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Posicionamiento ante la Constitución CDMX

El sector privado siempre apoyó la opción de dar un nuevo estatus jurídico a la Ciudad de México, y nos mantenemos en esta posición: concebimos el proceso de diseño de la nueva Constitución como una gran oportunidad de generar un estatuto modelo, como corresponde a una urbe de estas dimensiones e importancia, capital de todos los mexicanos y sede de los poderes de la Unión.



Sin embargo, también hemos dejado asentado (y ésta es una posición que compartimos tanto organismos de representación empresarial de carácter nacional como los locales de la Ciudad de México) que debe evitarse que este ejercicio político se vuelva un instrumento para consignar aspiraciones, agendas y programas partidistas, ideológicos o de grupo. Más aún si se incorporan propuestas que resulten inviables o que vulneren otros derechos, como efecto colateral.

La Constitución debe ser incluyente y sustentarse en ejes rectores que otorguen certeza jurídica, respetando por igual los derechos de todos los ciudadanos y con bases sólidas para la gobernabilidad, viabilidad funcional y operativa para el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la legalidad. Es fundamental, asegurar el desarrollo de las actividades económicas, sin imposiciones que la entorpezcan innecesariamente, generando costos y cargas que acaban lesionando al bien común.

En este sentido, en el marco de los plazos establecidos para presentar observaciones al texto propuesto, el Consejo Coordinador Empresarial, en conjunto con los organismos empresariales agrupados en el G-9 de la Ciudad de México y la Barra mexicana de Abogados, presentamos un documento con propuestas y principios que, desde nuestra perspectiva, deben explicitarse en la Constitución de la Ciudad de México.

Hemos puesto un acento importante en la vertiente económica, a fin de contribuir a alentar el crecimiento, la inversión y un entorno favorable para la apertura y operación de empresas y negocios, y por tanto la generación de empleos. Sin embargo, nuestro principal interés es que se dé toda la atención necesaria a asegurar la certeza jurídica y a un adecuado balance de la Constitución en cuanto a derechos, obligaciones y facultades y capacidades para que puedan ejercerse en los hechos, sin contradicciones.

Estamos trabajando con las distintas comisiones de trabajo del Constituyente, con las fracciones partidistas y los asambleístas en lo particular, y con el Presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas. Con todos ellos hemos encontrado apertura y disposición al diálogo para nuestras inquietudes y propuestas.

Son varios los planteamientos y las sugerencias que estamos promoviendo, pero en particular, hay seis asuntos que es fundamental revisar.

1) Consideramos que la Constitución de la Ciudad de México debe contemplar explícitamente el fomento a la industria, el comercio, la prestación de servicios y el turismo, como actividades que permitan generar empleos en beneficio de nuestra comunidad y a favor de una justa distribución del ingreso y la riqueza. En el texto actual falta precisar el reconocimiento a la libre iniciativa de las personas y las empresas como motor fundamental del crecimiento económico que, a fin de cuentas, garantizará mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos.

Asimismo, es fundamental que se provean de manera explícita y suficiente condiciones propicias para promover el crecimiento y la competitividad.

2) Vemos con preocupación que a lo largo del texto, en reiterados pasajes, se plantea un modelo de gobierno que otorga primacía a objetivos sociales que podrían contraponerse o incluso quedar por encima de las libertades y derechos individuales de los ciudadanos.

Varias de estas disposiciones, de hecho, pueden vulnerar los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, la libre concurrencia, la libertad y la propiedad, si no son delimitadas con precisión y oportunidad. De particular preocupación resulta el que se entronice un interés social vago sobre el interés público. Inquieta que pueda abrirse la puerta a cuestionamientos sobre la propiedad privada, base fundamental de nuestro Estado de Derecho.

La Ley debe ser general, abstracta e impersonal y, por tanto, es conveniente que en la Constitución se señale expresamente que el ejercicio de los derechos individuales o colectivos no puede ni debe atacar los derechos de terceros, significar la comisión de algún ilícito o perturbar el orden público, so pena de sancionarse por la ley de la materia correspondiente, ya que el Estado no debe permitir la impunidad.

Además, en el quehacer legislativo, y más aún en el quehacer constitucional, es fundamental distinguir entre aspiraciones y derechos que realmente pueden ser ejercidos y garantizados por el Estado.

3) En todas las manifestaciones de la libre expresión reconocidas por la legislación, es indispensable que se señale expresamente que el ejercicio de los derechos no debe afectar los derechos de terceros, ello otorga certeza jurídica y sana convivencia social.

4) Resulta inaceptable que, mediante el reconocimiento y el otorgamiento de derechos y prerrogativas al comercio ambulante, se legitime una actividad que resulta ilegal, privatizando así constitucionalmente el espacio público.

No hay en la iniciativa un mecanismo que postule una transición hacia la formalidad de esta actividad, pero además, se crea un incentivo perverso para la perpetuación de la informalidad, que condena a la ciudad a recursos disminuidos, y a los mismos trabajadores a ver limitado su crecimiento y bienestar futuro.

No podemos legalizar y dar carta de pleno derecho a lo que es irregular por naturaleza. Más aún, ante el desafío de que cerca de 75% de la incautación nacional de piratería se realiza en la Ciudad de México. Lo que necesitamos es generar un entorno económico propicio para que crezca de manera sostenible la economía formal, para que la gente no tenga que recurrir a opciones como el ambulantaje.

5) Existen diversas iniciativas relacionadas con consultas vinculantes en materia ciudadana, marchas y manifestaciones, plusvalías de inmuebles, y uso de suelo, entre otras, que pueden desincentivar de forma grave la inversión en la ciudad, la generación de empleo y la movilidad social.

6) Hay que destacar que el proyecto constitucional invade atribuciones que competen al ámbito federal, estableciendo disposiciones en áreas como derechos laborales, comercialización de alimentos, y relaciones de consumo entre proveedores y consumidores, que ya son reguladas a nivel federal y, por tanto, no pueden ni deben ser abordadas en esta norma.

En síntesis, el sector empresarial llama a una profunda y profesional revisión del texto propuesto, tomando como principio rector la teoría constitucional clásica, que marca a la Constitución como un acuerdo fundacional de cualquier sociedad y, como tal, limitado a los postulados indispensables que se requieren para la vida en común.

Hagamos que ésta sea una Constitución ejemplar, en el texto, pero también en su capacidad real de garantizar los derechos ciudadanos fundamentales y realmente servir, en los hechos, al bien común, con certeza jurídica para todos.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

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