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¡Ya Basta: Es hora de recuperar la Paz, el Respeto y la Legalidad!

¡Ya basta! Los derechos y la seguridad física y patrimonial de ciudadanos y empresas no pueden ser moneda de cambio de ningún proceso de diálogo o negociación entre un grupo en particular y las instituciones del Estado.


México; CNTE, violentos, delictivos


Ha llegado a un punto inaceptable la disrupción en varias zonas del país de la legalidad, el orden y la paz pública por parte de la CNTE y otros grupos afines, que no son representativos de la mayoría de los maestros y que en muchos casos persiguen Intereses particulares: al hartazgo social y riesgos de ingobernabilidad, por la impunidad con que se da, los costos económicos para la población ajena al conflicto y porque no se ve voluntad para resolver el problema pronto y de forma perdurable. Como nación, no podemos permitir que se siga trastornando así nuestra vida económica, social y política.

El reclamo a la CNTE es puntual: que deponga sus acciones y métodos irresponsables, violentos y delictivos, que recurren a la violación sistemática de derechos a terceros como forma de extorsión para sus demandas y preservar sus propios intereses, más allá de si hay o no legitimidad en éstas.

Para las instituciones del Estado mexicano y sus responsables, en los tres órdenes de gobierno, la demanda es igualmente concreta: honren su razón de ser y mandato constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Quiero ser muy claro: Nadie pide que se reprima la protesta, sino que se respeten los derechos de todos por igual y se proteja a la población.

El diálogo debe prevalecer, pero no a costa de la ley, el orden y la tranquilidad pública, y menos aún si quien paga los costos y las pérdidas es la sociedad, son los ciudadanos.

 

Además de frenar cambios para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, en especial en algunas de las zonas más castigadas por la pobreza y la exclusión, el conflicto está generando afectaciones muy serias y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población y la sociedad.

A los problemas de desabasto de productos básicos en las zonas donde se concentran las movilizaciones, se agregan los que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras, puertos y ferrocarriles.

Hay una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo cotidiano.

No es de extrañar que, en esas condiciones, se estén dando paros técnicos en centros de trabajo, junto con la acumulación de pérdidas millonarias. El riesgo, totalmente real, es que estos paros se multipliquen.

En el puerto de Lázaro Cárdenas se estima una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17%, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos.

Súmese a eso las filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o en casos como el sector siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales.

Para el turismo, basta recordar su importancia para una ciudad como Oaxaca, donde más de una tercera parte de los turistas que iban a asistir a las fiestas de la Guelaguetza han cancelado su viaje. Las pérdidas de hoteleros en las costas de Oaxaca o en Chiapas son enormes; el daño a la imagen como destinos, es incalculable, y por tanto es un daño a México, a nuestra imagen como país.

Pero no solamente se afecta a las grandes industrias y cadenas. Muy señaladamente, están sufriendo también los daños las pequeñas empresas, que además tienen mucho menor margen de maniobra para hacer frente a las pérdidas. En el sector empresarial, el reclamo viene tanto de microempresarios locales y pymes regionales como de corporativos nacionales e internacionales y sus organismos representativos.

Hay que decirlo: los derechos humanos son de todos y estos no se limitan al de la protesta; los reclamos no pueden ser justificación para coartar las demás garantías legales que todos tenemos –libre tránsito, trabajar cotidianamente, ir a la escuela, el esparcimiento y la convivencia entre los mexicanos–, para que se violente a las personas con esto y se dañe a las economías familiares.  Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley, evitando la anarquía y una fractura social que a nadie beneficia y no lleva a ningún destino positivo.

Una sociedad no puede funcionar si no se cumple el requisito mínimo del Estado de derecho: si se viola la ley y no hay consecuencias, si no existe seguridad física y patrimonial, ni justicia efectiva. Más aún, si la intransigencia y la violencia son premiadas con canonjías o claudicaciones, en una palabra, con impunidad. Si en aras de resolver un problema político se concede la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quien la infrinja, se generan muy graves precedentes políticos y sociales.

Tolerar la infracción de la ley no va a resolver la problemática; muy por el contrario la perpetúa. Eso es lo que ha hecho que este conflicto se vuelva permanente y resurja año con año, con mayor o menor intensidad, al tiempo que se incuba la polarización dentro de la sociedad.

En el diálogo entre el CNTE y el Gobierno Federal se requiere apertura de ambas partes, pero también, y con urgencia, de plazos y límites precisos en la negociación. No involucrar los derechos de terceros, que no se negocie la ley y que haya transparencia ante la sociedad. No debe haber, de espaldas a la sociedad, concesiones ilegítimas o inviables en el tiempo.

En torno a la reforma educativa, pueden mejorarse aspectos técnicos y de implementación. Pero los principios y objetivos, que cuentan con el aval del Constituyente Permanente, no pueden ser trastocados sólo en función de la visión particular y la presión agresiva de un grupo, importante pero no la única voz que merece y debe ser escuchada en el debate educativo en México.

En todo caso, hay espacios abiertos para que la CNTE participe en el desarrollo del sistema educativo nacional, como el que se ha iniciado en torno el nuevo modelo educativo convocado por la SEP.

Ya es hora de recuperar la paz, el respeto y la legalidad, es hora de actuar de todos, y desde el sector empresarial y la sociedad, así lo demandamos.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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