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Reforma Educativa, primer fracaso de lucha anticorrupción

La primera reforma constitucional que se dio en este sexenio, como consecuencia del Pacto por México, para combatir la corrupción sindical, fue precisamente en materia educativa, misma que fue seguida por los cambios en la Ley Federal de Educación. No es una reforma completa, mucho menos integral y comprehensiva de los numerosos y variados tópicos que debieran incluir los cambios que merezcan tal calificativo.


Reforma educativa


Las nuevas normas hicieron hincapié en aspectos elementales: que los maestros impartieran las clases que se les pagan, que aquéllos que no asisten a las aulas por tener comisiones sindicales u otras tareas dejen de percibir sus sueldos como maestros; que las plazas y las promociones se otorguen mediante concursos y actualizaciones de los docentes, en su caso, debidamente certificados; y que la administración escolar no esté en manos del sindicato, sino de las autoridades educativas.

La corrupción, a la larga, es causa de ingobernabilidad

La corrupción en materia sindical, creciente e impune durante numerosos lustros, ha convertido al sindicato de maestros, SNTE, especialmente en sus porciones extremistas como la CNTE, o la CETEG de Guerrero, en grupos de presión que obtienen no sólo su paga sin trabajar, sino incontables privilegios al margen de la ley por medio de presiones y chantajes, como lo ha probado la Asociación Civil Mexicanos Primero, con datos que han sido avalados por otras organizaciones serias de la sociedad civil.

El desorden ha llegado a tal grado, que los estados de Oaxaca y Guerrero padecen de una ingobernabilidad notoria, causada, en buena medida, precisamente por los maestros rebeldes que protestan por muchas otras razones, pero cuyo objetivo, en la práctica, es no permitir que la reforma educativa se aplique.

El costo de la corrupción del sindicato de docentes es impagable para el país

En el fondo, la rebelión de los maestros en contra de la llamada reforma educativa, es un problema de corrupción generado por algunas instancias de los tres Órdenes de Gobierno –ya sea por incapacidad, como es el caso de Gabino Cue en Oaxaca, o por complicidad–, a los cuales ha resultado interesante tratar de manipular y controlar a los maestros, como grupo de presión política, para sus propios fines.

El gobierno tiene una propensión a la simulación para engañar a la ciudadanía y quizás para que sus miembros asuman una tranquilidad ficticia. En ese contexto se explica la aparatosa detención y encarcelamiento de la maestra Elba Esther Gordillo, sin duda una muestra de la corrupción rayana en el cinismo, pero no es exagerado afirmar que esa reacción del gobierno no ha mejorado un ápice la transparencia y la rendición de cuentas del sindicato. El problema es que esta corrupción lesiona gravemente a los niños que carecen de una educación de calidad y, desde luego, de una formación ética y cívica que numerosos maestros son incapaces de proporcionar.

¿Qué debemos hacer?

Necesitamos aprovechar la circunstancia de la posible implantación del nuevo Sistema Anticorrupción que se encuentra actualmente en vías de aprobación en el Congreso, influyendo para que sea una realidad vigente.

Su aprobación puede ser la coyuntura favorable que nos permita tener un cambio trascendente en las relaciones políticas y sociales en México. Como en los demás casos de las reformas constitucionales y legales, necesitamos exigir de manera organizada, sistemática y eficaz, que sean aplicadas para obtener los resultados deseables, tal como debe suceder en un régimen democrático con Estado de Derecho: La ley se debe aplicar para todos, independientemente de su condición política, económica o social; y además, quienes la violen deben ser sancionados, sin excepción.

Lo anterior es una condición indispensable para retomar el proceso de la transición que deseamos, hasta que logremos conformar un nuevo sistema político, que deje atrás los vicios del que actualmente padecemos.

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