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10 prioridades legislativas

Esta semana inicia el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de esta 63 Legislatura. La agenda es amplia y compleja, con pendientes impostergables, compromisos y plazos constitucionales que se vencen.


Proceso Legislativo


Es necesario que haya una gran diligencia en los trabajos legislativos, porque, además, habrá una presión creciente del contexto electoral, con los comicios del próximo 5 de junio.

Esperamos que, por encima de los tiempos y conveniencias políticas, se pondrán las responsabilidades parlamentarias, el interés nacional y las necesidades de los mexicanos.

En nuestra perspectiva, podemos definir 10 prioridades o paquetes de reformas muy claras para este periodo ordinario de sesiones: cinco en ejes económicos y de crecimiento que beneficien a las personas; cinco en el Estado de Derecho y gobernabilidad democrática.

En la esfera económica, el objetivo general es potenciar el crecimiento económico con bases sólidas y de forma incluyente, con retos y oportunidades muy claros en materia laboral, estímulo a la inversión, formalización, eficiencia regulatoria, certeza jurídica y seguridad social.

Primero, en materia laboral, la legislación reglamentaria para la desvinculación de los Salarios Mínimos. El reto: encontrar la mejor solución de actualización para la nueva unidad de medida, sin afectar las variables económicas fundamentales, particularmente la inflación.

En la misma vertiente, queremos asentar una postura muy enfática sobre la eventual ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. La rechazamos por ir en contra de los equilibrios y la paz laboral, y al contrario, ser aliciente a la simulación sindical.

Queremos que quede muy claro: los empresarios estamos interesados en que a través del diálogo y la cohesión social, logremos incrementar de manera real los ingresos de los trabajadores; en el dialogo, actualicemos y modernicemos la relación laboral, pero respetemos el diálogo tripartito.

En un segundo paquete se engloban varias iniciativas relacionadas con la inversión, la infraestructura y un gasto público eficiente, encabezado por las reformas a la Ley de Obras Públicas. Éstas deben facilitar y transparentar los procesos contractuales, para una óptima planeación, ejecución y evaluación de los proyectos.

Estamos proponiendo generar disposiciones para que se garantice y agilice el pago a proveedores, tanto del Gobierno Federal como de los estatales y municipales, y de las empresas productivas del Estado. Hoy, los retrasos e incumplimientos ponen en peligro a miles de empresas y a los empleos que éstas generan.

También hay áreas de oportunidad en la legislación de las Asociaciones Público Privadas, para eliminar obstáculos que inhiben o entorpecen proyectos y obras. Finalmente, la Ley General de Zonas Económicas Especiales, tan importante para la zona Sur-Sureste, requiere de un adecuado balance: por un lado, estímulos y facilidades realmente competitivos; por otro, fundamentos para un desarrollo sustentable, social y medioambiental.

En tercer término. En el ámbito de la formalización y mejora regulatoria, ya hay un dictamen sólido, listo para su aprobación plenaria de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. La nueva figura de Sociedades por Acciones Simplificadas permitirá que en un solo día se abran empresas a cero costo, se inscriban en el Registro Público de Comercio, obtengan el Registro Federal de Contribuyentes y operen inmediatamente, dentro de la formalidad.

Se trata de agilizar la apertura de las pequeñas y de las microempresas, para que encuentren que es verdaderamente positivo estar en la formalidad.

Para complementar, propondremos varias medidas para combatir la economía informal e incentivar la formalidad.

En cuarto término. En materia de sustentabilidad, está en proceso de revisión a la Ley General de Aguas, donde es fundamental que se fomente y se garantice la certeza jurídica en las concesiones e incentivos para el ahorro y uso eficiente del agua. Igualmente, hay que avanzar en el esfuerzo para contar con un código ambiental que integre la legislación, que hoy en día está dispersa.

En el punto número cinco. Tenemos que relanzar el debate y el análisis profundo sobre las reformas que se requieren en materia de seguridad social y pensiones, asunto en el que los mexicanos debemos ser mucho más previsores.

En esto tenemos que ser muy generosos, todos, trabajadores, gobierno y empresarios, para encontrar un modelo sustentable en el tiempo. Prever el futuro, nos salvará de muchos dolores de cabeza dentro de 10, 15 o 20 años; trabajemos entonces en conjunto.

En cuanto al eje del Estado de derecho, fortalecimiento institucional y seguridad pública, la misión es muy concreta: necesitamos consolidar una estructura institucional que nos brinde confianza, certeza jurídica y de convivencia pacífica entre todos los mexicanos. De otro modo, no podremos consolidar el desarrollo económico y mejores oportunidades para las personas. Se trata de abatir la impunidad y garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de las personas, en todo el país.

Para entrar en detalle:

En primer lugar, las leyes secundarias de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. La consigna es muy clara: cumplir fielmente con los tiempos fijados por los propios legisladores, pero sobre todo, con los principios, objetivos y alcances establecidos en la Constitución. Ni un paso atrás, sino al contrario, para adelante. Ni subterfugios u omisiones que contravengan al espíritu de esta reforma, tan necesaria para generar confianza y renovar la vida pública, la convivencia entre los mexicanos.

No podemos fallar; es la prueba de fuego de este periodo de sesiones: consolidar los fundamentos de una arquitectura institucional eficaz para prevenir y castigar la corrupción y la impunidad.

Como punto número dos. Hay que complementar lo anterior con los cambios que hacen falta en materia de conflicto de interés, fueros y transparencia, responsabilidades, tanto de los funcionarios públicos como de los candidatos a cargos de elección popular.

Tercer término. Consolidación de la reforma constitucional en materia de transparencia, en los términos de la minuta que se analiza en la Cámara de Diputados, la cual extiende el alcance de la fiscalización a toda entidad que maneje recursos públicos.

Transparentar genera confianza, abona a la democracia y enriquece nuestra vida de convivencia entre los mexicanos.

Cuatro. Hay que volver a discutir la legislación político-electoral. Entre otras prioridades, es necesario revisar el modelo de comunicación política, eliminar las disposiciones violatorias a la libertad de expresión e información, y dar plena viabilidad de figuras como las candidaturas independientes y debatir seriamente alternativas como la segunda vuelta electoral, en pro de la democracia.

Cinco. Urge definir las reformas legislativas que contribuyan a resolver de manera integral los problemas en materia de seguridad pública que prevalecen en nuestro país. Es preciso sacar de la congeladora las diversas propuestas que han sido presentadas en temas como mandos policiacos únicos estatales, redefinición de facultades de los órdenes de gobierno y certidumbre jurídica para las fuerzas armadas.

Desde la Legislatura anterior, se ha superado una inercia de muchos años de baja productividad y confrontación, con lo cual se han logrado reformas importantes, reformas estructurales que brindan una buena plataforma para el desarrollo de México. Hoy necesitamos seguir construyéndolas, la agenda reformadora de México no se ha agotado.

No es prueba superada en tanto subsistan asignaturas irresueltas en factores críticos para la estabilidad y el desarrollo de cualquier nación, como Estado de derecho, seguridad pública y seguridad social.

Vamos por la renovación completa de nuestro país. Ya iniciamos, tenemos que continuarla. Hoy es el momento; seamos puntuales con los retos de nuestra generación.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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