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Decálogo para la Ley de Seguridad Interior

En diversos estudios sobre los problemas que más preocupan a los mexicanos se observa que la inseguridad se ha convertido en una de las principales inquietudes de los mexicanos.


México; Ley de Seguridad Interior, decálogo


El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, ha realizado mediciones que indican que el 71.4% de los ciudadanos considera que vivir en su ciudad de residencia es inseguro, tal y como se aprecia en la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana.

El clima de inseguridad afecta también a la economía, como lo revela la Encuesta de Victimización de Empresas generado por el propio INEGI con datos de 2015, donde se da cuenta que de 4.5 millones de unidades económicas establecidas en México, 1.6 millones fueron víctimas de un delito, es decir, el 35.5% de los negocios ha sido afectado por la delincuencia.

El tamaño de ese desafío exige nuevas estrategias y líneas de acción para enfrenar la inseguridad, más si se considera que en la más reciente evaluación del Foro Económico Mundial en materia de competitividad, de 138 países que fueron evaluados México ocupó el lugar 135 en razón de la presencia del crimen organizado y el número 130 en lo referente a la materia del costo del crimen y la violencia para los negocios. Esos factores son los que más obstaculizan el crecimiento de los negocios, de acuerdo al estudio referido.

En esta crisis de inseguridad, en los últimos años ha sido invaluable la tarea que han realizado las Fuerzas Armadas para frenar los intentos de los grupos criminales de extender sus zonas de influencia.

Se necesita una estrategia integral, un enfoque sistémico que incluya a jueces, a fiscales y a policías. En este contexto, un aspecto central de la estrategia de lucha contra la inseguridad será la nueva normativa para la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad.

Es preciso brindar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de la seguridad pública, así como los protocolos de entrada y salida cuando sea necesaria su intervención en estas tareas, a petición de los gobiernos estatales.

Desde la perspectiva de la COPARMEX, la estrategia para crear el nuevo instrumento jurídico que regule la participación del Ejército y de la Armada en las tareas de seguridad debe considerar cuando menos 10 puntos básicos:

1º. No se requiere una reforma constitucional. Sí es posible dar facultad expresa al Congreso de la Unión, en el artículo 73 de la Constitución Política, para emitir la Ley de Seguridad Interior.

2º Facultades. En el ámbito de las Facultades se tiene que analizar minuciosamente qué tipo de facultades de investigación tendrán las Fuerzas Armadas.

3º Temporalidad. En materia de temporalidad se debe tratar como un régimen de excepción, en el cual al emitirse la Declaratoria se prevea como requisito esencial el plazo de intervención, así como un expreso y claro régimen de transición para la salida de las Fuerzas Armadas al concluir la vigencia de la Declaratoria.

4º Régimen de excepción. Debe de preverse un régimen de excepción, es decir se debe de regular expresamente las causas por las cuales el Presidente podría emitir la Declaratoria, teniendo como requisito primordial la afectación de la seguridad pública de forma reiterada.

5º Legalidad de la Declaratoria. En lo que se refiere a la legalidad de esta Declaratoria, el Presidente de la República tendría que emitir la Declaratoria y ser el Senado quien apruebe con un plazo de inmediatez y la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisaría de oficio y también inmediatamente la legalidad de la misma, pronunciándose sobre la constitucionalidad y la validez de ella.

6º Fortalecimiento de policías locales. En materia de fortalecimiento de la policía local se requerirá un trabajo profundo y sistémico para robustecer a las fuerzas de seguridad pública en los estados y municipios. Impulsar política pública con métricas, presupuesto, capacitación, conformación de los mejores elementos policiales (con evaluaciones técnicas, psicométricas y exámenes de confianza).

7º Procuración e impartición de justicia. En materia de procuración e impartición de justicia es necesario abatir de manera efectiva la impunidad.

8º Participación. Referida la participación donde los sectores público, privado y social deben asegurar su participación coordinada, concurrente tanto en el diseño de la ley como de la política pública que derive la misma.

9º Prevención. En lo que hace a la prevención en todas sus aristas, debe ser siempre el eje de la política pública en materia de seguridad interior.

10º Derechos humanos. Tanto en el diseño legal como de la política pública y la propia intervención de las Fuerzas Armadas, deben de ser siempre en un aspecto que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y se observen siempre los principios de certeza, legalidad, proporcionalidad, racionalidad, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación. 

Con todo ello, con estos 10 principios hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que discuta y enriquezca la iniciativa en materia de seguridad pública que fue aprobada por el Senado; y por otra parte, ambas Cámaras, para que trabajen en el marco normativo de la actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia que nos permita abatir ya los altos índices de criminalidad.

Los ciudadanos y las empresas necesitamos recuperar la confianza para realizar nuestras actividades cotidianas, con la certeza de que nuestro patrimonio e integridad física están a salvo en todo momento.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com


 

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