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Agenda estratégica anticorrupción para fortalecer a México

Ante el contexto que vivimos desde días recientes por la preocupación derivada del resultado de la elección en Estados Unidos, más se hace necesario entender cuáles son las tareas que como país aún tenemos pendientes. Puntos que, independientemente de lo externo, nos ayudarán como país a ser más fuertes, tener mejores instituciones, más sólidas y que nos permitan al final del camino ser más competitivos en entornos globales complejos.



Sin duda que una de las tareas más relevantes que seguimos teniendo como pendientes, es consolidar un real y efectivo Sistema Nacional Anticorrupción.

El acompañamiento y participación real, activa y exigente de los ciudadanos en este proceso es lo único que nos permitirá salir de ese círculo vicioso de corrupción e impunidad que desafortunadamente ha prevalecido en nuestro país.

La fuerza del Sistema Nacional Anticorrupción estará en el Comité de Participación Ciudadana, el cual tendrá cinco integrantes que están hoy mismo en proceso de ser nombrados, con base en la convocatoria que lanzó hace días el Comité de Selección.

Este Comité de Participación Ciudadana será un factor clave para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, para vigilar su implementación exitosa. Es la instancia que va a vigilar que las instituciones del Sistema, realmente hagan su trabajo, que se castigue a los malos funcionarios que abusen de sus cargos y que dispongan ilegalmente de los recursos públicos.

En COPARMEX seguiremos muy de cerca en el Senado la selección del Fiscal Anticorrupción, de entre los 32 aspirantes registrados, proceso que debe concluir antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones del Congreso, es decir el 15 de diciembre.

Tenemos claro que a la par que se nombran a los funcionarios que tendrán posiciones clave en el Sistema Nacional Anticorrupción, habrá que cuidar la continuidad del proceso de federalización del mismo sistema.

Por ello, en alianza con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, realizaremos en los próximos días un Foro para perfilar el modelo de sistemas locales anticorrupción en cada una de las 32 entidades federativas.

La sociedad mexicana no tolerará más los abusos de  gobernadores, como lo hemos visto en los cambios recientes de administraciones estatales en Veracruz, en Sonora, en Chihuahua y en Quintana Roo, en los que se han documentado desvíos escandalosos de recursos públicos a través de esquemas muy parecidos, con empresas “fantasma” creadas de exprofeso para recibir pagos provenientes de los contratos del Gobierno estatal, en todos los casos sin actividad previa o posterior a la recepción de recursos que justifique dichos pagos.

Por otra parte, se ha observado un mayor endeudamiento en muchas entidades. El promedio de la deuda pública de las mismas respecto de sus Participaciones Federales creció de un 64.5% en 1994 a cerca del 84.0% en 2015, como sabemos las participaciones federales son recursos que el gobierno transfiere a las entidades federativas y a los municipios a través de los Ramos 28 y que no están destinados por ley a algún rubro específico.

Es urgente por lo tanto, fiscalizar esos recursos, dado que según lo reporta la Secretaria de Hacienda al cierre del tercer trimestre las Participaciones Federales que se entregan a las entidades federativas están en 8.6% por arriba de lo originalmente presupuestado, debido a que están vinculadas al incremento de los ingresos tributarios vía captación de  impuestos que hemos pagado los ciudadanos.

En COPARMEX Nacional respaldamos la exigencia de los ciudadanos para que se investiguen a fondo los desvíos de recursos públicos en los gobiernos estatales, y que se castigue ejemplarmente a los responsables.

Apenas son cinco los estados que han avanzado hoy en día  en sus reformas constitucionales para conformar un sistema local anticorrupción de verdad. Falta mucho por hacer.

Por ello, urge tener lista también la normatividad de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria en materia de deuda pública de las entidades y municipios, en la que se contemplan límites al exceso del endeudamiento de las entidades federativas y de un sistema de alertas y controles para prevenir estas conductas. 

Asimismo, que los estados y los municipios homologuen su contabilidad, para que puedan conocerse con certeza la situación financiera de cada entidad y de cada municipio.

En el sector empresarial nos pronunciamos porque se realicen rápidamente las adecuaciones al marco normativo y de operación financiera de los estados, así como del cumplimiento de los nuevos requisitos para contratar la deuda pública. Es urgente poner candados a la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos en las entidades.

Estamos convencidos de que cuando esté funcionando el Sistema Nacional Anticorrupción, va a haber más denuncias y podremos darles mejor seguimiento a través de los nuevos mecanismos de fiscalización.

Que otros problemas no nos distraigan de la agenda estratégica anticorrupción para fortalecer a México, es su tiempo y tenemos que llevar lo a cabo.

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