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La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero

Me preocupa actualmente la timidez con que se expresa el siglo XXI. Lo ‘políticamente correcto’ se cierne como polvo imperceptible sobre nuestro lenguaje, nuestros gestos, nuestros espectaculares y comerciales de televisión, así como en las pláticas de café que se dan entre los intelectuales universitarios y en una mesa donde comen madre e hija antes de salir a la escuela y al trabajo.


SCJN


Cierto: venimos de un siglo veinte violentísimo… tal vez el que más ha conocido la sangre, donde la capacidad de matar se escaló hasta lo indecible. Herimos tanto, matamos tanto, que ahora padecemos, como cruda moral del siglo de la muerte, este siglo de la tolerancia extrema. La resaca es tan fuerte que evadimos el conflicto, le tenemos pavor a la posibilidad de señalar el error. Nos parece que argumentar en contra de algo es pronunciar el sortilegio que revivirá a los fantasmas del fascismo y del nazismo.

¿Por qué? En parte hay una buena razón para explicar este pavor: cuando se señalaba el error no siempre se hacía con eficacia ni con caridad, es decir, no siempre había una didáctica familiar o social que ayudase a salir del atolladero ni había cariño en la corrección. Entonces, el señalamiento del error traía consecuencias aún peores: la persona se enraizaba más en su actitud y además con resentimiento. ¿Qué pasó después? En vez de corregir el acto de corregir, se dejó de corregir. Si mostrar el error causaba dolor, trauma, angustia, violencia, arrogancia, discriminación… entonces para conseguir la paz (opuesto de todos estos infernales problemas) derrumbamos la verdad. Tenemos que hacer corte de caja: ¡qué tan grave tuvo que ser el siglo XX que, para que nunca volvieran a repetirse los totalitarismos y la muerte, tuvimos que sacrificar en el altar de lo social la búsqueda de la verdad! El nuevo pacto social se funda en este intercambio de valores: la verdad por la paz social. Pero… ¿se ha conseguido la paz? También llamemos a cuentas a este pacto social, pues no estoy seguro si ha cumplido lo que prometió, pero sí estoy seguro que ya no tenemos lo que nos arrebató.

Uno de las instituciones donde se puede verificar este intercambio es la familia. No haré una apología de las configuraciones familiares hipócritas –por Dios, son indefendibles–, donde el marido tenía la casa grande y la casa chica, donde el incesto jamás se denunciaba y donde a la violencia maternal se le llamaba disciplina. Malos ejemplos de familias los hemos tenido siempre; buenos ejemplos, también. Pero no hay que ridiculizar ni borrar de un plumazo los siglos pasados sólo por encontrar casos –pocos o muchos– no ejemplares.

Mi sensibilidad ahora se dirige a la reciente polémica sobre la acción de inconstitucionalidad sobre el artículo 19 de la Ley regulatoria de sociedades civiles de convivencia del Estado de Campeche. En una de sus participaciones, el día 11 de agosto, el Ministro Cossío Díaz afirmaba que se deberían examinar dos cosas: si una sociedad de convivencia constituía una familia (de acuerdo al art. 4° constitucional) y en segundo lugar, si dado lo anterior, “los derechos humanos que pudieran verse afectados con una restricción absoluta de acceso al régimen de adopción” hacían inconstitucional dicho artículo de la ley regulatoria. Las argumentaciones, desde mi parecer, del resto de Ministros –salvo de Medina Mora– tienen ese común denominador. Sólo que quiero hacer un señalamiento de lógica jurídica a nuestro máximo Tribunal.

El argumento de Cossío se resume en los siguientes términos: “X equivale a Y”; “a X se le restan derechos que tiene Y”; por tanto, “hay que restituirle dichos derechos a X” dada la equivalencia inicial, y “toda disposición que quite derechos a X es inconstitucional”.

Se deben probar al menos dos cosas: a) la equivalencia entre una sociedad de convivencia y una familia, y b) que la adopción es un “derecho” de los cónyuges. El punto a) es problemático por muchos flancos, pero uno básico para el máximo Tribunal es que la Constitución da por hecho la familia, nunca la define, y lo mismo sucede con el Código Civil de Campeche y muchas más leyes. Además, no es cuestión del análisis presente el punto a, así que lo dejaré para otra ocasión. Por cierto, también la Constitución en su art. 4° afirma que toda persona “tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, pero nunca define lo que es el “agua”. Sin embargo, no encontramos una formulación constitucional semejante respecto a los hijos… nunca la Constitución dice: “toda persona tiene derecho a ser padre/madre”. Aquí entramos a la segunda objeción: b) La adopción no es un “derecho” de los padres, nunca lo ha sido… los hijos no son un “derecho”, porque entonces, si lo fueran, el Estado sería garante de este derecho.

Imagine la siguiente hipótesis: no hay niños que necesitasen ser adoptados pero hay una pareja que quiere ejercer su derecho a tener hijos, y como no pueden tenerlos debido a su infertilidad… ¿el Estado debe pagar la fecundación in vitro de esa pareja? o ¿el Estado debe distribuir los hijos de otros padres a ellos para satisfacer el justo reclamo? ¿Considera que el tener hijos, por vía natural o por adopción, es realmente un “derecho” que el Estado debe garantizar?

