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Que la Constitución CDMX no responda a una ideología en particular

Este pasado jueves 15 de septiembre iniciaron los trabajos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, para discutir, redactar y aprobar su Carta Magna como entidad federativa autónoma, estatus que tiene la capital de todos los mexicanos desde inicios de este año.



La nueva Constitución deberá estar lista el 31 de enero del 2017.

Lamentablemente, todo este proceso, desde la realización de la reforma constitucional del 2015 en el Congreso de la Unión, se ha caracterizado por el desinterés y la falta de participación ciudadana, confirmada con una abstención de casi 72% en los comicios del 5 de junio para elegir representantes populares para esta Asamblea. Tal motivo es lamentable y no puede seguir así: hay temas fundamentales de por medio, no sólo para los habitantes de la mayor ciudad del país y su futuro, nuestra capital, sino para la nación misma, como la sede de los poderes de la Unión que seguirá siendo.

Es una oportunidad para avanzar en el desarrollo democrático de México, pero no  podemos menospreciar los riesgos que existen en un proceso de esta magnitud.

El punto de partida es la iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno, que debe ser motivo de un profundo análisis y debate ciudadano, no sólo en la Asamblea, y de consulta con especialistas y sectores. En el sector empresarial estamos revisando a detalle el planteamiento, para emitir nuestros posicionamientos y las propuestas correspondientes.

Por lo pronto, es oportuno marcar algunos principios y lineamientos generales que deberían seguirse en este histórico proceso constitucional, así como algunos factores de riesgo o de atención en lo particular.

Como toda Constitución de un Estado, la de la Ciudad de México debe establecer directrices generales, los ejes y pilares fundamentales de la organización política para la convivencia social, pero no sobrerregular y constreñir la vida pública y su evolución, y menos aún la de los individuos y las organizaciones de carácter privado.

Una constitución debe concentrarse e idealmente limitarse a tres factores: garantizar los derechos humanos judicialmente exigibles, organizar a los poderes públicos con sus respectivas competencias y definir la participación ciudadana en las elecciones y en toma de decisiones. Al tratarse de un ordenamiento local, la de la Ciudad de México tiene que supeditarse a lo dictado por la Carta Magna de la nación,  en la letra y en el espíritu. Esto aplica para un gran número de materias: lo mismo en derechos humanos que en división territorial, en sistema financiero que en energía, anticorrupción, transparencia o fiscalización, entre muchas materias.

Una Constitución como la de la Ciudad de México no es el instrumento idóneo para consignar aspiraciones, agendas y programas de los grupos y fuerzas partidistas involucrados en su redacción. Menos aún ante una realidad política, económica y social tan compleja y plural como la de la capital.

Habrá que tener presente, en todo momento, que una constitución democrática busca establecer cimientos sólidos para la organización social con una perspectiva incluyente y de largo plazo, y no responder a una ideología en particular o al balance de fuerzas políticas de una coyuntura en un tiempo determinado.

Temas que generan polémica y división en la sociedad, deben construir sobre la unidad, deben dejarse para la discusión en lo particular en las legislaciones que correspondan, además de contemplar mecanismos de democracia directa y apegarse a los lineamientos nacionales.

Hay que insistir en que no se puede construir desde cero. La nueva Constitución no sólo tiene que sujetarse a la de la República, sino a toda legislación y jurisprudencia de alcance federal y a los tratados internacionales suscritos por México. De no ser así, podría generar  innumerables litigios y controversias que acabarán siendo resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El reciente caso de las resoluciones en contra de leyes locales anticorrupción que fueron aprobadas sin atender las disposiciones del Constituyente de la República debería servir de advertencia para el futuro.

Por otra parte, la Constitución de la Ciudad de México necesariamente debe tomar en cuenta la condición especial de asiento de los poderes federales, que fue la razón de la concepción previa como Distrito Federal.

Por encima de su autonomía, el gobierno de la Ciudad de México, nuestra capital, está obligado a salvaguardar las instituciones nacionales y las instalaciones estratégicas que alberga. Lo contrario sería fuente de ingobernabilidad.

Finalmente, haciendo hincapié, hacemos un llamado para que la nueva constitución no se llene de “buenos deseos” o disposiciones incumplibles, que ataría en la práctica los presupuestos, que primero hay que generarlos.

Este tipo de legislación es más útil para la demagogia y los intereses partidistas que para la gente. Pensemos en la gente, y en el futuro de la ciudad, y después discutamos las posiciones partidistas. Por eso también es tan importante que haya un balance entre derechos y obligaciones.

En lo particular, hay varios asuntos delicados, en la iniciativa o en posturas de los partidos, en los que estaremos abundando en lo sucesivo. Por ejemplo, la instauración de derechos loables, pero inviables en lo inmediato, como acceso gratuito a Internet, y otros muy polémicos, como en consumo de drogas, y más aún si consideramos que la salubridad general es rubro de competencia federal.

La propuesta de un Tribunal constitucional local también es cuestionable: podría rebasar competencias que corresponden a instancias nacionales e internacionales. Lo mismo aplica para instrumentos como el referéndum o el plebiscito si abarcan cuestiones no incluidas en la legislación federal o derechos sumamente ambiguos como el de “resistencia civil”.

Herramientas ciudadanas como la revocación de mandato o la consulta a pueblos y comunidades, ameritan una amplia discusión ciudadana de sus ventajas y riesgos.

Como sea, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es un paso trascendental y de enormes implicaciones. Debemos asegurar sean positivas, que estén enfocadas en el bien mayor, y merece la mejor atención y seguimiento de todos: en la Ciudad de México y como país. A todos nos incumbe que esta Constitución sea viable, adecuada y pertinente para las necesidades de una megalópolis tan compleja, así como congruente con los preceptos y requerimientos básicos de democracia y federalismo que rigen a nuestra República, nuestra querida Nación.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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