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La Justicia empieza por los jueces

El pasado 12 de julio una pareja acudió a la sucursal bancaria ubicada en Centro Max (en la ciudad de León, Guanajuato) para retirar cien mil pesos. Momentos después de que salieron del banco, un grupo de asaltantes los amenazó y despojó de su dinero. La policía actuó rápidamente y logró detenerlos. Días después estaban en libertad.


Todos contra la corrupción


Lo mismo sucedió con uno de los asaltantes que atracaron una sucursal de HSBC, logrando un botín de 1.2 millones de pesos. También fue detenido y a los pocos días estaba de nuevo en la calle, cortesía, en ambos casos, del juez Jesús Luna Hernández, quien ahora enfrenta una nueva acusación en el Consejo del Poder Judicial, para sumarse a sus 8 sanciones previas, según lo reportó el lunes 8 de diciembre el portal Zona Franca.

Este no es ni siquiera el primer escándalo judicial que hemos atestiguado en lo que va del año. Ese mismo lunes, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió e inició una investigación contra el juez de distrito Alfonso Javier Flores Padilla, a causa de enriquecimiento inexplicable.

En mayo, la prensa nacional dio a conocer las grabaciones de una red de corrupción en la que estaban relacionados el magistrado Eduardo Ochoa Torres y el abogado Francisco Salazar, representante de Juan José Rojas Cardona, mejor conocido como “el zar de los casinos”.

Y, a principios del 2014, trascendió que una investigación de la DEA obligó al propio CJF a tomar acciones contra el juez Luis Armando Jerezano Treviño, a quien se le descubrieron fondos millonarios. Casi al mismo tiempo se dio a conocer que José Alejandro Luna Ramos, Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, había colocado a 11 de sus parientes en altos cargos de la estructura judicial.

Finalmente, de regreso al estado de Guanajuato, Juan Solórzano Zavala, magistrado de circuito, fue suspendido a mediados de agosto, como resultado de una denuncia por acoso sexual.

Estas son tan sólo algunas de las joyitas que ilustran el grotesco escenario de corrupción, mala fe o franca incompetencia en que se encuentra sumido el Poder Judicial, tanto en los estados, como el de la Federación. No se trata de algunas manzanas podridas que hacen ver mal a las demás, sino de colapso generalizado cuya primera y peor consecuencia es la impunidad.

Por eso, resulta tan curioso como preocupante que el análisis y la denuncia acerca de lo que sucede en el ámbito judicial esté casi ausente en el debate nacional que desató la masacre de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y que ha puesto en tela de juicio incluso al propio Presidente Peña Nieto.

La izquierda y el PRI intercambian acusaciones. Los rojos acusan a Peña de indolencia, incompetencia y corrupción. Los tricolores responden recordándole a los manifestantes que, tanto el alcalde de Iguala como el ahora ex Gobernador de Guerrero, fueron impulsados por el PRD y forman parte del círculo político de López Obrador. El resto de la opinión pública compra esta disyuntiva y se siente obligada a tomar partido.

Amigo lector, lo invito a dejar de lado, por un instante, las filias y fobias políticas, para preguntarse ¿Por qué asesinaron a los normalistas? La respuesta no requiere de complejos análisis. Es simple: los mataron porque pensaban que no habría consecuencias, que sería una más de tantas fosas que ya habían cavado. Que eran impunes.

La impunidad es el verdadero problema y las recetas que todos los partidos proponen para combatirla enredan más de lo que resuelven.

El PVEM cacarea sus 140 años de condena a los secuestradores, pero eso no sirve de nada si éstos salen libres por una chicana legaloide. Daría lo mismo que la pena fuera de 1,400 años: si no se aplica sólo es burla. Por cierto, lo mismo vale para el endurecimiento de penas en los casos de “feminicidio”, si sólo se quedan en el papel son contraproducentes.

El Presidente propone 10 medidas que van de lo irrelevante a lo peligroso, en especial con el tema de las policías únicas estatales, que es un paso más en la destrucción del sistema federal. El siguiente será el mando único nacional y después la dictadu…

Finalmente, el Partido Acción Nacional propone un “Sistema Nacional Anticorrupción” burocrático hasta en el nombre. Básicamente “pan con lo mismo”, empezando por el “Consejo Nacional para la Ética Pública”, que me recuerda aquella frase de Napoleón: “si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité”.

