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Pendientes Legislativos

Quedan apenas cuatro días para que cierre un periodo ordinario de sesiones más en el Congreso de la Unión. Lamentablemente, todo apunta a que nuevamente se postergarán asignaturas fundamentales que atañen a asuntos críticos para México.



Nos preocupa que los procesos electorales del próximo año, con la politización natural en el último tramo del sexenio, hagan que se dejen de lado los temas que le interesan y ocupan a los ciudadanos y a los sectores que necesitan y demandan diversas reformas y resoluciones del Poder Legislativo.

En este sentido, diputados federales, senadores y partidos políticos deberían hacer un ejercicio de rendición de cuentas de cierre de periodo, con compromisos puntuales sobre las prioridades de la agenda legislativa, para completar lo que sea factible en esta semana y abordar el resto con diligencia desde el inicio del 2017.

Es cierto que no se debe legislar ni tomar decisiones precipitadas, por cumplir con los plazos -aunque muchos de ellos los determinaron los mismos legisladores-; sin embargo, algunos de los pendientes son urgentes desde hace años, y deben atenderse.

Para que en México avancemos al paso requerido en los grandes retos nacionales, incluyendo el desarrollo de nuestra democracia, los ciudadanos debemos involucrarnos más, con esa dinámica de retroalimentación con nuestros representantes.

En este periodo se aprobó en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos; en términos generales, en congruencia con los retos que presenta 2017 y las limitaciones y prevenciones que debían tomarse de entrada. No obstante, hay otros temas que requieren el mismo nivel de responsabilidad y presteza.

Es de destacar el rubro de seguridad pública y el de la seguridad nacional.

Ahí tenemos la asignatura crucial de los mandos policíacos unificados o mixtos en los estados, para enfrentar la precariedad de la que adolece un gran número de municipios frente a la delincuencia.

Necesitamos consolidar una estructura institucional eficaz y a la altura de las circunstancias actuales, en materia policíaca y de protección a la ciudadanía. Hemos tardado 10 años en fortalecer las policías locales y un marco que permita que en todo el país los estados tengan instituciones preparadas y adecuadas para enfrentar a la delincuencia; hemos recurrido a las fuerzas armadas de manera temporal, pero ya tenemos 10 años en los que no hemos podido avanzar con esta agenda. Por eso es urgente una definición adecuada y clara de competencias, corresponsabilidad y coordinación.

Desde noviembre de 2014, el Presidente de la República promovió iniciativas legales con carácter de urgente, en el marco del Decálogo por un México con Justicia, Unidad y Desarrollo. El paquete incluía una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales, propuesta de redefinición estructural de competencias jurisdiccionales y los ya citados mandos estatales, entre otros puntos.

Más aún, algunos de estos temas se discuten desde varios años antes, y se incluyeron en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, suscrito en el 2008 por todos los poderes de la Federación y los partidos políticos. Precisamente este mes se cumplen 10 años del escalamiento del combate a la delincuencia organizada, con la participación directa de las fuerzas armadas.

Desde entonces se han cometido más de 150 mil homicidios relacionados con el crimen organizado, hay decenas de miles de desaparecidos y desplazados, y sin embargo, no se han dado esos cambios fundamentales en el sistema policiaco nacional. Mientras tanto, las fuerzas armadas siguen cumpliendo -de forma emergente y extraordinaria, pero que se ha vuelto permanente- labores que corresponden al orden civil, y sin la debida certeza jurídica.

Urge aprobar reformas en materia de seguridad interior que den claridad y certidumbre a las responsabilidades y actividades de las corporaciones policiacas, el Ejército y la Marina, que cumplen con patriotismo y profesionalismo las funciones que han venido haciendo de manera subsidiaria.

Hay un avance importante con la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada en días pasados. Se basa en el postulado de salvaguardar la continuidad de las instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Pero hay que acelerar el proceso legislativo. Ya son muchos años sin cubrir esta necesidad y demanda, no sólo de las fuerzas armadas, sino de la sociedad civil y el sector empresarial.

Insistimos en que en México necesitamos renovar un pacto nacional por la seguridad pública y el Estado de derecho y justicia. En éste, un requisito fundamental es completar las reformas de mandos policíacos y de seguridad nacional, al igual que otros pendientes de primer orden en la agenda legislativa: leyes sobre tortura, atención a víctimas, desaparición forzada y violencia contra mujeres, entre otras.

De igual forma, hay que avanzar con mayor contundencia en la segunda etapa del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la de su implementación. No podemos bajar la guardia en este desafío de la nación.

Se han pospuesto los nombramientos finales de quienes encabezarán las instituciones estratégicas como la Fiscalía Especializada Anticorrupción y los miembros del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción. Esperamos se avance en esta asignatura desde el inicio del año. Los ciudadanos debemos participar activamente en el proceso para cortar el camino a las cuotas partidistas o a imposiciones.

Se ha hecho un adelanto importante en el amplio paquete de iniciativas sobre Justicia Cotidiana, que va desde temas como catastros y mecanismos alternativos de solución de controversias y sistema nacional de mejora regulatoria, hasta cambios en derecho laboral, procesal, civil y mercantil. Todas estas son reformas que deben cerrar espacios a la corrupción, al mismo tiempo que facilitan la vida a los ciudadanos y a las empresas. Esperamos que se consoliden estas reformas y las leyes correspondientes durante el inicio del 2017; que no se pierda este impulso de transformación, que lo tomemos con agenda, y que tenga los objetivos específicos en el primer periodo ordinario de sesiones.

La lista de pendientes es larga, y también incluye temas muy importantes para la iniciativa privada y la economía nacional. Es el caso de la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Aguas. Ante el complejo entorno económico en el corto y el mediano plazo, no deberían postergarse más aquellas alternativas y oportunidades para impulsar la inversión, la generación de empleo y el crecimiento, mediante mecanismos que brinden certeza jurídica y generen confianza para que se generen las inversiones.

Los cierres de periodo en nuestra democracia deben conllevar el correspondiente corte de caja, el análisis, el balance, para que queden claros los activos y los pasivos que se dejan. Son varios e importantes los pendientes, y mucho tiempo antes de que comience el próximo periodo, en abril.

Tenemos que arrancar el 2017 con compromiso y proactividad en los asuntos fundamentales para el interés nacional y de los ciudadanos. Porque es nuestra nación, nuestro país, México.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

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