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Prioridades de la Ley de Ingresos

El complejo panorama económico, y en particular la situación comprometida de nuestras finanzas públicas, acotan fuertemente la capacidad de impulsar el crecimiento económico en el corto plazo por la vía de la política fiscal. Por eso es fundamental identificar y aprovechar al máximo las alternativas viables que en este momento puedan estimular la inversión, la creación de empleos formales y el mercado interno, y en contraparte, evitar cualquier medida que inhiba la actividad económica.



Esta medida es clave en ese sentido, dado que el 20 de octubre es el límite para que la Cámara de Diputados apruebe el dictamen inicial de la Ley de Ingresos para el 2017. Ante un escenario de desaceleración económica global y nacional, apelamos a la sensibilidad de los legisladores federales para que actúen en consecuencia, a favor del crecimiento.

Prácticamente hay consenso sobre las tendencias desfavorables, tanto para el cierre de este año como para el 2017. Las perspectivas de la encuesta a especialistas del Banco de México son similares a las del Fondo Monetario Internacional, ambas de la semana pasada: no esperan un crecimiento mayor a 2.1% del PIB en 2016 ni superior a 2.4% del PIB en 2017.

El pronóstico para Estados Unidos fue el que más bajó, desde la estimación previa de agosto, de 2.1 a 1.6 por ciento, por lo que se vuelve aún más importante conservar y reforzar la reactivación del consumo interno en nuestro país. Además, no podemos obviar lo turbio que luce el escenario internacional en los próximos meses y hacia el próximo año, con varias fuentes de inestabilidad.

Necesitamos fortalecernos internamente, ajustando las variables macroeconómicas claves para blindarnos de la volatilidad lo más posible y asegurando que tengamos las mejores condiciones posibles para el crecimiento, más allá de la debilidad que persiste en la economía global.

En la Ley de Ingresos 2017 hay que conservar y reforzar los aspectos positivos planteados en la iniciativa del Ejecutivo Federal, eliminar o enmendar los que tendrían efectos contractivos y añadir medidas que puedan impulsar la actividad económica, sin menoscabo de la salud de las finanzas públicas y del ajuste que hay que realizar.

Entre los puntos positivos, destacamos la posibilidad para las personas físicas, de que éstas deduzcan las aportaciones personales que se hagan a los planes de retiro contratados de manera colectiva, sin que les sean aplicables las limitantes de las deducciones personales anuales.

Asimismo, eliminación de la obligación de acumular estímulos fiscales, cumpliendo ciertas formalidades; crédito por investigación y desarrollo de tecnología, equivalente al 30% de las erogaciones que realicen por este concepto contra el Impuesto sobre la Renta; igualmente es importante el crédito para el desarrollo de infraestructura para el deporte de alto rendimiento, incentivos para la exploración y producción compartida de hidrocarburos y el Impuesto al Valor Agregado de 0% en exportación de servicios de tecnologías de la información.

Varios nuevos estímulos: biodiésel, gastos de peaje en carreteras, adquisición de combustibles, concesionarios y asignatarios mineros con ingresos menores a 50 millones. Asimismo, disminución de PTU para pagos provisionales, donación de alimentos y medicinas, empleo a personas con discapacidad y a la industria cinematográfica; exención al ISAN para la compra de vehículos eléctricos y en el pago de derecho por importar gas natural.

En lo que atañe a la simplificación, se da validez al uso de firma electrónica en contratación entre particulares y el buzón tributario se extendería para uso con autoridades distintas a las fiscales, entre otras medidas. En particular, se plantea un esquema alternativo de cumplimiento, favorable para las personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos. En este punto estamos proponiendo que se extienda esta alternativa para todas las empresas que vendan hasta 1 millón de pesos mensuales.

Entre los aspectos negativos, queremos hacer hincapié en cuatro que no deben pasar, porque realmente serían contraproducentes para las empresas y la actividad económica.

En primer término, muy en especial, nos preocupa mucho  el tema del acreditamiento del IVA por inversiones en períodos pre operativos. De manera desafortunada, se difiere este derecho y la devolución del IVA por las erogaciones realizadas hasta el momento en que se inicien las operaciones de una empresa. Ello implicará un costo financiero verdaderamente significativo para las empresas que estén invirtiendo, además de la necesidad de modificar los modelos de inversión que se venían aplicando. Esto representa un claro retroceso y desincentivo para la inversión.

En segundo término, la retención de ISR por intereses. Se modifica la mecánica de cálculo de la tasa de retención de ISR por pago de intereses. Esto da como resultado un incremento en la tasa para quedar en 0.58% en lugar del 0.50% vigente; un incremento, de  tal magnitud, que contraviene a lo establecido en el pacto de no establecer nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya existentes.

En tercer término en la iniciativa. Deberán incorporar reglas de gobierno corporativo aquellas donatarias filantrópicas con ingresos de más de 100 millones o activos mayores a 500 millones y se incorpora como supuesto de liquidación cuando les revoquen la autorización o cambien de residencia, debiendo en consecuencia transmitir la totalidad de su patrimonio a otra donataria, entre otras medidas. Esto es inaceptable; generaría una gran incertidumbre e inhibiría la actividad filantrópica en México. Se requiere revisar.

Y por último, en cuarto término. En términos generales los derechos se actualizan por la inflación y se realizan algunas precisiones, pero resalta un incremento significativo en el caso de los derechos que se cobran por el análisis de las consultas en precios de transferencia. Esto es muy gravoso para las pequeñas empresas, al pasar los derechos de 12 mil 912 a 216 mil 308 pesos; significará un gran esfuerzo y un gran costo para las pequeñas empresas.

En otros aspectos, sobre todo los que faltan en la prioridad de impulsar la actividad económica, destacamos en particular la deducción plena de las prestaciones laborales, que hasta el momento solo pueden ser deducibles del 47% al 53% de las mismas, al menos necesitamos que sean deducibles las prestaciones laborales obligatorias por Ley, como aguinaldo, prima vacacional, horas extras y PTU. El haber eliminado esto, con la última reforma fiscal, ha sido muy gravoso para muchas empresas y está desincentivando la formalidad. Afecta por igual a los empleadores y a los trabajadores, y hay un punto fundamental en este sentido: necesitamos pagar las prestaciones laborales de nuestros trabajadores para que tengan un salario integral superior, de acuerdo a su propia productividad, y que el propio gobierno reconozca al menos las prestaciones de ley que necesitamos, y que nos obliga la ley a otorgarles.

 

Por otra parte, consideramos que es tiempo de considerar medidas como un tratamiento fiscal para desperdicios industriales, un régimen de salida en las SIBRAS, y la deducción al 100% de los vehículos eléctricos e híbridos.

Igualmente, deducción al 100% de gastos pre operativos y de exploración del sector minero, acreditamiento del 10% de dividendos contra el ISR del ejercicio y actualización de las tarifas de ISR de personas físicas, para cumplir con los principios de progresividad y equidad.

El llamado que hacemos a los legisladores es muy concreto: agotemos las opciones que tenemos para estimular y favorecer la inversión, el empleo y el poder adquisitivo, y sobre todo el ahorro de las familias mexicanas. Evitemos todo gravamen o medida que desacelere el crecimiento. Sobre todo hoy, que es imperativo reforzar los crecimientos internos de nuestra economía.

 

 

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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