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Hablando de violaciones y sus víctimas

Para empezar esta reflexión, conviene leer algunos párrafos de un amparo emanado el pasado día 4 de abril nada más ni nada menos que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):


Aborto ante violación


"La Segunda Sala de la SCJN en su sesión de hoy, amparó a una menor y a sus padres en contra de la negativa de las autoridades responsables de interrumpir legalmente el embarazo derivado de una violación sexual y, además, cuyo producto presentaba una alteración congénita grave, al estimar que tal acto se traduce en una violación grave de derechos humanos que coloca a la parte quejosa en un estado de vulnerabilidad suficiente para reconocerles el carácter de víctimas –directa e indirectas-. "

"Al recibir la solicitud de interrupción de un embarazo producto de una violación sexual, las instituciones públicas de salud ... y, con la autorización de las autoridades ministeriales –que era exigible conforme a la NOM-046-SSA2-2005 previa a su reforma -, deberán practicar la interrupción del embarazo."

"La violación grave a derechos humanos, en la especie, se evidencia con mayor claridad, si se toma en cuenta que la menor tenía derecho a interrumpir el embarazo al acreditarse diversa excluyente de responsabilidad, a saber, una alteración congénita del producto."

"Reconocida la calidad de víctimas, la Segunda Sala estimó, como consecuencia inherente a ello, el acceso de la parte quejosa a los recursos del Fondo conforme a los parámetros previstos para el efecto en la Ley General de Víctimas."

En otras palabras, para los magistrados del recinto de justicia más elevado de la nación mexicana, la negativa de la autoridad estatal de salud a realizar el aborto solicitado por la joven violada y por sus padres constituyó una violación de sus derechos, por lo que se les debe considerar víctimas de una injusticia. Dicha negativa de las autoridades equivale -según el razonamiento jurídico de la SCJN- a un acto de tortura, de violación rampante de los derechos humanos de la joven y sus padres, por las tremendas consecuencias que originó.

Ninguna mujer desearía, es claro, verse forzada a tener un hijo concebido en una violación. Sobre todo si el hijo engendrado por tal violencia, además de tener -en la mayoría de los casos- que sufrir las amargas consecuencias sociales de ser un hijo no esperado ni deseado, deberá padecer las también amargas consecuencias de verse afectado de malformaciones genéticas. Es difícil imaginar el dolor de una mujer que se ve forzada a pasar por un trance semejante. Es igual de difícil prever y calcular la magnitud de las dificultades monetarias, familiares y sociales que deben enfrentar las madres de hijos concebidos de modo tan perverso. Las jóvenes violadas y convertidas en madres por la fuerza son verdaderas víctimas de los gañanes que les arrebataron la posibilidad de iniciar su maternidad del modo que todos la imaginamos: una expectativa cariñosa, amorosa, fruto del amor, no de la violencia irracional. Es por eso que es hasta cierto modo comprensible que esas madres lleguen a desear la desaparición total de los bebés anidados por la fuerza en sus vientres.

Pero tanto la biología como el sentido común nos dicen que ellas no son las únicas víctimas de la violación. Es cierto que ellas llevarán la carga más pesada en el corto plazo, pero el mismo hecho de ser un hijo no deseado, forzado a esperar nacer en un hogar que no lo quiere, convierte al bebé en la otra víctima del mismo delito. Su derecho a llevar una vida digna y a desarrollarse en un ambiente de cariñosa acogida se ve truncado desde antes de poder ejercerlo. Es víctima de un padre perversamente irresponsable y violento que lo lanza a la vida en el seno de una madre que probablemente no lo quiera y termine por matarlo. Ese niño es víctima del egoísmo y el desamor.

Lo lógico sería que la sociedad, empezando por la propia madre, por la familia de esta y por la autoridades responsables del bienestar ciudadano, buscaran paliar en lo posible el sufrimiento que deberá enfrentar el bebé fruto de la violación. No hay razón humana que haga comprensible que se quiera disminuir el sufrimiento de una mujer, violada y convertida en madre de modo violento, a base de matar a la otra víctima de la violación. Pero eso es precisamente lo que hizo nuestra SCJN con su amparo y con la orden dada a las autoridades de salud de cumplir con la obligación de apegarse a la NOM-046-SSA2-2005. La segunda víctima de la violación, el bebé, simplemente dejó de tener valor alguno. Ni siquiera se le reconoce el derecho fundamental a la vida. Para la SCJN únicamente existe -con una aberrante e injusta parcialidad- una víctima de la violación, la mujer violada. La biología y el sentido común no cuentan para nada a la hora en que nuestros magistrados, desde el tribunal más elevado de la Nación, dictaminan amparos y jurisprudencias en torno al aborto. Sólo el "derecho" de la mujer violada existe en la lista de derechos aceptados por la SCJN. Los bebés aún no nacidos ni siquiera tienen derecho a ser considerados víctimas, aunque los magistrados -y todo el mundo- estén conscientes de la violencia a la que esos bebés son sometidos dentro del vientre de sus madres.

Es hasta cierto modo entendible que una mujer víctima de violación, afectada por la onerosa carga emocional que tal crimen conlleva y que se ve aumentada por la emoción negativa que surge en ella al saberse madre involuntaria de un hijo no esperado, confunda sus criterios morales y reniegue del instinto natural a defender al bebé que está en su seno. Pero no hay forma alguna de entender que las personas que ocupan las sillas de la SCJN consideren que permitir -y hasta ordenar-la muerte del pequeño a manos de su madre es parte de su deber. Se supone que esas personas fueron elegidas para ocupar esa posición por haber demostrado una elevada preparación humana, un afinado uso de los criterios morales fundamentales, una excelente preparación académica y un sobresaliente historial como juristas certeros y justos. Es imposible entender cómo una persona que ocupa el cargo de magistrado de la SCJN emita un veredicto que ignora de modo tan grosero los derechos un niño para presumir de que con ello salvaguarda los de la madre de este. Ninguno de los magistrados puede alegar ignorancia de lo que la ciencia confirma cada vez con mayor certeza: que el fruto de la concepción en el seno de una mujer es ya, desde ese momento, un verdadero ser humano. Ninguno de ellos puede evadir la conclusión de ese dato científico: la criatura que aún vive en el seno de su madre es verdadero y genuino sujeto de derecho, tal como lo somos quienes ya vivimos sin dependencia fisiológica de nuestra madre. Ninguno de ellos, por ningún motivo, puede razonablemente reclamar para sí la facultad de cancelarle a ese ser humano la posibilidad de ejercer su derecho fundamental a vivir.

A menos, claro, que como sucede cada vez con mayor frecuencia aquí y en otras naciones, los magistrados de la SCJN hayan llegado a la curiosa conclusión de que precisamente gracias a los méritos que los llevaron a ocupar el puesto que ahora ocupan, se encuentran también en posición de asumir para sí prerrogativas exclusivas de Dios, único dueño de la vida.

 

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