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La reforma judicial a fondo que hace falta

Además del periodo extraordinario para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción, este mes tiene lugar el vencimiento de otro plazo de un proceso fundamental en materia de Estado de Derecho, al que lamentablemente también llegamos con un inaceptable nivel de incumplimiento de lo dispuesto por ley.


México; sistema penal acusatorio


El próximo 18 de junio debe entrar en operación, a nivel federal y estatal, el nuevo sistema penal dispuesto por la reforma de justicia del 2008, una de las más trascendentes en la historia de México, porque implica transitar de un sistema de corte inquisitivo, caracterizado por la opacidad, a uno acusatorio, basado en la presunción de inocencia y en procesos abiertos y transparentes, con juicios orales.

De acuerdo con análisis y esfuerzos de seguimiento como los del Proyecto Justicia, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), apenas nueve entidades operan totalmente en el nuevo esquema; ninguna cumple con todos los estándares de una transformación completa; y en el orden federal el retraso es igualmente importante. Todo esto, a pesar de que contaron con ocho años y de que se canalizaron ingentes recursos económicos para infraestructura, equipamiento y capacitación.

De no haber una mejora en el ritmo de implementación, en promedio, el nuevo sistema penal acusatorio podría estar plenamente consolidado hasta alrededor del año 2027, es decir dentro de 11 años.

Así las cosas, no estamos listos para que el sistema opere al 100%, y esto implica diversos e importantes riesgos en el corto y mediano plazos. Hay que tener en cuenta la compleja cadena de la procuración e impartición de justicia que tiene que adaptarse al nuevo esquema: desde los policías hasta quienes administran las cárceles, pasando por ministerios públicos, peritos, abogados defensores y jueces.

Es necesario tomar disposiciones para afrontar la contingencia: dar viabilidad para que pueda completarse la instrumentación, para lo que se requiere consensuar a escala intergubernamental e intersectorial una estrategia a la altura para subsanar retrasos y asimetrías.

Si se tiene claro que la inseguridad, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad representan el mayor obstáculo y reto de México, como nación tenemos que actuar correspondientemente, con la seriedad y el compromiso que se requieren.

Los esfuerzos y las soluciones tienen que estar a la altura de la problemática. Necesitamos un pacto nacional, un gran acuerdo para subsanar el mayor pendiente de nuestra democracia y la deuda que más gravita en su desarrollo: el déficit de Estado de derecho, que también es la variable que más afecta nuestra competitividad económica, la inversión y, crecientemente, la imagen, el prestigio y la confianza que existe respecto a México a nivel internacional.

En lo que va del año se han registrado casi 4 mil homicidios relacionados con el crimen organizado, y ocho de cada 10 mexicanos sienten inseguridad. Tres de cada 10 empresas han sido víctimas de delitos, lo que ha tenido un costo anual de alrededor de 110 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, las denuncias de violaciones a derechos humanos han vuelto a colocarse entre las mayores preocupaciones en la opinión pública del país y de organizaciones e instancias internacionales en su relación con México.

La impunidad persistente alimenta la reproducción de todos estos males. Mientras mantengamos niveles de sanción de tan solo 1%, difícilmente lograremos una reducción sustantiva en la incidencia del delito.

Por eso es fundamental transformar a fondo nuestro sistema de procuración de justicia, obsoleto frente a los niveles de corrupción y delincuencia que corroen la confianza, la convivencia social y el crecimiento económico consecuente. Por la misma razón es que insistimos en que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede funcionar sin una fiscalía autónoma y competente, con todas las atribuciones que complemente el sistema.

Actualmente, menos del 10% de los delitos se denuncian, por desconfianza o la consideración de que es inútil, y la mitad queda archivada o traspapelada en los ministerios públicos. Son recurrentes las prácticas como la tortura, la fabricación de pruebas y los testigos aleccionados. Tenemos, además, uno de los sistemas penitenciarios más descompuestos e ineficaces del mundo, con una sobrepoblación de más de 30% en promedio, lo que significa que hay penales que están sobrepoblados hasta cerca del 100%.

Es frecuente ver cómo se libera a secuestradores y criminales de alto impacto por ineficiencias de procedimiento y, de la misma forma, es frecuentemente ver a gente que está en las cárceles con delitos menores esperando una sentencia. Debemos agilizar nuestro proceso de impartición de justicia.

Mientras que cerca del 40% de la población carcelaria está presa sin sentencia y 60% por delitos como robo de menos de 11 mil pesos de valor, los grandes escándalos de corrupción rara vez se investigan y llegan a consecuencias, salvo casos aislados, que muchas veces tienen tintes políticos.  Ahí hay que buscar algunas de las causas que están en la raíz de fenómenos como los inaceptables linchamientos que se han presentado.

El llamado es claro: en México urge emprender una reforma a fondo de la procuración de justicia, que es la piedra angular de la democracia y función básica y prioritaria de cualquier Estado. En ese México que queremos construir, necesitamos reforzar nuestra exigencia de un Estado de derecho sólido y fuerte, que genere confianza.

En el periodo extraordinario hay que avanzar y resolver, además de las reformas anticorrupción que nos deben –el sistema completo–, pendientes fundamentales en materia policiaca y de justicia: combate a la tortura, menores de edad, sistema carcelario y combate al crimen organizado. Más adelante, destaca la consolidación del andamiaje legal de la Fiscalía General de la República, que deberá sustituir en el 2018 a la actual PGR, como organismo autónomo del Estado mexicano.

Pero no bastan los cambios en las leyes, los nombres y las estructuras organizacionales; se necesita cambiar las prácticas. Si aspiramos a ser un país desarrollado, necesitamos construir un sistema judicial a la altura, profesional e imparcial, transparente y con toda la responsabilidad, que genere la confianza que los ciudadanos están demandando.

Hoy más que nunca, es el Estado de Derecho. Todos, como nación, debemos tenerlo claro y actuar en concordancia, por un México más seguro, justo y próspero.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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