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Cálculo político por encima de la responsabilidad educativa

Conocimos -días antes del 7 de junio- que se suspendería la evaluación docente de manera indefinida; escuchamos al día siguiente de tal Elección que sí habría evaluación y que las razones que habían motivado su aplazamiento se fundaban una causa técnica y una de carácter político (la prudencia gubernamental para no afectar los comicios se dijo; en opinión de los expertos para evitar el vandalismo de la CNTE, y obtener el apoyo de los maestros del SNTE que estaban indecisos de votar a favor de los candidatos oficiales).


Reforma Educativa


El Gobierno Federal se mostró jubiloso por haber logrado sus objetivos.

Cabe señalar que la sociedad en su conjunto presionó objetando la legalidad de la medida, incluyendo al INEE porque se invadió la esfera de sus responsabilidades, el cuestionamiento por la dilación obligo a rápidamente  corregir a la Autoridad Federal, incluso fue obtenido un amparo que le obligaba jurídicamente a echar marcha atrás en su decisión.

El Secretario de Educación ha sentenciado “Llueva o truene habrá evaluación… quien piense lo contrario ofende al Presidente, quien ya había dicho: 'no más plazas espurias, no más plazas vendidas, no más plazas heredadas, sino plazas que pasen por un concurso profesional…' ”.

También le habíamos escuchado al Secretario de Educación -ante las protestas de los maestros inconformes por la Reforma Educativa- que quien no trabaje que no cobre… Pero cobraron, la SEP expidió los cheques y los gobiernos afectados pagaron. 

El titular de la SEP ha enfatizado que los responsables de entregar el reporte de los maestros faltistas y la petición de cesarlos son los gobernadores (Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca), por ser sus patrones sustitutos, ya que por la federalización educativa, la SEP no tiene supervisores y personal que le dé seguimiento a la asistencia de los docentes. También ha manifestado respecto a la posibilidad de intervenir en una entidad federativa: “lo haré cuando me faculte (la) ley, norma, lineamiento o un nuevo acuerdo”. 

La solución como dicen varios especialistas es reformular el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) del 19 de mayo de 1992; pero para modificar las reglas se requiere el consenso de los gobernadores, lo que a todas luces se ve bastante difícil bajo la premisa federalista que concede autonomía a los estados.

En el caso particular de Oaxaca hay quienes afirman que detrás de la sección 22 del CNTE se encuentran dos ex-gobernadores priistas, José Murat y Ulises Ruiz  ¿Se buscará aplicar la misma receta que Guerrero, esperar que escale el conflicto para que en el siguiente proceso electoral el Partido del Presidente recupere la gubernatura de esa entidad?

Como siempre, ha prevalecido el cálculo político sobre los derechos educativos de nuestros niños y jóvenes.

¿Y las acciones de carácter? ¿Por qué no asumen su responsabilidad el Secretario de Educación y los gobernadores de manera conjunta? Es necesario que se dé plena autonomía a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que deje de ser una dependencia desconcentrada de la SEP, que pase a ser un organismo descentralizado, para que no vuelva a ocurrir que, por cálculo político se quieran aplazar o eliminar las evaluaciones.

@yoinfluyo

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* Las opiniones expresadas en esta columna, son de exclusiva responsabilidad del autor y no constituyen de manera alguna la posición oficial de yoinfluyo.com


 

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