

El ex procurador del estado de Sonora, Carlos Navarro Sugich y la ex presidenta del Sistema DIF de Sonora (México), Iveth Dagnino de Padrés, así como otros 20 funcionarios del gobierno estatal mexicano fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación u omisión en la venta de bebés. Se trata de una presunta práctica de hace años aunque incrementada notablemente desde el 2012.


Escandalo Sonora


La denuncia fue presentada por Juan Manuel Estrada, representante de la Sociedad Civil en la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación mexicana, por los delitos de omisión, abuso de autoridad y encubrimiento de autoridades estatales.

Así se mostraba Estrada el pasado 10 de septiembre:

 "Desde el día de ayer el procurador de Justicia y la esposa del ejecutivo son indiciados penalmente, ellos tienen que estar sujetos a una investigación penal federal (…) que pudiera estar tipificada en el área de trata de personas".

Además del ex procurador y de la expresidenta del DIF están denunciados la Secretaría de Salud y los trabajadores del Hospital Infantil del estado de Sonora de donde presuntamente se extraían a los menores. Estrada considera que hubo muchas complicidades:

"Esta red de complicidades va más allá de dos funcionarios públicos, va más allá de dos personas, debe de estar inmiscuida mucha más gente: los médicos que extienden los certificados, las gentes del registro civil”.

Por su parte, el ex procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, trató de minimizar la denuncia cursada contra él y dijo haber informado de las investigaciones al gobernador, Guillermo Padrés, esposo de la presidenta del DIF…

Ante el escándalo generado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado una investigación en el caso de Sonora en donde presuntamente menores fueron vendidos por autoridades del gobierno. También INTERPOL investiga la presunta trama de tráfico de bebés.

Diversos estudios apuntan a que el 93% de los delitos permanecen impunes en México, especialmente si el presunto delincuente es un político. Por eso CitizenGO ha lanzado una campaña para que la Procuradora General de la República llegue “hasta el final, caiga”.  Este es el mensaje que han enviado ya miles de mexicanos:

¿La esposa del gobernador estaba implicada? Y si no lo estaba, ¿pudo realizarse sin que se enterara? Si así fue, ¿no faltó a su obligación de debida vigilancia? En cuanto al Fiscal de Sonora, que dice investigar el caso, ¿puede investigar quien está presuntamente implicado en la trama?, ¿no existe riesgo de destrucción de pruebas?

Si quieres sumarte a la campaña, puedes hacerlo AQUÍ.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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