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La narcopolítica no es de ahora

La tragedia de los normalistas rurales de Ayotzinapa desenterró un tema al que ninguna autoridad política, legislativa ni judicial le quiere entrar de lleno, pues es un hecho que, al hacerlo, se generará un “salpicadero” de proporciones insospechadas.


Narcopolítica en México


En la afirmación de que la esfera política nacional está gravemente contaminada por el cáncer del narcotráfico y la delincuencia organizada, no hay nada nuevo, aun cuando se ha negado hasta la saciedad que México se esté “colombianizando”, en referencia a los dolorosos años en que el país sudamericano padeció los estragos del “poder” del narcotráfico.

El alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, desaparecido hasta este momento, es la más reciente referencia que políticos y autoridades toman para inferir el grado de infiltración de grupos delincuenciales en la política.

El caso de los normalistas marcó el inicio de Carlos Navarrete al frente de la dirigencia nacional del PRD, quien ansioso por captar los reflectores mediáticos y de la opinión pública, se trasladó hasta Iguala para “pedir perdón” porque su partido no tuvo el suficiente control para evitar que el alcalde Abarca cooptara policías que se dejaron infiltrar y que asumiera él la dirigencia del municipio.

“Cometimos un error y pedimos perdón a la sociedad de Guerrero, algo que otros partidos deben hacer también con los casos que les corresponde en otros estados”, externó el perredista, a manera de tirar la piedra y esconder de inmediato la mano.

Tuvo el desatino también de afirmar que como partido deberán ser más cuidadosos en la elección de candidatos externos, algo que en la realidad les ha pasado desapercibido, ya que en la carrera de la ambición política se han sumado al antagonismo que les representa el PAN, al apoyar principalmente a gobernadores.

Navarrete se equivocó en su visión de las cosas y en su mensaje, así como de escenario, pues al intentar solidarizarse con el dolor de los guerrerenses, y de todo el país, cayó en populismo barato de la política mexicana de los setenta.

En este tema, se requiere mucho más que un discurso de “impacto” momentáneo, pues si le echamos un vistazo a la lista de políticos que han sido ligados al crimen organizado, nos daremos cuenta que no sólo es interminable, sino que además tampoco se refiere a los años recientes. Y para muestra, unos cuantos botones.

El ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, del PRD, quien enfrentó cargos de lavado de dinero, nexos con el narcotráfico y tráfico de cubanos. Julio César Godoy Toscano, personaje desaparecido “misteriosamente” cuando fungía como diputado federal del PRD, se le acusa de nexos con el narcotráfico y lavado de dinero. Desde diciembre del 2010 se encuentra prófugo de la justicia.

Mario Villanueva Madrid, ex gobernador priista de Quintana Roo en la década de los 90, fue detenido el 24 de mayo del 2001 por nexos con el narcotráfico. Fue liberado en el 2007, pero fue detenido enseguida por una petición de extradición de EU, que se resolvió en mayo del 2010.

El general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), fue detenido en 1997 por sus nexos con el cártel de Juárez. Recibió una sentencia de 40 años de prisión y falleció en diciembre de 2013.

Mariano Herrán Salvatti, ex zar antidrogas del país y ex procurador de Chiapas, fue exonerado tras más de tres años en prisión, de los cargos que se le imputaban: peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y homicidio calificado.

Este año, en particular, le fue muy mal al PRI en Michoacán, pero no por perder algún proceso electoral, sino por la ola de alcaldes y funcionarios públicos detenidos por tener nexos con el cartel de “La Tuta”.

Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador priista de Michoacán apareció en videos sosteniendo una charla con Servando Gómez Martínez; las imágenes lo mostraron tranquilo y hasta bebiendo una cerveza, a pesar de que este argumentó había sido víctima de un “levantón”. Se negó a auxiliar al Ministerio Publico de la Federación a proporcionar datos para la localización de “La Tuta” y se le dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de encubrimiento.

Jesús Rodríguez Reyna, ex gobernador interino de Michoacán y ex secretario de Gobierno, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del “Altiplano”, en Almoloya, Estado de México, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Rodríguez Reyna apareció también en una grabación con Servando Gómez.

José Trinidad Martínez Pasalagua, ex diputado del PRI y líder de transportistas, fue detenido el pasado mes de julio en Morelia, luego de que el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales giró orden en su contra por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud. Encontraron evidencias de que Martínez Pasalagua aprovechó ser líder de transportistas en la entidad para exigir una cuota mensual a sus asociados, y el dinero producto de estas extorsiones, lo entregaba a “La Tuta”.

Uriel Chávez, ex alcalde de Apatzingán, se le dictó auto de formal prisión por el delito de extorsión. La Procuraduría estatal indicó que el priista está implicado con el cartel de “Los Caballeros Templarios” y que existían indicios de que exigía una cantidad mensual a varios regidores para apoyar a los narcos.

Dalia Santana, alcaldesa de Huetamo, fue detenida por delitos de extorsión y homicidio; se encuentra en proceso de averiguaciones previas. Arquímides Oseguera Solorio, ex alcalde de Lázaro Cárdenas, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad. Fue señalado por varias empresas que licitaron obras de haber sido víctimas de Oseguera al cobrarles cuotas para entregársela al máximo líder de los “Caballeros Templarios”.

Antonio Guzmán, fue presidente del PRI en Michoacán y coordinador de la campaña de Fausto Vallejo; fue captado en entrevista con “La Tuta” cuando probablemente fuera delegado de la Sagarpa.

Jesús Cruz Valencia, ex presidente municipal de Aguililla, fue acusado de tener vínculos con “Los Caballeros Templarios” y de presuntos delitos de delincuencia organizada.

Salma Karrum Cervantes, alcaldesa con licencia de Pátzcuaro, se encuentra sujeta a investigación por las reuniones que sostuvo con miembros de “Los Caballeros Templarios” y que fueron exhibidas en video.

En días pasados, el prominente empresario Germán Goyeneche, militante del Partido Verde, fue detenido junto con Héctor Beltrán Leyva, “El H”, en San Miguel de Allende. Se le señala como operador financiero del narcotraficante. Tras su detención, se mostraron fotografías de él con políticos panistas, como el diputado Ricardo Villarreal, aspirante a la alcaldía de San Miguel y hermano de Luis Alberto, también diputado federal. Días después apareció un video que muestra a Goyeneche con el actual gobernador de Querétaro, Pepe Calzada.

Cabe recordar también que a principios de año, la senadora Iris Vianey Mendoza, del PRD, y la Síndica del Ayuntamiento de Apatzingán, Julia Lila Ceja Canela, se vieron envueltas en una controversia, al difundirse fotografías de ellas con la cantante Melissa Plancarte, hija del extinto Enrique “Kike” Plancarte, uno de los líderes del cartel de “Los Templarios”. El caso no tuvo mayores repercusiones, a pesar de que la legisladora pidió “licencia” por 30 días para supuestamente sujetarse a la investigación correspondiente.

En fin, la lista de políticos ligados al narcotráfico y crimen organizado es muy extensa y de nada servirán los “intentos” de partidos políticos para tratar de blindar las candidaturas para las elecciones del próximo año, ya que el poder político, como el del narco, logran corromper las más altas esferas.

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