En todos los casos, se trata de cambios meramente cosméticos, que no resuelven el problema de fondo. Mientras tanto, la impunidad alcanza niveles de miedo. De acuerdo a las estadísticas estatales publicadas por el periódico A.M. el pasado 30 de noviembre, sólo un 3.2% de los delitos denunciados terminan en sentencia condenatoria. Un 96.8% queda SIN CASTIGO.

Si esto ocurre en Guanajuato, que es todavía uno de los estados con mayor certeza jurídica, da pánico pensar cómo estarán las cosas en Guerrero, en Michoacán o en Tamaulipas.

Y es que, como lo comentábamos hace unos meses, pareciera que para la comunidad jurídica de México sólo existe el “Dios proceso”, creador de toda justicia; el “Legislador” es su profeta, “La Corte” su divina voz, “la jurisprudencia” su inmaculada providencia y “la Ley” el texto sagrado del cual depende hasta la vida misma.

Está claro que esa recetita no funciona. Necesitamos algo nuevo.

¿Soluciones?

De entrada, tres; una es relativamente sencilla, la segunda es más difícil y la otra es muy compleja, pero indispensable:

1) El pretexto de los jueces para dejar libre a cuanto malandrín les ponen enfrente es que hubo fallas en el arresto o en la integración de la averiguación previa. Esto se soluciona capacitando mejor a policías y ministerios públicos, contratando más en donde sean necesarios y reduciendo los requisitos burocráticos que deben cumplir en los documentos que redacten.

2) El positivismo que ha dominado la impartición de justicia en México está condenado a fracasar, por el simple hecho de que es imposible que la ley considere todas las circunstancias en que se puede cometer un delito. Al intentarlo, los diputados convirtieron las leyes en una inmensa mole de queso suizo, que aplasta a los pobres, pero ofrece multitud de agujeros –chicanas– para quienes pueden pagar un “buen” abogado. Así que necesitamos reducir y simplificar la legislación. Regla general: Si el código parece ladrillo, es demasiado largo.

3) Es indispensable romper la cultura de casta en el Poder Judicial. Actualmente, si usted quiere ser juez, tiene que pasar años como asistente y como proyectista antes de aspirar a los puestos importantes. El resultado es que los jueces forman mafias muy cerradas que intercambian favores, ocultan el verdadero alcance de la corrupción y privilegian las decisiones de grupo por encima incluso de la eficiencia jurídica.

El Poder Judicial es la viva muestra del concepto del Servicio Civil de Carrera, basado en el mito de que el trabajo burocrático es demasiado difícil para la mayoría de los mortales. El hecho es que la gran mayoría de los puestos de gobierno son muy similares al trabajo de oficina en la iniciativa privada (y muchos de los más “complicados” lo son por reglamentaciones innecesarias) y no requieren más entrenamiento del que necesitaría un empleado promedio para moverse a un nuevo puesto en cualquier empresa.

¿Cómo romper el ostión? Una primera idea podría ser que, de inicio, los jueces menores e incluso los de partido sean electos democráticamente para periodos de 5 años –por decir un número. Que se establezcan jurados ciudadanos. Que los exámenes de oposición y los procesos de elección de los magistrados estatales y federales estén fuera del control de la Judicatura y sean plenamente abiertos a toda la sociedad, para que cualquier persona, sin importar su preparación académica, pueda aspirar a ellos.

Pero, me responderá usted, estimado lector: ¿Qué pasará si los nuevos jueces no conocen las leyes y no están preparados en las teorías jurídicas? De entrada, considerando que la estructura actual tiene una efectividad del 3%, todo es ganancia y, colando las minucias legaloides, cualquier persona con sentido común puede dictar sentencias.

En pocas palabras, si hacemos que las leyes sean más simples y le quitamos el misticismo a la impartición de justicia, eliminaremos el manto de obscura impunidad que absorbe al Poder Judicial y envalentona a los delincuentes a extremos trágicos, como la masacre de Iguala.

Más allá de banderas políticas, más allá de Peña o el Peje, el hecho es que, para que las personas tengan un futuro mejor, necesitan la tranquilidad de que su vida, su libertad y su propiedad están protegidas por el gobierno, que para eso está. Eso es justicia y la justicia empieza por los jueces.

Por cierto…

La caída en el precio del petróleo no tiene para cuándo acabar y podría cambiar las reglas del juego presupuestal –y político– rumbo a las elecciones del 2015. Que nadie cante victoria, todo puede pasar.

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