Nadie justifica el que haya niños en orfanatos. Todos deseamos que pronto encuentren un hogar generoso que los acoja (como siempre ha habido hogares generosos). Aproximadamente hay cerca de 30 mil menores en casas hogar. Por cierto, quiero ser franco, una pareja heterosexual no por ser heterosexual es idónea para adoptar: no. Hay parejas heterosexuales violentas (como también las hay homosexuales); hay parejas homosexuales promiscuas (como también las hay heterosexuales), y por otra parte hay parejas heterosexuales generosas como también las hay homosexuales. La heterosexualidad del adoptante no es garantía absoluta de nada. Por eso la discusión a ese nivel es absurda: la Corte compara entre adoptantes homosexuales y entre adoptantes heterosexuales y ve que abstractamente están en igualdad de circunstancias y de trato, pues presupone que ambas parejas actúan de buena fe, acuden a adoptar porque son generosos y ninguno de ellos puede ser objeto de discriminación.

El problema es que adoptar no es un derecho. Lo que constituye un “derecho” es ser adoptado. Volvemos a repetir: si tener hijos fuera derecho, el Estado tendría que pagar todos los tratamientos de infertilidad, y de no hacerlo, entonces debemos ampararnos contra el IMSS y el ISSSTE por negarnos el legítimo derecho a ser padres, pues sólo aprueban los tratamientos de infertilidad de “baja complejidad” es decir, los que no suponen un gasto como el que supondría la inyección intracitoplasmática de espermas o los cultivos especiales para el desarrollo embrionario. ¿Por qué el IMSS no contempla una ayuda para gastos por gestantes subrogadas? Piénselo dos veces, y verá que en el fondo el derecho a ser padre justificaría un sinfín de casos que actualmente no contemplan ni las leyes secundarias ni las instituciones de salud.

¿Pero qué sucede? Que, por poner un ejemplo, el art. 397 del Código Civil para el Distrito Federal (pero muy semejante a los Códigos Civiles de otras entidades), estipula como primer requisito para la adopción el que “resulte benéfica para la persona que pretende adoptarse”. Aquí viene el problema. ¿Qué es lo benéfico? ¿Qué es mejor que qué? La Corte debió comparar entre teorías pedagógicas, psicológicas, psicopedagógicas, sociológicas, antropológicas, culturales, etc. para decir que es absolutamente irrelevante la orientación sexual de las parejas adoptantes… pero NO lo hizo. Es decir, fue arbitraria. No le interesó dirimir qué es más benéfico que qué para el adoptado. Pero ante estas coyunturas, el Estado debería tomar partido por alguna teoría psicológica, económica o sociológica concreta y así tomar un criterio para determinar lo benéfico, pero esto lo haría perder su estatuto de “laico”. Habría pactado, por ejemplo, con Freud, para quien la homosexualidad pudiera ser vista como una inmadurez, o habría pactado con Foucault para quien no. En cualquier caso habría pactado, habría tomado partido y habría perdido su virginal laicidad.

Pongamos un último ejemplo para terminar: hay un niño a ser adoptado, y dos parejas que quieren adoptarlo. El sistema DIF pide, para comenzar el procedimiento de adopción el demostrar que se carece de enfermedades psiquiátricas, que se tienen ingresos económicos superiores a 10,000 pesos (en algunos Estados), el no tener antecedentes penales, y en muchos Estados no sobrepasar determinado número de años del adoptado o bien no tener poca distancia de edad. Como fuera… ¿Por qué la Corte no declara inconstitucional cada uno de los requisitos? ¿No acaso discrimina el sistema DIF a los pobres a adoptar? ¿Acaso no discrimina a los discapacitados mentales? ¿No discrimina a un anciano que quiere dedicar sus últimos días a cuidar un menor?

¿Cómo se determina lo que el Código Civil llama “benéfico”? Pues bien, este concepto es metajurídico. Lo determinan otros saberes como la psicología, la psiquiatría, la filosofía, la psicopedagogía, la pedagogía, la sociología… no el derecho. Pero la Corte no los consultó. Rompió las reglas de juego de toda democracia: fue arbitraria. Tomó partido. No le interesó, al menos tras un estudio científico serio, proteger el derecho de la parte más vulnerable: el niño a ser adoptado.

Hoy es anticuado e irrisorio ser iusnaturalista. La Corte es positivista-demócrata. Pues bien, agradeceré a los Ministros explicar bajo qué argumentos, sin ser expertos en ninguna de las ciencias mencionadas en el párrafo anterior, determinaron qué es lo benéfico para un infante a ser adoptado. Quiero que me convenzan sobre la calidad humana y la altísima responsabilidad que les reviste como el más alto Tribunal que dirige los destinos de la Patria a quien me debo y por la cual día a día trabajo.

PD. Felicito a los que hoy son “políticamente incorrectos” por ser fieles a la verdad y a su conciencia. Felicito a Eduardo Medina Mora, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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