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Urgen resultados en Estado de Derecho

El principal desafío de los tres años que quedan del sexenio es restablecer la confianza en las instituciones del Estado mexicano y en la capacidad, como Nación, de hacer que estén a la altura de los retos que enfrentamos.



 

Hoy, el factor preponderante para generar certidumbre en el país, tanto entre los mexicanos como de cara al exterior, es el fortalecimiento del Estado de Derecho, en un marco de gobernabilidad democrática. En concreto: reducir sensiblemente los niveles de corrupción, ilegalidad, impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas en la función pública, delincuencia, inseguridad y violación de derechos humanos.

Nos preocupa que los esfuerzos para combatir estos flagelos siguen quedando cortos. Pasan los años y las décadas sin que haya cambios sustantivos en la realidad ni en la voluntad para revertir una descomposición política y social amplia y compleja.

La Cuenta Pública del 2014, recién entregada por la Auditoría Superior de la Federación, vuelve a poner de manifiesto la recurrencia de los problemas que tenemos en materia de opacidad, insuficiente rendición de cuentas e impunidad. Asimismo, evidencia que hemos fallado en resolverlos.

Más de 42 mil 700 millones de pesos de gasto público no se solventan con claridad, equivalentes a cerca de 60% de lo que ejerció en el 2015 la Secretaría de la Defensa Nacional y cuatro veces lo que erogó Relaciones Exteriores ese año.

Cada año las auditorías revelan irregularidades similares. La ausencia de aclaración y, en su caso, de responsables y sanciones, es la constante, sin que se adviertan siquiera cambios en las prácticas de gestión y administración que reproducen la ineficiencia, la corrupción, la discrecionalidad y el patrimonialismo que existen en muchas áreas de nuestra Nación. En casi dos décadas, más de 97% de las denuncias resultado de las auditorías han quedado sin sanción.

Estamos hablando de un espectro de impunidad casi equivalente al de la delincuencia en general, y más en específico, al de homicidios, secuestros, colusión entre elementos de los distintos órdenes de gobierno con el crimen organizado, así como en las desapariciones forzadas y otras violaciones graves a derechos humanos.

Para avanzar con paso firme se necesita de mucha mayor determinación y compromiso para afianzar el Estado de derecho como eje rector de la vida nacional.

Todos tenemos que abrazar esta cruzada, a través de la participación ciudadana y la exigencia. No quitar el dedo del renglón en la exigencia al poder político para que asuma su responsabilidad constitucional e histórica de afianzar el Estado de derecho; que la impunidad sea excepción y no la norma.

A estas alturas, la confianza en torno al avance en el reto del Estado de derecho y la justicia sólo puede lograrse con hechos, con resultados. El concepto clave es la congruencia: correspondencia entre voluntad política, acciones y resultados, con la retórica, las promesas y los planes.

Más allá de estrategias de pizarrón o decálogos, lo que va a convencer son las acciones ejemplares contra la impunidad, que no sólo se vuelve algo “normal”, sino que llega a ostentarse, con las diversas figuras emblemáticas de la corrupción o el abuso en México.

Casi todos los días salen a la luz casos de corrupción y crímenes de alto impacto; pero rara vez expedientes resueltos a profundidad, responsables sancionados y resarcimiento de daños. Hay avances, pasos en el camino correcto, pero las causas profundas de la impunidad, al igual que su prevalencia, permanecen casi inalteradas.

Requisito para solucionar un problema es reconocerlo en su magnitud y complejidad. La negación o minimización no ayudan. Se impone el realismo: en efecto, México tiene un déficit en legalidad y justicia, así como necesidad y urgencia de ser proactivo ante ello.

Que no se desestimen ni descalifiquen las lecturas y diagnósticos diferentes de los oficiales. Menos aún la cooperación propositiva.

El poder político está obligado, como representante de la nación, a escuchar y atender a las voces autorizadas y representativas que están preocupadas y ocupadas por la situación prevaleciente en México. Lo mismo de agrupamientos de la sociedad civil nacionales que de organismos internacionales; tanto de analistas y especialistas como de los distintos sectores y, por nuestra parte, de la iniciativa privada. Este es un fundamento de la confianza y de la sinergia requerida para cambiar el estado de cosas.

Hoy tenemos áreas de oportunidad de enorme potencial para comenzar una verdadera transformación en el desafío de la confianza y el estado de derecho. No permitamos que se disipen.

Pedimos al Gobierno Federal que se sume a la iniciativa ciudadana para consolidar las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, que incluye el sistema de declaraciones 3 de 3. Mostrar públicamente su respaldo ayudará a que avance el Sistema Nacional Anticorrupción.

Solicitamos, igualmente, que instrumentos de diagnóstico, investigación y denuncia, como los de la Auditoría Superior de la federación, den pie a procesos puntuales para hacer más eficiente y transparentar el gasto, así como minar la impunidad.

Es momento de reafirmar compromisos. Los mexicanos no podemos permitir que, nuevamente, los grandes retos de nuestra nación se subordinen a los intereses y tiempos electorales de coyuntura; no debemos aceptar que las prioridades y las decisiones de Estado respondan a intereses políticos, partidistas o de grupos.

Necesitamos leyes y un andamiaje institucional que nos den dientes para atacar estructuralmente el problema, pero también necesitamos de la voluntad política y ciudadana para que esas leyes y esas instituciones funcionen, y lo hagan correctamente. Es tiempo de renovar a fondo a México: pasar de la indignación a la acción, todos en lo de todos, y cada quien en lo que nos corresponde.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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