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Presupuesto que promueve corrupción

Nuevamente los diputados se auto-aprobaron un presupuesto por casi 11,000 millones de pesos, para que cada uno determine discrecionalmente en qué proyectos los va a ejecutar.


Acabar con la corrupción


En el proyecto de Presupuesto, elaborado por el Ejecutivo, se habían omitido algunas de las partidas que en años anteriores conformaban este presupuesto para los grupos parlamentarios, llamadas “comandas”; por ejemplo, no se incluyeron los fondos para infraestructura deportiva, ni los fondos de cultura, y los recursos para pavimentación que aparecen en el ramo 23 para municipios habían sido reducidos de cinco mil a tres mil millones.

Sin embargo, en la aprobación del Presupuesto de Egresos la semana pasada, los diputados decidieron reintegrarse dichos fondos en el presupuesto, a pesar de la baja de ingresos provocada por la reducción en la producción, exportación y precios del petróleo, por cierto, muy por debajo de lo estimado en la Ley de Ingresos.

Estos 11 mil millones de pesos permitirán etiquetar a cada diputado hasta 24 millones de pesos en obras y proyectos como ellos decidan. Estas partidas son las que originaron el año pasado los escándalos bochornosos por los famosos “moches” (comisiones), que algunos diputados exigían a alcaldes a cambio de autorizar determinados recursos en sus municipios.

El escándalo estalló en el PAN debido a la denuncia directa que un alcalde hizo ante su cabildo y que fue manejado por medios nacionales, pero esta práctica realmente está más generalizada.

Para Acción Nacional ha sido un caso muy doloroso porque viola un valor fundamental en nuestros principios, que consiste en mantener siempre, como funcionario público y legislador, un comportamiento ético.

Yo sostengo que el problema de origen se debe a una acción indebida de la propia Secretaría de Hacienda, al promover en el Presupuesto la asignación de montos “discrecionales” otorgados a los principales grupos parlamentarios. La Secretaría de Hacienda le llama a estas partidas “comandas” y las clasifica de acuerdo con el color de los emblemas partidistas como la comanda azul, amarilla, verde, etc.

Esta acción es inconstitucional porque el Presupuesto de Egresos es una “ley programática” y no puede dar espacio a un uso discrecional o arbitrario de los recursos públicos de ninguna manera; es ilegal porque viola la propia Ley del Presupuesto en donde cada partida tiene un destino específico y debe ser ejecutado por las unidades de gobierno correspondientes; y es inmoral porque lo que busca realmente es el condicionamiento del voto de los diputados. En el fondo, es una presión del propio gobierno federal hacia el Congreso.

Los diputados tienen todo el derecho por velar y presionar para determinados proyectos de interés en sus respectivos distritos y localidades. Deben discutir en las Comisiones respectivas para que sus demandas, que son las de la ciudadanía, queden resueltas en la medida de lo posible en el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, no puede aceptarse el uso discrecional de recursos por parte de los diputados. Una vez aprobado el presupuesto, la obligación del Congreso es de vigilancia y seguimiento, para que haya el puntual cumplimiento en el ejercicio de las cantidades asignadas para cada programa.

En este momento de crisis que vive el país debido a la inseguridad y la criminalidad; después de las atrocidades cometidas en Iguala que nos han dejado pasmados ante la acción abominable de estos criminales, los diputados y senadores tienen un papel fundamental para orientar la sensación de impotencia y de impunidad que todos sentimos. Es fundamental que pongan el ejemplo de una conducta apegada estrictamente a la Constitución y a las leyes, por lo que el Congreso debe vigilar la correcta ejecución del presupuesto aprobado y exigir rendición de cuentas en todas las acciones de gobierno.

Por todas estas razones, ambas Cámaras y el gobierno federal deben cancelar esta partida ilegal que propicia actos de corrupción. Los grupos parlamentarios están obligados a que haya total transparencia en la aprobación del presupuesto y a no permitir discrecionalidad en el ejercicio del gasto.

@yoinfluyo

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