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3 Compromisos mínimos para los candidatos

Desafortunadamente, en general, las campañas electorales rumbo al 5 de junio no han estado a la altura de las circunstancias y de la importancia que reviste el proceso electoral. Con sus honrosas excepciones, ha proliferado la “guerra sucia” por sobre el debate serio de los problemas de los ciudadanos, las propuestas y las soluciones.


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Las ideas han quedado opacadas, ante la pobreza de los contenidos en las campañas, y en particular, la prevalencia de descalificaciones y acusaciones de presunta corrupción y antecedentes delictivos, el golpeteo cruzado entre los candidatos; violencia, grabaciones telefónicas ilegales y desconfianza creciente en instrumentos fundamentales para la toma de decisiones, como las encuestas y la cobertura informativa.

Se requiere de mayor incidencia ciudadana y de la sociedad civil organizada para contrarrestar el desaseo, la superficialidad y la baja calidad de las campañas políticas, para concentrarnos en los temas que importan a la gente.

A pesar de que existen grandes diferencias en el grado de desarrollo económico, político y social entre los estados en los que habrá elecciones, así como en el tipo de los retos y los recursos para superarlos, existen elementos comunes para priorizar y exigir posturas claras y compromisos concretos.

Los temas que más interesan a los ciudadanos en los estados donde hay campañas, y que son en gran medida los grandes desafíos de la nación, son el desarrollo económico, la seguridad pública y la consolidación de las instituciones fundamentales de la legalidad y la gobernabilidad democrática.

En materia económica, de los 12 estados con elección a gobernador, cuatro están por debajo de la media nacional de crecimiento promedio anual en los últimos cinco años. Pero sólo dos, Aguascalientes y Chihuahua lograron crecer por encima del 4% anual, el nivel requerido en función de las necesidades del país en empleo y superación de retos como la pobreza.

En términos de productividad laboral, medida en función del valor en pesos por hora trabajada, sólo dos estados de los 12, Aguascalientes y Tamaulipas, superan el promedio nacional de 143 pesos. En cuanto a informalidad, cinco estados sobrepasan la tasa nacional de trabajadores en la informalidad, de 58.8 por ciento.

A pesar de esos magros resultados, sólo en dos de los estados con elecciones a gobernador no tuvieron incrementos significativos en su deuda pública. La mitad, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Durango, presentaron incrementos muy por encima del promedio nacional en esos cinco años, de 44 por ciento.

Hay casos preocupantes, como Chihuahua, que triplicó su apalancamiento en el sexenio, Veracruz, que lo duplicó, y Oaxaca. No obstante, en estos dos últimos estados, el ingreso per cápita se contrajo en el periodo; la población se empobreció. En conjunto, en los 12 estados se hereda a la siguiente administración el doble del endeudamiento que había al inicio del sexenio.

En entidades como Quintana Roo y Chihuahua, la deuda ha crecido preocupantemente, a un ritmo anual superior al 7.5%, contra un promedio nacional del 3% situándose hoy en día la deuda de Chihuahua en 44,000 millones de pesos, y la Quintana Roo en 23,000 millones de pesos.

En materia de seguridad pública, 16 de los municipios con mayor violencia del país, entre los que tienen más de 100 mil habitantes, están entre los 12 estados con elecciones a gobernador, más Baja California, donde se elegirán alcaldes y diputados. Con cifras oficiales, en el primer trimestre del año se cometieron en ellos casi 2 mil delitos de alto impacto, que incluyen homicidio doloso, secuestro y extorsión. Sólo en cinco estados hubo menos hechos de este tipo que en el mismo periodo del año pasado: Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Tlaxcala.

En el mismo sentido, únicamente en cuatro estados la percepción de inseguridad está por debajo del 80%: Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Tlaxcala.

En materia de instituciones, Estado de derecho y desarrollo democrático, las campañas, con toda su cauda de acusaciones de corrupción o de casos de enriquecimiento inexplicable, muestran que el gran déficit de transparencia y rendición de cuentas que tenemos en México, reside en gran medida en los estados.

Durante todo el periodo histórico de la transición a la democracia, han fluido ingentes cantidades de dinero hacia los estados, y en cambio, ha imperado la opacidad.

El problema es que no se pasa de los señalamientos y escándalos a las investigaciones y consecuencias. Tras las campañas electorales, normalmente todo queda traspapelado en la agenda.

El remedio para la “guerra sucia” y la descomposición política en los estados es intensificar la participación ciudadana para elevar el debate. Hay que exigir compromisos puntuales, principalmente en materia económica, de seguridad pública y de combate a la corrupción y la impunidad.

En materia económica, objetivos viables en crecimiento anual, productividad, condiciones de competitividad y entorno de negocios, y generación de empleo. Esto, con el compromiso de delinear y acordar la estrategia con un comité plural de la sociedad civil y la iniciativa privada en cada estado, con un esquema de revisión periódica de seguimiento y cumplimiento de objetivos.

En materia de seguridad pública debe aplicarse la misma fórmula, pero con compromisos aún más puntuales, responsabilidades bien definidas e implicaciones para el no cumplimiento en términos de profesionalización de cuerpos policiacos y de procuración de justicia, reducción de los delitos y confluencia con esfuerzos de la sociedad civil.

En desarrollo institucional y democracia, ante tantas acusaciones, debe solicitarse el compromiso de que una vez que acaben los procesos electorales, se realicen las denuncias e investigaciones que procedan. Hay que exigir el compromiso con las reformas anticorrupción y de transparencia, así como la publicación, totalmente abierta, de las declaraciones de patrimonio, conflictos probables de interés y tributarias, y aplicar las consecuencias de cualquier decisión en administraciones anteriores y que tengan repercusiones en la administración que inicia, de tal forma que como instituciones se cumplan con los compromisos, pero se hagan las investigaciones, y se sancione a quien haya tomado decisiones equivocadas o decisiones ante escenarios de corrupción.

Se necesita, por supuesto, un esquema creíble y con los debidos compromisos para resolver el problema de la deuda y, sobre todo, transparencia. En este punto, necesitamos que los nuevos gobernadores se comprometan a honrar los adeudos con proveedores de las administraciones salientes, sin tintes partidistas, y no permitir que vuelvan a darse las situaciones de no pago que afectan a la economía. Los mandatarios salientes deben dejar cuentas claras.

A todos los candidatos que hoy están en campaña, que aspiran a ser gobernadores o presidentes municipales, les exigimos desde la sociedad, en estos días de cierre de campaña, un compromiso muy claro en desarrollo económico, con metas específicas, un compromiso muy claro en materia de seguridad pública y educación, un compromiso claro de honrar el discurso anticorrupción, con medidas específicas que implementen en sus primeros 100 días.

Necesitamos que la discusión pase del foco de la búsqueda del poder político, al énfasis en para qué debe utilizarse el poder en función del bien de las personas, en función del bien común.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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