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Política económica frente a la volatilidad

La volatilidad en los mercados y en particular en el tipo de cambio no debe llevarnos al error de confundir lo coyuntural con factores de fondo, los desafíos de corto con los desafíos de largo plazo, y lo estratégico con lo táctico. Sin embargo, ya hay suficientes señales de alerta, que llaman a la acción responsable en materia fiscal, monetaria, económica y política.



No se trata de caer en el sobresalto: nuestra economía hoy y el contexto que vivimos son completamente distintos a las crisis devaluatorias del pasado. Pero tampoco podemos menospreciar los focos amarillos.

De entrada, tenemos que hacernos a la idea de que la volatilidad y la incertidumbre llegaron para quedarse por un tiempo indeterminado, en todo el mundo y más aún en México, por sus circunstancias particulares. Lo que procede es actuar consecuentemente.

Es poco lo que podemos incidir en el curso de asuntos como las elecciones en Estados Unidos o los precios del petróleo internacional. A lo que sí estamos obligados es a corregir los desequilibrios en variables fundamentales para la estabilidad macroeconómica de nuestro país, que no han dejado de deteriorarse, ampliando nuestra exposición y debilidad ante los riesgos internacionales.

En la política monetaria, esta misma semana, deberán aparecer señales que alienten la confianza desde la junta de Gobierno del Banco de México. Confiamos que se tomarán las decisiones adecuadas, con la responsabilidad que ha sido hasta ahora la tónica que los caracteriza.

Hay que hacer hincapié en que el mecanismo del tipo de cambio libre está cumpliendo con su función de dar flexibilidad y absorber los choques externos. Antes, con el control de cambios, siempre las devaluaciones y sus consecuencias acababan siendo devastadoras para la población y nuestra economía.

El banco central debe apegarse a su cometido de asegurar la estabilidad de precios, ejerciendo su autonomía frente presiones de coyuntura o de índole política. Lo más importante es cuidar que no se detenga la recuperación que ha tenido el poder adquisitivo de importantes sectores de la población. No podemos permitirnos que se debilite el mercado interno, que es lo que nos ha dado gran parte del poco crecimiento que mantenemos, a pesar de la escena internacional.

Hasta ahora, el impacto del tipo de cambio para la mayoría de la población ha sido mínimo. Desde el cierre del 2013 -cuando comenzó la tendencia con la caída en los precios del petróleo- la depreciación de nuestra moneda es de más de 51%, mientras que, en ese mismo lapso, la inflación general acumulada fue de sólo 7.6% y la subyacente de 8.2 por ciento durante estos años. Esto evidencia además el esfuerzo realizado por las empresas  para absorber los costos y amortiguar una repercusión en precios, que pudiera haber sido y parecer justificada.

Como se dio a conocer también la semana pasada, la inflación a tasa anual al corte de la primera quincena de este mes -de 2.88%- sigue en niveles históricamente bajos para cuatro décadas.

Lo que llama a la acción es la tendencia, porque cada vez hay más evidencia de presión, con cuatro meses de variaciones consecutivas al alza, siendo la última la más elevada para periodo similar en nueve años. En varios rubros el impacto es ya fuerte, y aunque el traspaso de costos no ha sido excesivo, se aprecia esta trayectoria clara al alza, especialmente en las mercancías no alimenticias.

El hecho de que la inflación subyacente sea superior, es claro signo del efecto del tipo de cambio.

Con esa perspectiva, y todo lo que viene en el calendario que será fuente de volatilidad, es muy importante la política que decida seguir el Banco de México. Sin embargo, la clave para generar confianza para el 2017 y a más largo plazo reside en la política fiscal. Existe consenso en cuanto a que los focos de vulnerabilidad para la estabilidad macroeconómica: principalmente el aumento constante del déficit y de la deuda  del sector público, que han incidido en desequilibrios en el balance de pagos del país. Es claro que la pronunciada depreciación del peso se debe en gran medida a estas debilidades internas, que recrudecen los temporales del exterior.

En general, hay acuerdo en cuanto a la necesidad de reducir el gasto público y el peso de la deuda, como una tarea impostergable ya: es tiempo de corregir. La disyuntiva está en cuánto es suficiente y en qué rubros deben darse los recortes.

Pensamos que la reducción en el presupuesto por 239 mil millones de pesos propuesta por el Ejecutivo Federal es  insuficiente ante todos estos retos. De entrada porque no alcanza para reducir la deuda como proporción del PIB que, al final del ejercicio, estaría entre 52.5 y 53%, sin contar la de los estados, de aproximadamente el 3%. Es pertinente hacer un esfuerzo aún mayor, para llegar a un ajuste de cuando menos 300 mil millones de pesos.

Esa disminución adicional es totalmente viable, si consideramos la revisión a partidas como las aportaciones a entidades federativas para complementar gastos, que alcanzan los 650 mil millones de pesos, máxime que los estados tienen un aumento asegurado del 5.3% en sus participaciones.

Asimismo, hay más tela de donde cortar en subsidios, que superan los 400 mil millones. Sumado, es casi un billón de pesos de dónde generar los ahorros que hacen falta. Hay innumerables áreas de gastos superfluos que también se deben de racionalizarse.

Por otro lado, los otros poderes de la Nación, tanto el legislativo como el judicial, tienen que dar muestras de poder encontrar mecanismos de ajuste y de ahorro para racionalizar sus propios gastos.

Porque una cosa es segura: si nos quedamos cortos, la presión al tipo de cambio puede ser aún mayor. Sin tocar la inversión, gasto social y prioritario, se pueden emitir señales de certidumbre mucho más contundentes a todos los agentes económicos, nacionales e internacionales, con un ajuste más sustantivo y rápido. En cambio, propuestas como las de aumentar impuestos a contribuyentes cautivos o de nuevos gravámenes son totalmente improcedentes ante el panorama de debilidad económica, ante la necesidad de fortalecimiento de nuestra economía interna.

Simplemente consideremos que más de la mitad del aumento esperado en la recaudación, alrededor de 242 mil millones de pesos, se irá al pago del costo financiero de la deuda y para engrosar las participaciones a los estados. Lo que tenemos que hacer, más bien, es cuidar la inversión, apuntalar y mejorar los estímulos a la actividad económica de personas y empresas, para que la actividad económica crezca, y contribuya de una manera más fortalecida a las finanzas nacionales.

La racionalización del gasto público no tiene por qué afectar el crecimiento, en la misma proporción en la que su aumento exponencial a lo largo de décadas, no colaboró para aumentarlo. Desde el 2012, el crecimiento acumulado apenas rebasará el 11%, inferior al incremento de la deuda del 12 por ciento.

La reforma a fondo de nuestro sistema hacendario sigue siendo uno de los grandes pendientes de la nación. Es importante que avancemos en ese sentido desde ahora.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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