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Los humos del gobierno

La semana pasada la Ciudad de México se almorzó la peor contingencia ambiental de los últimos 15 años y, junto con los vapores fétidos de la contaminación, se elevaron los imecas del snobismo. Políticos y periodistas lincharon en tinta a los propietarios de los vehículos viejitos (beneficiados el año pasado por una sentencia de la SCJN, por medio de la cual las limitaciones al tránsito se deben realizar con base en cuánto contamina el vehículo y no a su antigüedad).


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Para poner un ejemplo: En el paroxismo de la desvergüenza, el reportero Ciro Gómez Leyva, quien (salvo prueba en contrario) no ha usado cotidianamente el transporte público en toda su vida adulta, le enjaretó el muertito de la contingencia al “individualista, egoísta conductor del centro del país”, porque, según parece, en Cirolandia, sólo quienes pueden escoger con qué vehículo del año y con qué chofer trasladarse, tienen derecho a usar las calles, los demás, que se joroben.

No, Ciro y similares, el problema del Distrito Federal no se resolverá instalando una versión draconiana del “Hoy No Circula”. ¿Por qué? De entrada, porque, como lo han comprobado multitud de estudios académicos, este programa simplemente no funciona y sus costos resultan mucho mayores a sus presuntos beneficios.

De acuerdo con un estudio titulado “The effect of transport policies on car use: Evidence from Latin American cities”, sólo resulta efectivo en el corto plazo (aproximadamente dos meses) y para el primer año de funcionamiento sus beneficios prácticamente han sido anulados, ya que todas las familias que pueden hacerlo adquieren un nuevo vehículo y acaban usándolo no sólo en el día de no circular, sino a lo largo de la semana. De hecho, los únicos verdaderos beneficiarios del “Hoy No circula” son los vendedores de automóviles y las mafias de los verificentros, que, tanto en el Distrito Federal, como en el resto del país, se han convertido cotidianamente en moneda de cambio de favores políticos.

Una primera alternativa sería, por supuesto, mejorar la calidad y el alcance del transporte público. Sin embargo, hasta la fecha, los autobuses urbanos del Distrito Federal y el Estado de México son famosos por su pésimo servicio y el Metro está saturado. Peor aún, cuando el gobierno de Marcelo Ebrard pretendió atender el tema durante el sexenio pasado, hizo gala de cleptocracia e ineptitud, convirtiendo la que sería su obra magna en un desastre cuyo costo para el contribuyente (es decir para todos, incluso para quienes no vivimos en el Distrito Federal) supera los $40,000 millones de pesos.

Sin embargo, ni siquiera un sistema coherente de transporte público, impulsado por personas de mucho más talento que Mancera y sus colegas de la burocracia megalopolitana, sería una solución de fondo. El hecho es que el Distrito Federal vive en una contingencia permanente, lo que pasa es que no suele ser tan obvia como la semana pasada, en que literalmente se respiraba el colapso.

El D.F. (perdón, la Ciudad de México) tiene graves problemas de saturación urbana, es una bomba de tiempo en temas de drenaje y agua potable, y eso sin ni siquiera entrar al tema del riesgo sísmico. Para una gran ciudad, normalmente la solución sería apostarlo todo a la construcción vertical (como sucede, por ejemplo, en Singapur, Manhattan o Hong Kong), pero en la capital mexicana cada nuevo edificio es un nuevo barril de explosivos que rellena el polvorín en espera del siguiente terremoto.

En realidad, la única solución con probabilidades reales de funcionar a largo plazo no consiste en remozar la infraestructura física, sino la institucional. El monstruo capitalino no es una creatura surgida de la nada, es la consecuencia directa e inevitable de la política centralista y estatista seguida por los gobiernos mexicanos desde el momento mismo de la independencia. El Estado mexicano, a pesar de constituir teóricamente una república federal, ha sido en la práctica un imperio centralizado, que, además, ha transgredido sistemáticamente los límites naturales de la acción gubernamental.

En lugar de limitarse a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad, el gobierno de México y sus sucesivos representantes, se han asumido como dueños de vidas y haciendas, soberanos primarios y absolutos de las propiedades y del trabajo de los súbditos a los que, sólo por graciosa cordialidad, les asignan el mote de ciudadanos. En un entorno como este, donde las leyes literalmente han definido la extinción o prosperidad de regiones enteras, es comprensible que todos busquen estar cerca de los hilos del poder, para influir en ellos.

Como explicó Frédéric Bastiat, en su libro La Ley, “si se introduce el fatal principio de que… la ley puede tomar de unos para darlos a otros… todas las clases pretenderán, y con razón, poner sus manos sobre la ley, demandando con furia su derecho a elegir y a ser electos, prefiriendo incluso derrocar a la sociedad antes que no obtenerlos.” Esta es la razón que explica que cerca de 30 millones de personas elijan habitar en la zona metropolitana de la ciudad de México, a pesar de su pésima calidad de vida: porque ahí están sus empleos en el gobierno, o en las empresas que, para sobrevivir y competir, necesitan tener sus oficinas centrales en la gloriosa capital.

Por supuesto, hay quien dice vivir en la CDMX por gusto, y si todos los que viven a fuerzas pudieran emigrar a otros lugares, quizá incluso podríamos creerles a los primeros. Mientras tanto el orgullo chilango está conformado por tres partes de resignación y dos de masoquismo. La solución es sencilla (aunque muy difícil de aceptar): la única forma de salvar a la ciudad de México de una inevitable catástrofe consiste en limitar la acción del gobierno a su ámbito natural y desmontar la gigantesca maquinaria burocrática que al mismo tiempo expande y ahoga a la capital.

Necesitamos, por lo menos, un federalismo de a de veras, donde la mayor parte del poder se reparta en los municipios y en los estados; necesitamos eliminar todas las leyes que interfieren innecesariamente con la vida de las personas y de las empresas; necesitamos, por inicio de cuentas, que las Secretarías de Estado y las oficinas centrales de las empresas paraestatales, salgan de la CDMX y se repartan a lo largo del país.

Para decirlo claro, la contaminación que verdaderamente está matando a la Ciudad de México no es la de los vochos modelo 94, sino la de los humos del gobierno, que ahogan en burocracia a los individuos sometidos al arbitrio de la República y que, francamente, ya apestan.

Por cierto…

Felices vacaciones.

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* Las opiniones expresadas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen necesariamente la posición oficial de yoinfluyo.com


 

 

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